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AMENAZAS PARAMILITARES: Mientras avanza la siembra ilegal de palma y la deforestación con conocimiento de la Brigada 17

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves 9 de junio de 2005

Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Curvaradó

RESUMEN

El pasado viernes 3 de junio se realizó en Bogotá la presentación de la Audiencia Defensorial 039 sobre Violaciones de Derechos Humanos y siembra de Palma Aceitera en el Bajo Atrato, mientras tanto en la región sigue avanzando dentro del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, pasando ya del Territorio Colectivo del Curvaradó. Mientras más documentos, más decisiones de los organismos de control se desarrollan, las amenazas se incrementan a través de la estrategia paramilitar, al lado de controles militares sobre la palma, la que es protegida en su avance como ahora en Zapayal.

Todo es claro, se protegen los Derechos Empresariales, no los Derechos a la Vida y al Territorio. El ecocidio, y la persecución sistemática a través de la Policía de Urabá y de la Brigada XVII a través de su estrategia militar regular e irregular son responsabilidad del Gobierno Nacional, que parece estar en concordancia con el Estado de HECHO que se ha ido imponiendo en la región en medio de la desmovilización o institucionalización paramilitar.

Invitamos con carácter urgente dirigir al Presidente ALVARO URIBE VELEZ sus comunicaciones pues es el responsable de la negación de los derechos a la Vida y al Territorio de los afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó.

HECHOS EN DETALLE

- Miércoles 1 de junio, en horas de la mañana pobladores de la región constataron el avance de la preparación de terrenos para la siembra de palma aceitera sobre las riberas del río Zapayal que está siendo canalizado con maquinaria pesada. Esta agua es afluente del río Jiguamiandó, criadero de peces, del que depende parte de la alimentación y de los riegos de los cultivos de los desplazados del Curvaradó y la familias del Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias de “Bella Flor Remacho”, “Pueblo Nuevo”, “Nueva Esperanza”. Hasta las 4:30 p.m. de ese día se escuchó el accionar de la maquinaria pesada en la deforestación y canalización de los ríos en mejoras del Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

Durante el día se observó en el caserío de Cetino, cuyos propietarios legítimos y legales fueron desplazados por la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar desde el 2001, que la empresa Urapalma está resembrando entre los puntos de Llano Rico y Apartadocito.

- Jueves 2 de junio, en Bogotá, desde las 4:30 p.m. y hasta las 8:00 p.m. la Vice Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el INCODER fueron informados de la constatación que pobladores de la región realizaron, de la deforestación ilegal y de la ampliación de la siembra de palma aceitera en el sitio conocido como Zapayal, caserío de Las Menas dentro del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, sitiando de esta manera a los habitantes de las Zonas Humanitarias, destruyendo irracionalmente la biodiversidad y la fuente de vida de los peces que nacen en el río Jiguamiandó. Se informó que dichas operaciones de destrucción han sido conocidas por integrantes de la Brigada XVII que realizan acciones de control dentro de esa zona, sin que hubiesen actuado frente a la ilegalidad.

- Viernes 3 de junio, en horas de la tarde mientras afrodescendientes y mestizos se encontraban en una reunión de padres de familia de los habitantes del caserío Santa María, cerca de Caño Seco, ubicado antes del kilómetro 10 en la carretera que conduce de Belén de Bajirá a Río Sucio, tres “civiles” armados de la estrategia paramilitar, con armas largas ingresaron al sitio, luego de identificarse como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, expresaron: “sabemos que la guerrilla está por aquí, que se le ha visto en el Guamo, ustedes lo saben, y son de ellos, son sus auxiliares, quedan advertidos aténganse a las consecuencias, nosotros no respondemos por esas relaciones. Sabemos que están haciendo denuncias reclamando sus tierras, todos los que reclaman tierras son guerrilleros, no quieren el progreso, esas tierras son nuestras para grandes proyectos , para sacar de la pobreza a todos, para la palma y la ganadería, todos reciben plata y empleo, riqueza”.

De acuerdo con los testigos en los alrededores del sitio de la reunión había presencia militar de la Brigada XVII.

Este mismo día en horas de la tarde, JAIME SIERRA, quién se presentó como empresario de Palmas de Curvaradó, realizó una reunión en Belén de Bajirá a la que citó a los propietarios de predios individuales y de mejoras dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó del sitio Caño Claro que se encuentran desplazados. En la misma, el empresario invitó a los campesinos a asociarse, a formar cooperativas para participar activamente en el negocio rentable de la Palma Aceitera. Esta empresa, de acuerdo con los informes oficiales, se presenta en la región con la proyección de siembra en 1200 hectáreas.

Horas mas tarde realizó otra reunión en Caño Claro en la que se dirigió en los mismos términos a los campesinos de la región.

- Sábado 4 de junio, desde las 9:00 a.m. hasta las 4.00 p.m. Afrodescendientes y mestizos que han sido expropiados de sus tierras y territorios constataron la deforestación y la ampliación de la siembra de palma aceitera en el sitio conocido como Zapayal, caserío Las Menas, Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

- Sábado 4 de junio, aproximadamente a las 7:45 a.m. los campesinos RICHARD ANTONIO GUARAONA, ESTEBAN TAPIA, ALBERTO PALACIOS y NOLBERIO IBAÑEZ fueron obligados a detener su movilización de regreso a las Zonas Humanitarias por las unidades por las unidades policiales que se encuentran en un retén permanente ubicado a las afueras del casco urbano del Carmen del Darién.

Los pobladores fueron obligados a regresar al casco urbano, con la orden de no poder salir del mismo hasta que hubiera una disposición en sentido contrario expedido por la misma Policía.

Días antes los pobladores de los Consejos Comunitarios llegaron al Carmen del Darién por la alimentación que proporciona por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aprovisionar los hogares comunitarios de los niñas y niños de las Zonas Humanitarias.

Solamente hacia las 11:00 a.m. por la actuación Defensoría del Pueblo fue posible lograr que las unidades policiales permitieran la libre movilización de los afrodescendientes y mestizos. Durante las tres horas no se recibió respuesta alguna del Gobierno Nacional frente al abuso policial

LINEAS DE INTERPRETACIÓN

La ilegalidad en la apropiación de tierras y Territorios de las Comunidades mestiza y afrodescendientes del Curvaradò y Jiguamiandó pretende ser negada, ocultada y tergiversada. Las argumentaciones empresariales e institucionales pretenden culpabilizar a las comunidades de las siembra ilegal de la palma, pues algunos, pobladores “vendieron” sus predios individuales, desconociendo la invalidez de la venta como lo expresa el informe del INCODER. Pero al mismo tiempo, cuando este argumento se cae de su peso, pues son múltiples las denuncias de falsificación de documentos públicos, de presiones y de amenazas sobre los propietarios de títulos individuales, se arguye que el problema es que dentro de los Territorios Colectivos se encuentran tierras con titulación anterior a la ley 70, por lo que se deduce que el INCORA - hoy INCODER_ no realizo una titulación ajustada a las disposiciones contempladas en el procedimiento de adjudicar propiedad Colectiva. De este hecho se concluye que, en sana lógica, que los afrodescendientes en sus tierras ancestrales fueron invasores.

Pero algo más resulta siendo paradójico. A pesar de las Recomendaciones del INCODER, una de ellas referidas a PARAR INMEDIATAMENTE LA AMPLIACIÓN DEL CULTIVO, de la Directiva 08 del Procurador General de la Naciòn, EDGARDO MAYA VILLAZON y de la esquiva Resolución de la Corporación Autónoma del Chocò, CODECHOCO, la palma avanza sin descanso arrasando la biodiversidad y sitiando a los afrodescendientes que se encuentran en las Zonas Humanitarias.

Sitiaciòn empresarial que coincide con la sucesiva serie de amenazas y advertencias de muerte a través de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar que subsiste con la aquiescencia, acción, omisión de la Brigada XVII y de la Policía de Urabà, con los patrullajes de control sobre la siembra que realiza la Brigada XVII, cuando no a través de paramilitares y los permanentes abusos de la Policía de Urabá en el Carmén del Darién sobre los afrodescendientes y mestizos que habitan en las Zonas Humanitarias.

Todo muestra el desconocimiento absoluto de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de marzo, y ante las cuales las respuestas eficaces y de fondo son inexistentes. Todo muestra que no existe voluntad real gubernamental para enfrentar el enquistamiento parainstitucional en la región, abdicando de este modo en la protecciòn de los derechos de los afrodescendientes.

El pueblo del Jiguamiandó y del Curvaradò ante esta actitud gubernamental se encuentra en camino de extinción, el ùnico responsable es el Gobierno Nacional. Hoy casi tres años después, quièn nunca actúo para enfrentar la estrategia parainstitucional, paramilitar, para polìtica, para social a través del proyecto PASO en la región. Hoy casi tres años después, la polìtica de Seguridad demuestra, en este caso, como en muchos más, que los excluidos y que los empobrecidos que afirman sus derechos no son protegidos en sus derechos a la vida y al Territorio.

Bogotà, D.C junio 05 de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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