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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

LA CALLE, OTRO LUGAR DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Viernes 6 de julio de 2012

LA CALLE, OTRO LUGAR DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Red nacional de mujeres Por: Gloria Tobón Olarte

Los hechos de violación sexual y tortura perpetrados contra ROSA ELVIRA CELY el 23 de mayo que le ocasionaron la muerte en Bogotá, han conmocionado a sectores de la sociedad de la capital y del país. Este hecho que no es el único, ya que situaciones similares suceden en la geografía nacional afectando las vidas de mujeres, puso en evidencia la inseguridad en las ciudades. Aunque uno de los lugares más inseguros para las mujeres, es su propia casa, preocupa el incremento de casos de violencia sexual y asesinatos por fuera de ésta. Esto significa que la violencia contra las mujeres es un continuo de la violencia machista “de la casa a la calle” incluyendo las violencias causadas por actores armados en zonas de conflicto armado.

El informe de la Mesa por la Implementación de la Ley 1257, nombrado “Ley, letra muerta y vida de las mujeres”, soportados en informe de Medicina Legal, señala que en el año 2010 de las 1444 mujeres asesinadas, 312 (21.61%) eran amas de casa, 140 (9,7%) eran estudiantes, 88 (6%) eran comerciantes, 73 (5%) eran personal doméstico, 34 (2.3%) eran trabajadoras sexuales y de 396 (27%) no se tiene información sobre su ocupación. El mismo informe señala que de las cifras conocidas en el año 2011, 1215 mujeres fueron registradas como asesinadas, correspondiente al 8.3% de los homicidios en general. Además, 17.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, un 83.79% de los casos en total, y 59.952 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica, un total del 78% de los casos en general.

Durante el transcurso de este año se han conocido casos que además de asesinatos, presentan hechos de violencia sexual y crueldad contra las mujeres víctimas. Una muestra son los casos de la niña Carolina de la Cruz Acosta, de cuatro años violada y degollada en Barranquilla (10 de mayo); Lady Amaranto, de 19 años violada por tres hombres y asesinada en Santa Marta (19 de marzo); Diana Amparo Muñoz Toro, de 32 años, en el municipio de Supía, asesinada por su esposo en febrero y 4 crímenes más en el mismo municipio por razones de género. Estos y otros casos, aún siguen en la impunidad.

Para enfrentar esta violencia contra las mujeres, el Estado cuenta desde el año 2008 con la Ley 1257 de no violencia contra las mujeres, norma que fue el resultado de la incidencia de las organizaciones de mujeres para exigir al Estado asumir la violencia hacia las mujeres como un problema de derechos humanos. La Ley establece obligaciones estatales respecto a la protección, prevención y sensibilización para la satisfacción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En ese sentido, las autoridades en ámbito nacional y territorial, tienen la responsabilidad de adoptar medidas para su aplicación y ello incluye asignar recursos, funcionarios/as capacitados en las áreas de justicia, salud, educación y comunicaciones para hacer efectivo su cumplimiento. El citado informe de Evaluación de la Mesa por la Implementación de la Ley 1257, integrada por organizaciones de mujeres, señala limitaciones en su desarrollo, algunas relacionadas con el alcance de las respuestas institucionales, la ausencia de medidas específicamente dirigidas a prevenir, atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia, la pervivencia de visiones familistas en los funcionario que desconocen a las mujeres como sujetos de derechos y que conlleva a la aplicación de la ley priorizando la protección de la familia; la falta mayor articulación de las entidades para brindar la atención psicosocial de las víctimas, entre otros.

El informe también propone recomendaciones dirigidas principalmente al Estado para garantizar la justicia, los derechos de las mujeres y sobre todo que buscan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. De manera particular se insiste en la necesidad de contar con sistema de información desagregado por sexo, mejorar las medidas de protección, la prohibición de conciliar este tipo de delitos y avanzar en la aplicación efectiva del programa en el ámbito laboral etc.

Se espera mucha sensibilización para que la sociedad en su conjunto se interese por tener ciudades seguras para las mujeres, en ese sentido será necesario, entre otras cosas, la intervención integral y permanente para transformar lugares identificados como inseguros, se deberá incorporar además de la vigilancia policial, la intervención cultural y social de éstos lugares para que den vida y presencia humana y que casos como el de Rosa Elvira Cely no se repitan, este es un reto para la sociedad y el gobierno.

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