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ENTRE 43 Y 41 AÑOS FUERON CONDENADOS UN OFICIAL, UN SUBOFICIAL Y CINCO SOLDADOS PROFESIONALES, POR LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DOS JOVENES EN MANIZALES

“La mancilla a la verdad es rampante”

Jueves 19 de abril de 2012

Álzate Vélez determino la responsabilidad en la Ejecución Extrajudicial de los dos jóvenes, aclarando que “los procesados, aquí seguramente determinados por sus superiores ejecutaron esta masacre”, e incita a que la “fiscalía dilucide completamente este crimen”. Es necesario que se conozca la verdad y se condenen todo los responsables, por ello, las investigaciones deben continuar para esclarecer el papel del Coronel Emiro Barrios Comandante de la VIII Brigada, Mayor Josue Yobanny Linares Hernández y el Teniente Julio Cesar Álvarez Pedrero también orgánicos de la Octava Brigada en este crimen contra la humanidad.

En la Sentencia el juez establece entre otras situaciones “la falsedad que emerge, pues se pretende encubrir un crimen y obtener réditos”, evidenciando el papel que realizaba un militar en las labores de reclutamiento y promesas económicas a personas de escasos recursos en zonas marginadas; “las armas encontradas no tienen capacidad de fuego”, una vez más se muestra la adulteración que los responsables de misión hicieron de los documentos que bajo el macabro nombre de legalización utiliza el Ejército al presentar una baja. Además, expresa el Juez: “Fueron seleccionados para ser ejecutados,(…) lo que allí aconteció no fue un combate sino una masacre, (…)existieron tiros de gracia y el ataque fue a mansalva”.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2008, los jóvenes DARVEY MOSQUERA CASTILLO, ALEX HERNANDO RAMÍREZ HURTADO y JOSÉ DIDIER MARÍN CAMACHO salieron de Palmira con destino a Pereira, con la promesa de un trabajo cuyo contacto era el soldado Alonso Iván Palacios, en una operación coordinada por el mayor Josue Yobanny Linares Hernández de la Octava Brigada del Ejército. Al llegar a la capital de Risaralda los esperaba “El Paisa” quien les dio las últimas instrucciones del “trabajo secreto” que debían cumplir y les indicó que a la media noche un taxi pasaría al hotel a recogerlos y así fue. Unos minutos después de salir de la ciudad, el vehículo se internó en un oscuro paraje donde fueron interceptados por hombres vestidos con prendas del Ejército que los hicieron descender del automóvil y les dispararon. Uno de ellos logró escapar gracias a una falla en el arma que le apuntaba a la cabeza.

Con preocupación, cabe reiterar, como las Ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en la práctica sistemática de esa unidad militar del Ejército colombiano desde hace años. Y cómo, ante la lucha de las familias de las dos víctimas por esclarecer la verdad, han recibido amenazas frecuentes a su vida e integridad, al igual que algunos funcionarios públicos por cumplir su labor. Esta Sentencia es un aliciente para la sociedad en general en medio de este clima desalentador de impunidad.

Esperamos que el nuevo Fiscal General, atienda el clamor de las victimas también expresado por el juez y se lleve a juicio la cadena de mando que ordeno, encubrió y felicito a quienes materialmente realizaron estos crímenes, como también, la responsabilidad del hoy aspirante a General Emiro José Barrios debe ser determinada, la sociedad colombiana no puede aceptar que oficiales que conocieron y avalaron esta criminal practica sean quienes lleguen a los más altos niveles de las Fuerzas Militares.

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