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Comentarios al Documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, del Alto Comisionado para la Paz

Diego Pérez Guzmán

Martes 14 de junio de 2005

COMENTARIOS AL DOCUMENTO:

“Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, del Alto Comisionado para la Paz

Por: Diego Pérez

Bogotá, Junio 11 de 2005

Una CIRCULAR, sin fecha, emanada de la oficina del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y Director encargado de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional fue enviada a Embajadores acreditados en Colombia, Representantes de Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación con un documento anexo denominado “lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, preparado por el Alto Comisionado de Paz, Dr. Luis Carlos Restrepo.

Me referiré a dicho documento en tres sentidos: comentarios de carácter general; comentarios específicos relativos a cada punto de los lineamientos (se encontrarán en cursiva, después de cada punto) y acciones posibles y/o necesarias.

1. Comentarios de carácter general

El cambio de la interlocución. Hasta el momento, la comunidad internacional había tenido como su interlocutor, en el gobierno colombiano, para asuntos relacionados con la cooperación internacional, al Dr. Luis Alfonso Hoyos, director encargado, de Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI y a la Cancillería. El hecho de que sea el Alto Comisionado para la Paz quien prepara los lineamientos para los proyectos de cooperación internacional, si bien puede que no signifique cambios en la persona que continúe interlocutando con la Comunidad internacional si significa un cambio sustantivo en el contenido de la interlocución. Los 22 puntos de los que trata el documento, se refieren a temas relacionados con la política de “seguridad democrática”, el “orden público” y “la negociación política del conflicto”. Este giro nos permitiría concluir que los proyectos de cooperación internacional, en adelante, deberán apuntar al fortalecimiento de esas políticas o estrategias; y, más aún, como el único proceso de “negociación política” en marcha es con los paramilitares, se considera (por parte del Alto Gobierno) que los proyectos de cooperación internacional tienen que apuntalar dicho proceso.

El asunto del “enfoque” de los proyectos. El titulo del documento dice: “lineamientos para el enfoque de los proyectos”. Sin embargo, los lineamientos planteados no recogen el enfoque para la cooperación internacional en Colombia, que desde tiempo atrás se ha venido construyendo y concertando entre Gobierno colombiano, cooperación internacional y sociedad civil. Por el contrario, el enfoque propuesto va en contravía del enfoque hasta ahora concertado, del cual el gobierno ha sido parte. Basta tomar uno sólo de esos documentos. La declaración de Londres señaló como principios conductores de la cooperación en Colombia: el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos por parte del Gobierno; la necesidad de la salida política negociada al conflicto armado y una política estatal de paz; la concertación con las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, así como plenas garantías para el desarrollo de sus labores; la necesidad de tomar medidas eficaces contra la impunidad; y, el diseño de una estrategia coordinada y coherente de cooperación.

El desconocimiento de espacios y escenarios de concertación política. De manera irrespetuosa, el Alto Comisionado desconoce todos los espacios y foros de concertación sobre una política para la cooperación internacional en Colombia, que se iniciaron con la primera “mesa de donantes” en Madrid ( ) y cuyo último escenario internacional fue la Cumbre de Cartagena (2 y 3 de febrero/2005). Los lineamientos presentados confirman que el Alto Gobierno no tiene ningún recato en desconocer acuerdos firmados y consensos logrados con la comunidad internacional y la sociedad civil colombiana. Así pasó con la declaración de Londres, que después de firmada, el gobierno dijo que (esa declaración) constituía una camisa de fuerza y obstaculizaba el desarrollo de sus estrategias y políticas. Los lineamientos presentados pasan por encima de importantes escenarios que se han construido para avanzar en la concertación y concreción de la política de cooperación internacional, tales como el G24, el Sistema de Naciones Unidas, el grupo del Consenso de Cartagena de la sociedad civil, entre otros.

El lenguaje estigmatizante. La manera como están redactados una buena parte de de todos los puntos del documento, pretenden estigmatizar, tanto a los organismos de cooperación como a las comunidades y organizaciones receptoras de la cooperación. Hay una clara intencionalidad del Alto Comisionado de sembrar la duda sobre la posible existencia de relaciones de la cooperación internacional con grupos armados al margen de la ley. Su insistencia en el tema, en cada uno de los puntos, resulta obsesivo. Por la gravedad y consecuencias que esto tiene, resulta desafortunado que el Comisionado se exprese de tal manera ante la cooperación internacional y si tiene conocimiento de algún hecho cierto debería utilizar los canales diplomáticos establecidos para el tratamiento adecuado del mismo.

La actitud prevenida y desconfiada. La cantidad de advertencias que el documento hace a la cooperación refleja prevención y desconfianza del Alto Gobierno hacia los proyectos y programas de cooperación que están en marcha o que están en proceso de concertación. Llama la atención que se presente en este momento, justamente, cuando el Congreso de los Estados Unidos se apresta de decidir sobre un nuevo aporte para el plan Colombia y el Plan Patriota, por un lado. Por el otro, cuando la Comisión Europea está en preparación del documento de “Estrategia de País 2007-2013” que define las políticas y los proyectos para su cooperación en Colombia; y, finalmente, cuando el Presidente Uribe en preparación de la reelección (y según algunos: su perpetuación en el poder), está diseñando su plan futuro denominado “Visión Colombia 2019”.

La ambigüedad y la confusión. El documento hace permanentes alusiones a la posible ambigüedad y confusión de términos y enfoque de los proyectos. Realmente, lo único ambiguo y confuso, hasta el momento, son estos lineamientos del Alto Comisionado. En primer lugar, el documento no distingue los distintos niveles de la cooperación internacional (la cooperación multilateral, bilateral, no gubernamental, entre otras) para los cuales los lineamientos planteados adquieren connotaciones muy distintas. En segundo lugar, cada punto se inicia con un enunciado y termina con aseveraciones conclusivas que no se corresponden entre sí (como podrá verse en mis comentarios específicos); en tercer lugar, los términos y conceptos que el Alto Comisionado propone reemplazar por aquellos que “no acepta”, no sólo son ambiguos y confusos si no que desconocen la amplia experiencia y el estricto y probado lenguaje y metodologías de diseño, planeación y monitoreo de proyectos, que la cooperación internacional ha acumulado y aplica en el caso de Colombia.

2. Comentarios Específicos a cada lineamiento

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional

Es potestad exclusiva del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y por su delegación, del Alto Comisionado para la Paz establecer contactos con los grupos armados ilegales. Por lo tanto ningún funcionario público, ni particular, puede establecer contacto con estos grupos armados ilegales. Las pretendidas acciones de contacto o acercamiento por parte de ciudadanos o autoridades locales con grupos armados ilegales, ponen en riesgo la vida de los que las realizan y deslegitiman las acciones de paz del Estado, creando escenarios paralelos de interlocución con los violentos que son utilizados por estos para fortalecer su capacidad de intimidación sobre la población civil y las autoridades estatales. Adicionalmente, tienen implicaciones legales.

Por la confusión y ambigüedad que tiene el Alto Comisionado respecto del tema, este párrafo está dirigido a los funcionarios públicos y a los ciudadanos colombianos. Entonces no queda muy claro porque se propone este lineamiento para la cooperación internacional.

A pesar de ello es bueno anotar algunas cosas: La cooperación internacional que opera en Colombia se enmarca en los parámetros internacionales de respeto a las normas internas del estado colombiano. Por lo tanto nunca ha desconocido la “potestad” que la constitución nacional le otorga al Presidente de la República y a sus altos funcionarios. No se entiende porqué “las acciones de contacto o acercamiento por parte de ciudadanos... deslegitiman las acciones de paz del Estado”, cuando el artículo 22 de la constitución señala que la “paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Resulta aquí oportuno recordar que el anteproyecto de Pacto que consagra la tercera generación de derechos, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos señala en su artículo segundo:

“El derecho a la paz implica el derecho para todo hombre sin discriminación alguna:
- De oponerse a toda guerra y a los crímenes contra la paz, incluyendo la agresión;
- Demandar y obtener, dentro de las condiciones definidas por la legislación nacional, el estatuto de objetor de conciencia;
- De negarse a ejecutar, durante el conflicto armado, una orden injusta que viole las leyes de la humanidad;
- De luchar contra toda propaganda a favor de la guerra;
- Y de obtener asilo cuando la solicitud esté justificada pro al persecución por actividades ligadas a lucha por la paz y contra al guerra”.

No hay ninguna posibilidad de adelantar diálogos regionales sin autorización expresa del Presidente de la República. Este escenario no debe ser planteado o propuesto, sin consulta previa con el Gobierno Nacional.

Las instituciones de cooperación internacional no tienen como tarea adelantar diálogos regionales en Colombia. La cooperación entiende que ese es un tema que compete a los colombianos. Ahora bien, se entiende que el Presidente puede atribuirse la potestad de autorizar o no este tipo de diálogos, sin embargo cabe anotar que esta ha sido una petición reiterada en todos los foros convocados por las organizaciones de la sociedad civil, por la Iglesia, la academia y por varias autoridades locales. No debería tomarse, entonces, como una exigencia caprichosa.

No son aceptables como resultado, objetivo o finalidad de los proyectos, ningún tipo de enunciación o actividad que pretenda comprometer la acción futura del Gobierno Nacional en materia de acuerdos de paz con grupos armados ilegales.

Si bien es cierto que ningún proyecto de cooperación tiene por sí mismo un carácter vinculante de sus objetivos y actividades, también es cierto que la cooperación internacional ha ido concertando con el gobierno nacional una serie de principios y criterios que apuntan a generar cada vez más, mejores condiciones para la salida política negociada del conflicto y la construcción de una paz estable. En esta dirección se ubican la declaración de Londres y la declaración de Cartagena, así como las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y las declaraciones del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, al tratar el tema de la cooperación en Colombia.

No son aceptables como resultado, objetivo o finalidad de los proyectos, ningún tipo de enunciado o actividad cuyo destinatario total o parcialmente, sean grupos armados al margen de la ley.

Este lineamiento resulta ambiguo. Por un lado está claro que ningún proyecto de cooperación tiene como contraparte o beneficiario a grupos armados ilegales al margen de la ley. Pero por otro lado, en la medida en que la cooperación internacional es complementaria a los esfuerzos que el Estado, sectores de la sociedad y comunidades realizan para buscar salidas negociadas al conflicto, para exigir el respeto a los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, para ofrecer atención humanitaria a las víctimas del conflicto, etc. Algunos resultados de los proyectos deberán dar razón del comportamiento de los actores armados, del respeto a la población civil y de su compromiso con las salidas políticas negociadas.

Las expresiones “actores armados” o “actores del conflicto”, en las cuales se pretende incluir a los miembros de la Fuerza Pública, los equipara con los grupos armados al margen de la ley. Esta situación es inaceptable para el Gobierno Nacional, dado que pretende que los ciudadanos se declaren neutrales frente a sus Fuerzas Militares y de Policía y adicionalmente, justifica convertir en blancos militares a los soldados y policías.

En ningún caso una categoría analítica, que pretende una aprehensión e interpretación del conflicto colombiano, conlleva directamente a justificar acciones y comportamientos de esos actores armados. De otro lado, no es la utilización de una categoría analítica o concepto la que hace de los soldados o policías blancos militares. En el caso colombiano, estos son “blancos militares” por la existencia de hecho, de un conflicto armado interno, reconocido desde hace muchos años por otros gobiernos de Colombia y por importantes organismos internacionales especializados en los temas de la guerra y los conflictos armados.

Los conceptos que se incorporen dentro de los proyectos tales como “comunidad de paz”, “territorio de paz”, “región o campo humanitaria”, “observatorio de situación humanitaria”, entre otros, son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartado. Por tal razón, es necesario que se especifique el alcance de dichos conceptos, los cuales en ningún momento deben suponer la imposición de límites a la acción territorial de la Fuerza Pública ni a la acción de la justicia. Es necesario que se identifiquen actores, sitios y actividades definidas para el logro de los objetivos trazados en estos proyectos. De igual manera, que las actividades sean pertinentes para la consecución del objetivo del proyecto y que por ningún motivo su desarrollo transgreda la ley.

El Alto Gobierno se ha empecinado en desconocer conceptos universales aplicados en muchos países del mundo que han vivido situaciones de conflicto armado y que buscan hacer menos dolorosa la situación de las víctimas y prevenir o disminuir los efectos de la confrontación en las comunidades y sus territorios. La referencia explícita en este lineamiento a la comunidad de paz de San José de Apartadó hace parte de las estrategias de deslegitimación, estigmatización y de la cadena de agresiones que desde los agentes del Estado y también de los grupos armados, se ha cometido contra esta comunidad. Es preocupante la intencionalidad (velada en este lineamiento y otras opiniones públicas del gobierno) del gobierno de tratar por todas las formas posibles que estas comunidades e iniciativas no sean apoyadas ni acompañadas por la comunidad y la cooperación internacional. Esto coloca en cuestión la razón de ser de una buena parte de la cooperación internacional en Colombia, pues en circunstancias de conflicto armado interno y de profunda crisis humanitaria como la colombiana, la cooperación internacional se orienta, prioritariamente, a la protección de las víctimas y a su atención humanitaria. Y estas son, precisamente las comunidades y organizaciones que el gobierno desconoce, estigmatiza y señala como auxiliadoras de los grupos al margen de la ley. Se equivoca el señor Comisionado, pues si existen iniciativas y propuestas en las que no hay ningún viso de ambigüedad y confusión -como población civil y frente a los actores del conflicto es en estas comunidades de Paz como la de San José de Apartadó y como las indígenas del Norte del cauca, entre muchas otras.

Los proyectos por definición deben ser precisos y suficientemente claros para que su ejecución sea efectiva y su seguimiento riguroso. Por ello no es procedente incorporar conceptos que por su imprecisión, no facilitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que adicionalmente, puedan ser contrarios a la legislación vigente.

Ya hice mención al desconocimiento que el Alto Comisionado tiene sobre los estrictos sistemas de planeación, seguimiento y evaluación de sus proyectos. Además de las auditorias externas y el respeto por las normas legales vigentes para tales fines.

Ningún concepto puede conllevar interpretaciones que pretendan distorsionar el concepto de “neutralidad profesional” propio de cuerpos competentes como el CICR o la Cruz Roja Colombiana, e intentar trasladarlo al campo de la neutralidad política de los civiles frente a las instituciones legítimamente constituidas.

Este lineamiento pretende eliminar el ejercicio interpretativo, propio del derecho, pero a la vez cae en el juego de inventar conceptos para interpretar, a su favor, los conceptos universalmente aceptados. De tiempo atrás, el Presidente Uribe ha hecho interpretaciones equívocas y amañadas del concepto de neutralidad, precisamente apropiado por las comunidades de paz, desde finales de los 90, para exigir a los actores armados el respeto a sus derechos como población civil y para expresar su decisión de no involucrarse en la guerra.

No se deben incluir actividades denominadas “humanitarias”, que impliquen contacto con los grupos armados ilegales. Las labores humanitarias son adelantadas exclusivamente por cuerpos profesionales como la Cruz Roja Internacional, los cuales en cumplimiento de su función deben utilizar los distintivos y medios previstos para el desarrollo de sus actividades.

Este lineamiento confunde instancias y conceptos claramente establecidos en el derecho internacional humanitario, aplicable a situaciones de conflicto armado interno. Recientemente, el CICR ha declarado que en Colombia existe un conflicto armado interno abiertamente definido, con una grave crisis humanitaria como consecuencia del mismo y que por tanto se aplican las normas del derecho internacional humanitario y del derecho de la guerra. Es necesario aclarar que las acciones humanitarias, incluidas en los proyectos de cooperación, señor Comisionado, no se dirigen en ningún caso a buscar y establecer contactos con los grupos armados ilegales, sino a proteger y atender a las víctimas del conflicto. De otro lado, existen organismos internacionales, especializados, cuyo mandato (aceptado por el Estado Colombiano al firmar los instrumentos internacionales y los convenios particulares con estas entidades) es atender a las víctimas directas del conflicto, entre los que se encuentran, además de los civiles, los combatientes heridos o puestos fuera de combate. Esta labor es imposible de realizar sin entrar en contacto con las Partes en contienda. Este lineamiento, junto a los tres anteriores coloca en entredicho la razón de ser y el papel que algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas (como la OACNUDH, ACNUR, Occha de la UE) y agencias humanitarias de la cooperación no gubernamental. Es necesario y urgente que el Alto Gobierno aclare de manera explícita su posición frente a estas instituciones.

Se debe tener presente que Colombia es una democracia pluralista y garantista, donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferencias. El aceptar la existencia de un conflicto armado interno, implica la negación de dichos canales, lo cual es utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder.

Si de verdad Colombia es una democracia pluralista y garantista, muchos de estos lineamientos no debían haber sido presentados como tal. Pues lo que se observa es una gran intolerancia de parte del Alto Gobierno con visiones diferentes de la realidad del país y una intromisión desproporcionada del mismo en los temas e instancias de la cooperación internacional. No se entiende como el Alto Comisionado puede concluir que el reconocimiento de una realidad, como es la existencia del conflicto armado interno, signifique negar los canales que una democracia tiene para dirimir las diferencias.

Los indicadores y las variables a utilizar en la formulación de los proyectos, en ningún sentido pueden tener como fuente o mecanismo de medición la participación o actividad adelantada por grupos armados ilegales. Cualquier tipo de actividad que pueda implicar contacto alguno con los grupos armados ilegales, es inaceptable para el Gobierno Nacional, por ser potestad del Presidente de la República o el Alto Comisionado para la Paz.

La formulación de proyectos, si es seria y responsable, debe partir de diagnósticos, datos y análisis de las problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales, para lo cual se establecen categorías, variables e indicadores, aportados por las ciencias sociales desde hace mucho tiempo. En la identificación de un problema y de las respuestas que se quiere dar al mismo, debe considerarse el mapa de actores que generan o influyen en el problema, incluidos los actores armados. Pareciera que se quiere condicionar a la cooperación internacional a solamente considerar indicadores y variables definidas por el gobierno. La segunda parte del lineamiento es reiterativa de la obsesión que tiene el Alto Comisionado sobre presuntos contactos de la cooperación con grupos armados.

Los diálogos pastorales son delegaciones unipersonales y puntuales, delimitadas en su objetivo y tiempo de ejecución, que ha otorgado el Presidente de la República a algunos jerarcas de la Iglesia Católica para adelantar contactos con grupos armados ilegales. Dichas funciones no son extensibles a sus diócesis u organizaciones. Quienes las ejecutan, cumplen labores específicas, encomendadas por el Presidente de la República y por el Alto Comisionado para la Paz.

Hemos entendido que los diálogos pastorales, aunque sean consultados y delegados por el Presidente, son acciones desarrolladas por los jerarcas de la iglesia, como parte de su labor pastoral, legítimamente reconocida y como institución de la sociedad independiente del Gobierno. Con este lineamiento parece que los Jerarcas de la Iglesia se han constituido en agentes del estado y funcionarios del gobierno que cumplen tareas específicas encomendadas por el Presidente. Si esto es así, deberíamos anotar cambios sustanciales en la conformación de la institucionalidad y la sociedad política de este país.

Las asambleas constituyentes son válidas como mecanismos de participación ciudadana, orientados a afirmar los valores de la civilidad y la democracia y generar espacios para la planeación participativa. En ningún sentido, se pueden entender como escenarios para la interlocución con los grupos armados ilegales.

Pareciera que aquí también hay un desconocimiento de la manera como estas experiencias de Asambleas Constituyentes han surgido en el país y de su aporte a la construcción de la paz y de la salida negociada al conflicto. Algunas de estas constituyentes han surgido justamente como formas de generar condiciones para una negociación política con grupos armados y en otros casos como escenarios de consolidación de una negociación política, como es el caso de la Constituyente de Tarso.

El enfoque de los proyectos debe ser el fortalecimiento de la ciudadanía y su autoafirmación como civiles, en el marco de los procedimientos y lineamientos de la democracia y la institucionalidad vigente.

Autoafirmarse como civiles es precisamente exigir del Estado el cumplimiento de los derechos fundamentales y las garantías para ejercer las libertades individuales y colectivas, entre ellas el derecho a no participar en la guerra; autoafirmarse como civiles es tener la posibilidad de controvertir las decisiones gubernamentales y las políticas estatales sin que por ello se reciba agresión, amenaza o asesinato, entre muchas otras cosas. Será eso lo que quiere señalar el Alto Comisionado?

No se deben incorporar acciones de “protección civil”, dado que la defensa y el amparo de la población es función de la Fuerza Pública y las autoridades legítimamente constituidas. En su lugar, se pueden utilizar expresiones como “medidas de autoprotección de la población civil” en el marco del fortalecimiento de la democracia.

Lo que se ha demostrado hasta la saciedad con los múltiples informes sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario de los organismos nacionales e internacionales, es la desprotección del Estado colombiano a la población civil en las regiones en conflicto y las violaciones a los derechos fundamentales infringidas por agentes estatales. Precisamente las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes se han organizado como comunidades de paz como forma de autoprotección frente a las agresiones de los actores armados, incluida la Fuerza Pública. En situaciones de conflicto armado interno, la acción prioritaria de los agentes y organizaciones humanitarias internacionales es la protección de la población civil.

En los proyectos se debe hacer énfasis, no solo en los derechos, sino en los deberes que los ciudadanos tienen para con su comunidad.

Este Gobierno ha realizado reformas constitucionales bajo el argumento de que la constitución política es muy “generosa” en derechos para los ciudadanos. Por supuesto que en una democracia fuerte, participativa y en un estado social y de derecho, los ciudadanos tiene la capacidad y asumen su responsabilidad, tanto en la exigibilidad de sus derechos como en la construcción de formas de convivencia ciudadana y de tratamiento pacífico de los conflictos.

Es necesario deslindar los conflictos sociales y políticos que se pueden solucionar haciendo uso de los mecanismos existentes en la democracia, de las acciones propias de los grupos armados ilegales que ponen en riesgo a la población civil. No son equiparables. Este lineamiento ratifica el desconocimiento del alto gobierno de los diagnósticos sobre la historia del conflicto en Colombia, elaborados por académicos y entidades internacionales de reconocido prestigio y no precisamente con ideologías de izquierda ni de opositores políticos del Gobierno.

Con el fin de planear el posible impacto que en el futuro tengan los proyectos dentro de una estrategia de mayor cobertura, se incorporan los denominados elementos de sostenibilidad. Es necesario que dichos elementos sean lo suficientemente precisos, con el fin de evitar interpretaciones erróneas del verdadero alcance de los proyectos.

Una vez más, la cooperación internacional, cuenta siempre como una de sus principales variables en los proyectos, la sostenibilidad de los mismos. Pero cabe anotar que la sostenibilidad y las estrategias de mayor cobertura no son responsabilidad exclusiva de la cooperación internacional, pues como ya lo señalamos, la cooperación internacional es complementaria y no sustituta de las obligaciones del Estado.

La expresión “actores no estatales”, no es aceptable en la medida en que se pueda interpretar para dar cabida a los grupos armados al margen de la ley, que operen en determinada región. Debe diferenciarse siempre entre organizaciones civiles o ciudadanos y grupos armados ilegales.

Al contrario de lo que piensa el Alto Comisionado, la categoría de actores no estatales, como parte del concepto general de violencia política y violaciones a los derechos humanos, permite distinguir con claridad entre las violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas por los agentes del Estado y las acciones violentas y violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por agentes no estatales, grupos privados o particulares. La autoría de un hecho violento, por actor estatal o no estatal resulta determinante para tipificar una violación a los derechos humanos o un acto de violencia política. A este propósito recomiendo leer el texto de la Defensoría del Pueblo: “Algunas precisiones sobre al violación de los derechos humanos en Colombia”, serie textos de divulgación No. 2.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no puede ser considerada beneficiaria de un proyecto, cuando no participa en él. Por tal razón, no se puede interponer el nombre de la Oficina indebidamente o pretender utilizarlo como un aval a proyectos en los cuales no participa.

El Comisionado debería ser más explícito en este lineamiento. Por supuesto que nadie puede utilizar el nombre de la Oficina indebidamente. Sin embargo sería importante a que tipo de proyectos de la cooperación, que tengan que ver estrictamente con el mandato de su oficina, se refiere. Pues así formulado deja dudas en el ambiente que pueden generar conflictos en las distintas instancias de la cooperación internacional y frente a los beneficiarios de sus proyectos.

Se sugiere que se tomen en cuenta a los resultados de las “Siete herramientas de equidad”, con el fin de contar en lo que corresponda, con datos ciertos que apoyen el proceso de formulación de los proyectos.

Se quiere obligar a la cooperación internacional a tomar como únicamente válidos los diagnósticos, datos e indicadores que el gobierno ha construido, para sustentar sus “herramientas de equidad”. Indicadores que han sido bastante cuestionados por organismos y personas autorizadas en la materia. El debate sobre cifras e indicadores en materia de conflicto, violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado entre otros, debe ser parte de un ejercicio de sano debate, político y técnico y de respeto por la diversidad y no la imposición desde el alto gobierno y la descalificación a priori de otras fuentes.

Los laboratorios de paz u observatorios, en acatamiento de la legislación vigente, no pueden propiciar ningún tipo de acercamiento con los grupos armados ilegales y deben estar orientados a:

Fortalecimiento de las instituciones democráticas, Fortalecimiento de la autodeterminación de las comunidades, Fomentar la planeación local y regional participativa, Impulsar proyectos productivos para solucionar problemáticas sociales, Propender por el pluralismo político.

Hemos entendido que los laboratorios de paz hacen parte de un tipo de cooperación de la Comunidad Europea en absoluta concertación y aceptación del Gobierno Colombiano. Tanto los lineamientos, procedimientos, convenios, etc son negociados y supervisados por el gobierno de Colombia. Además que el Gobierno colombiano se compromete a colocar una contrapartida para estos laboratorios. No se entiende entonces de donde surge la preocupación del Gobierno. Mas bien si cabe preguntarle, porqué en esas regiones donde se están implementando los laboratorios continúa un alto índice de violaciones a los derechos humanos, de ataques a comunidades y poblaciones, de detenciones masivas y arbitrarias, de violaciones graves al derecho internacional humanitario por parte de los actores en conflicto?. Cuál es entonces el resultado a favor de la paz y del respeto a los derechos humanos en estos escenarios de laboratorio?

3. Acciones posibles y/o necesarias

De acuerdo con los comentarios planteados, considero que urgente realizar, entre muchas otras, las siguientes acciones:

El G24 debería solicitar una reunión de urgencia con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, con el fin de clarificar la ruta a seguir, en el proceso pactado para dar seguimiento a la declaración de Londres y a la declaración de Cartagena, sobre la construcción de una política de cooperación internacional para Colombia.

El Consenso de Cartagena, de las organizaciones de la sociedad civil, deberían discutir los lineamientos del Alto Comisionado y tomar decisiones respecto de los mecanismos de interlocución y agenda sobre la cooperación internacional, que había sido concertada, desde las cumbres de Londres y Cartagena.

Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas deberían reunirse, con carácter de urgencia con la Cancillería a fin de precisar los alcances de esta Circular y exigir del Alto Gobierno una posición pública sobre los mandatos, papeles y pertinencia de la presencia de las agencias del sistema en Colombia.

La cooperación internacional no gubernamental debe pronunciarse exigiendo al gobierno de Colombia una posición pública respecto de la conveniencia o no de la presencia de sus proyectos, personal y oficinas en el país. Movilizar en sus países a las cancillerías y ministerios de cooperación a fin de que se discuta estos lineamientos con el Gobierno de Colombia y se establezcan criterios y condiciones básicas, imperativas, para continuar desarrollando la cooperación en el país.

Las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, organizaciones de desplazados, ONG de derechos humanos y organizaciones sociales, que impulsan iniciativas de paz, deberían movilizarse para exigir al gobierno una aclaración pública de estos lineamientos y la debida protección y atención humanitaria en sus territorios, el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones internacionales y nacionales.

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