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Excluida del ejercicio de la abogacía, defensora de militares responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Por: dhColombia

Miércoles 27 de noviembre de 2013

[dhColombia, noviembre 27 de 2013] Según información publicada por medios de comunicación, el Consejo Superior de la Judicatura decidió confirmar la decisión de excluir de por vida en el ejercicio de la profesión del derecho a HILDA LORENA LEAL CASTAÑO, quien es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares – ACORE, la sanción se da por su participación comprobada en el soborno de testigos a efectos de impedir la actuación de la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación en los casos de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

LEAL CASTAÑO, quien ejerció la defensa del Mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez, Juez Primero de División de la Justicia Penal Militar, condenado penalmente por pretender asumir el juzgamiento del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia. También llevó la representación de José Obdulio Gaviria en el proceso adelantado en su contra por el delito de calumnia agravada contra integrantes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, e igualmente asumió la vocería del Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, oficial de inteligencia de la Brigada XIII, durante los hechos de la retoma de Palacio de Justicia.

Hilda Lorena Leal Castaño el 11 de noviembre de 2013, en representación de ACORE acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de solicitar se ordene la revisión de las condenas contra integrantes del Ejército Nacional por los hechos del Palacio de Justicia, pues según ella “son sentencias que se han obtenido con violación a los derechos humanos de los procesados y fraudes en el recaudo probatorio sustento de las misma”. Además señala que “el Estado es responsable por la violación al artículo 8 de la convención, pues dentro de los procesos internos no se respetaron las garantías judiciales de los procesados (integrantes del Ejército Nacional)”.

Actuaciones donde pretendió desnaturalizar la responsabilidad de mandos militares y funcionarios públicos en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, pese a su comprobada responsabilidad.

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