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¿Qué o a quiénes defendemos?

Claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

Miércoles 18 de mayo de 2005 (Fecha de redacción anterior: 17 de mayo de 2005).

En momentos de gran confusión, como los que por desgracia vive hoy nuestra Universidad, el lenguaje se muestra con una claridad deslumbrante, como un arma que se puede utilizar para atacar, confundir, aclarar, enseñar y en fin, hasta el mutismo deliberado, puede convertirse en el más elocuente de los discursos.

Aparentemente todos compartimos el mismo objetivo: defender la Universidad. Nos diferenciamos en los métodos y sobre todo, en lo más importante: ¿cuál es la Universidad que estamos defendiendo?

Para nosotros la Universidad defendible, por la que vale la pena trabajar y hacer esfuerzos, es aquella en la cual los argumentos racionales, expuestos con transparencia, claridad y entereza son su razón de ser. Una Universidad plural donde a nadie se le silencie con el manido argumento de que se está conmigo o contra mí; una Universidad que tiene que asumir que no es blanca ni negra, sino llena de matices y precisamente, esa es una de sus grandes fortalezas. De otra parte, cuando en calidad de abogados y profesores de derecho, hablamos de la defensa y asumimos la de los estudiantes, no estamos haciendo apología de los hechos que se les imputan, sino tratando de vivificar las ideas liberales y democráticas de las garantías judiciales que tiene cualquier persona que se ve involucrada en un proceso penal, en una sociedad civilizada.

El CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVESIDAD DE ANTIOQUIA, como ha sido su práctica, quiere seguir utilizando la palabra para aclarar, orientar y enseñar. Como no tiene la pretensión de ser infalible ni desconoce sus falencias en el manejo de la lengua, admite que puede dar lugar a equívocos y en ese caso no tiene dificultades para hacer las rectificaciones y correcciones que la honestidad intelectual y académica demanda. Pero cuando nuestra palabra es deliberadamente tomada fuera de contexto, cuando la ignorancia ajena se utiliza como argumento para descalificar nuestra postura y actividades como ciudadanos, abogados y docentes y cuando se quiere, utilizando una retórica retorcida, colocarlo al lado de aquellas causas que no puede compartir, no duda en insistir en sus puntos de vista y reclamar enérgicamente por los agravios que se le hagan.

El pasado 6 de mayo, el CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD, emitió un comunicado en el cual anunciaba públicamente su propósito de asumir la defensa de los estudiantes de la Universidad que habían sido capturados, por orden de la Fiscalía, esa misma semana. Solicitaba un pronunciamiento expreso de las autoridades de la Universidad sobre esos hechos, le pedía que concentrara en una sola persona las informaciones públicas sobre los mismos y consideraba que esas capturas y el inevitable proceso penal que con ellas se iniciaba, eran un problema para la Universidad.

El Claustro hizo estas consideraciones y esas peticiones porque está convencido, como hoy, que los derechos fundamentales, como el debido proceso y todos los que de él se desprenden, no sólo constituyen derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales suscritos por Colombia, sino que dado el carácter de pública de nuestra Universidad, su defensa constituye un deber político, ético y jurídico.

El día sábado, 14 de mayo del presente año, el periódico EL MUNDO de esta ciudad, en su nota editorial, descalifica, en términos desobligantes, injuriosos y mediante argumentaciones reñidas con la lógica y desconocedores de la legalidad que dice defender, el comunicado nuestro del 6 de mayo.

Nos extraña que el editorialista se sorprenda por términos incluidos en nuestra legislación penal como “persecución penal”; entendemos que para quien no es abogado le resulte imposible explicar una expresión de nuestro código de procedimiento penal, pero nosotros, que explicamos la ley, no tenemos las dificultades que se imagina el editorialista venido a máxima autoridad moral y académica. Bastaba que hubiese consultado a reputados doctrinantes del derecho procesal penal o reparara en los artículos 28 y 157 de la Ley 906 de 2004, para darse cuenta de que no estamos empleando expresiones exóticas, peyorativas o apelando a instituciones desconocidas.

Revela una idea muy pobre y distorsionada del debido proceso, cuando éste se confunde con la presencia de la Personería realizando una gestión humanitaria; o cuando se dan por probados los hechos a partir de una declaración de prensa del Comandante de la Policía, olvidando que la plena prueba es el convencimiento que adquiere el juez competente, una vez las pruebas han sido legalmente allegadas al proceso, contradichas, criticadas y evaluadas racionalmente. ¿Si la declaración de un funcionario fuera plena prueba de algo, para qué entonces, se adelantarían los procesos judiciales? Sí los hechos se prueban mediante ruedas de prensa, los jueces también sobrarían.

Naturalmente que esa pobre visión del debido proceso, nos explica que a pesar de que se afirme que “Por supuesto que la presunción de inocencia y el debido proceso son derechos de los detenidos...” termine afirmando que la posición del Claustro “En síntesis, es un llamado al silencio cómplice con los terroristas, ni más ni menos”. Es decir, que contra sus dichos, lo que presume el editorialista, es la culpabilidad.

No quiere el Claustro entrar en más polémicas con el mencionado Editorial, pues ya ha hecho uso de su derecho constitucional a la rectificación ante tal medio, porque consideramos qué, aparte de separarse de la verdad para construir un argumento eficientista, de interpretar nuestras afirmaciones de manera sesgada y de mala fe, y de poner en tela de juicio nuestro trabajo y buen nombre como “defensores de oficio” de una “minoría violenta”, ha puesto en riesgo nuestra seguridad y nuestras vidas, a tal punto que el editorial fue publicado en la Universidad bajo el amparo de uno de los grupos armados que actúan en el país. Queremos dirigirnos nuevamente a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general, para reafirma r nuestros puntos de vista y seguir con la tarea pedagógica que es nuestra razón de ser como docentes.

Hemos pretendido que el debido proceso tenga su plena vigencia, no sólo porque así está consagrado en nuestra Constitución, sino porque es un valor que hoy en día hace parte del patrimonio cultural de la humanidad. El derecho a la defensa, un pilar fundamental del debido proceso, no es un artificio para encubrir delincuentes, ni ejercerlo como lo consagra la Constitución, hace a nadie cómplice de los criminales, porque opera, precisamente, antes de que se produzca la declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia (otro ingrediente inseparable del debido proceso) no es tampoco una arma de los delincuentes sino un derecho de toda persona, que debe ser considerada inocente antes de que el juez competente declare lo contrario. O cuando menos, eso es lo que dice nuestra Constitución.

Bastaría haber leído nuestro comunicado, con una elemental dosis de desprevención para darse cuenta que no hemos justificado, ni justificamos ni justificaremos actos violentos: “El Claustro..., reitera su convicción de que no existe razón alguna que justifique el daño deliberadamente infringido a las personas y a los bienes de la Universidad”.

Nuestro reconocimiento de la legitimidad del Estado “para investigar y determinar la responsabilidad de las personas por los actos que implicaren daños injustificados a los bienes y valores definidos democráticamente por una sociedad” es suficientemente claro para quien quiera leer sin anteojeras distorsionadoras; pedirle a la administración de la Universidad : “Que por lo pronto imparta instrucciones a sus representantes[1][1] para que, en un mínimo ejercicio de prudencia, se abstengan de hacer señalamientos, afirmaciones o imputaciones que, en este caso y por la confusión persistente sobre los hechos y sus posibles autores, sólo corresponde hacerlas a la Fiscalía General de la Nación”, no es ni una amenaza ni una mordaza a los posibles testigos: es simplemente un llamamiento a que los procesos penales se hagan en sus espacios naturales, los estrados judiciales, y no mediante declaraciones públicas o espectáculos mediáticos.

Y son precisamente unas capturas hechas como espectáculos públicos y como medios de amedrantamiento a familiares y amigos, con lo que no comulgamos. Nos sentimos acompañados de nuestros Maestros y de los más grandes cultores del derecho penal, cuando reclamamos una justicia que sea ante todo discreta, sosegada y prudente. Estamos convencidos que la justicia de un país se debilita cuando se le convierte en un instrumento más de entretenimiento en los medios de comunicación.

Al CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD, pertenecen todos los profesores de esta dependencia. Su lista la pueden obtener con las autoridades universitarias. Los comunicados que se han acordado, lo han sido por unanimidad y la reunión en que se acordó el presente, tuvo la asistencia de representantes de la Asociación de Profesores y de los profesores que nos representan ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. Nuestras decisiones no han tenido el más mínimo cuestionamiento por quienes legítimamente lo pueden hacer: los profesores de la Facultad, pues han sido acordadas en discusiones amplias y abiertas. Pero p arece que cuando los argumentos no se quieren debatir racionalmente, se acude al fácil expediente de imputárselos a dos o tres personas, para descalificarlos numéricamente. Pero en este caso, este recurso no puede funcionar, como estamos dispuestos a ratificarlo todos los que hemos estado presentes y hemos participado en la discusión y elaboración de estos comunicados.

Medellín, mayo 17 de 2005

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