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Comunicado

Los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia a la opinión pública:

Miércoles 8 de febrero de 2012

El fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012, que confirmó la sentencia de 30 años de prisión para el ex–coronel Plazas Vega por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, aunque es histórico y fundamental en la lucha contra la impunidad, no deja de ser un motivo de preocupación para los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. El no reconocimiento de la calidad de desaparecidos de David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao es desconcertante y los ubica en una situación indefinida, que puede convertirse en un factor de impunidad; La exigencia de continuar la investigación en la Fiscalía General debe estar unida a la eficacia y celeridad en resultados que den respuesta a la búsqueda de casi 27 años de nuestros desaparecidos.

Exigimos que por fin la condena al ex–coronel Plazas Vega se cumpla en sitio adecuado de reclusión por la gravedad de los crímenes cometidos, no es aceptable que se siga burlando a la Justicia.

La exhortación a la Corte Penal Internacional para que estudie la responsabilidad del ex–presidente Belisario Betancur en las desapariciones, es trascendental para el logro de la verdad y la justicia. Su negativa al dialogo, a atender el insistente llamado al cese al fuego del Presidente de la Corte Suprema Dr. Reyes Echandía, su incapacidad para evitar la tragedia y la masacre de la justicia y la grave consecuencia de la desaparición de 12 personas, lo compromete con todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares. Tal responsabilidad nunca se ha juzgado ni se hará en el país ante la total inoperancia de la Comisión de Acusaciones. Betancur tiene mucho que explicarle al país y una grave responsabilidad no asumida realmente.

Manifestamos nuestro rechazo e indignación por las declaraciones del presidente Santos, son una intromisión en el fallo emitido por el Tribunal y afectan la independencia judicial y la separación de los poderes públicos. Pedir perdón al ex–presidente Betancur y al ejército, a nombre de la sociedad, ofende la dignidad de las víctimas, a la sociedad que reclama verdad, legitima el crimen de Estado y convierte a los victimarios en víctimas. No es admisible pedir perdón a quienes desde el poder civil y militar, teniendo la responsabilidad de proteger la vida e integridad de las personas, alteraron la escena del crimen, torturaron, desparecieron, asesinaron, incendiaron y ocultan la verdad. Estos pronunciamientos insensatos ponen en riesgo a los administradores de justicia, a nuestros representantes y a nosotros los familiares de los desaparecidos.

A los ex–coroneles Plazas Vega y Sánchez Rubiano y a los ex–generales Arias Cabrales e Iván Ramírez, no se les ha juzgado por su participación en el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, aunque allí también cometieron numerosos delitos, sino por la DESPARICIÓN FORZADA de 12 personas, 11 de ellas ajenas al conflicto y una miembro del grupo guerrillero. Quiere el presidente Santos confundir al país con la versión más simplista de la tragedia: los terroristas en el poder y los héroes en la cárcel, no hubo actos de heroísmo sino un crimen de lesa humanidad y un acto de barbarie que se cometió y se seguirá cometiendo hasta que la pregunta ¿DÓNDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA?, obtenga por fin respuesta.

Ante la presente y delicada situación hacemos un llamado a la comunidad de naciones, a la solidaridad internacional, a los grupos y movimientos de defensa de los Derechos Humanos para que se mantengan vigilantes del desarrollo del caso y que requieran al Estado:

1. Garantías para la independencia judicial y el cumplimiento de la Sentencia. 2. Del presidente la rectificación pública de sus aseveraciones y el cese de proyectos de ley, de reforma constitucional o de mecanismos como la reforma a la justicia para asegurar la impunidad con el Fuero Militar. 3. Adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida e integridad de operadores judiciales, nuestras familias y nuestros representantes legales.

Atentamente,

Familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

Bogotá D.C., 07 de febrero de 2012

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