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PLIEGO DE CARGOS CONTRA CUATRO ALTOS OFICIALES DEL EJÉRCITO POR INCURSIÓN DE AUC EN SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Procuraduría General de la Nación

Lunes 23 de mayo de 2005

Bogotá, lunes 23 de mayo de 2005. Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación en contra de cuatro altos oficiales del Ejército, por su presunta omisión para contrarrestar la acción de los grupos al margen de la Ley que incursionaron en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia.

La determinación disciplinaria afecta a los Brigadieres Generales, Carlos Enrique Vargas Forero, ex comandante de la Decimoséptima Brigada del Ejército y Pablo Alberto Rodríguez Laverde, ex comandante de la Décimo séptima Brigada; además deberán presentar descargos por los mismos hechos los Tenientes Coroneles, Guillermo Arturo Suárez Ferrero y Javier Vicente Hernández Acosta, ex comandantes del Batallón de Ingenieros Nº 17 “Carlos Bejarano Muñoz”.

A los altos oficiales del Ejército Nacional se les cuestiona su posible omisión para prevenir, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los miembros de la Comunidad de Paz y campesinos de San José de Apartadó, quienes fueron atacados en diferentes oportunidades por las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, durante los años 2000, 2001 y 2002.

Al Brigadier General Carlos Enrique Vargas Forero se le cuestiona “haber omitido diseñar y ejecutar una estrategia eficaz y oportuna, impartiendo órdenes claras y precisas de seguridad y defensa en el corregimiento de San José de Apartadó, dadas las especiales condiciones de vulnerabilidad de la Comunidad de Paz, durante el ejercicio de sus funciones como Comandante de la Decimoséptima Brigada en el año 2000, acordes con las medidas cautelares y provisionales impuestas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, en aras a prevenir, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los miembros de la Comunidad de Paz y campesinos de San José de Apartadó y ante esta omisión los grupos armados ilegales actuaron libremente afectando permanentemente la vida, honra y bienes de los pobladores.”

Al ex comandante de la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional, para los años 2001 y 2002, Brigadier General Pablo Alberto Rodríguez Laverde, se le hace el mismo cuestionamiento que al anterior oficial, no proteger presuntamente a la Comunidad de Paz y a los campesinos de San José de Apartadó.

Los ex comandantes del Batallón de Ingenieros Nº 17 “Carlos Bejarano Muñoz”, los Tenientes Coroneles Guillermo Arturo Suárez Ferreira y Javier Vicente Hernández Acosta, deberán explicar a la Procuraduría, por qué no se adelantaron operaciones para perseguir a integrantes de los grupos al margen de la Ley que atacaron a los campesinos y los integrantes de la Comunidad de Paz a quienes las Autodefensas acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla.

Según las pruebas testimoniales y documentales recolectadas por los investigadores de la Procuraduría, las AUC llevaron a cabo ataques en contra de la población, durante los años 2000 a 2002, hacían presencia sobre la vía que del casco urbano de Apartadó conduce al Corregimiento de San José de Apartadó y en el área rural de éste, realizando masacres, asesinatos selectivos, amenazas, provocando desplazamientos forzados, hurto y daño a bienes civiles, hechos que afectaron la vida y la libertad de los habitantes del sector.

Para el Ministerio Público los oficiales cuestionados no habrían cumplido con su deber de velar la vida, honra y bienes de los ciudadanos como lo ordena la Constitución. Además de violar al régimen militar que los obliga a perseguir al enemigo cuando está en capacidad de hacerlo.

En la misma providencia la Procuraduría General, archivó la investigación que se adelantaba en contra de los oficiales del Ejército Nacional Miguel Antonio Roa Roa y de la Policía Nacional Coronel Jesús Antonio Gómez Méndez, Teniente Coronel Jorge Raimundo Pinto Blanco, Mayor Juan Carlos Sánchez Basto y Capitán Emilio Largo González, y del Alcalde municipal de Apartadó Mario de Jesús Agudelo.

Bogotá, mayo 23 de 2005

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