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El Espectador, 25 de junio de 2005

Movimiento contra la impunidad

Iván Cepeda Castro

Viernes 24 de junio de 2005

El Banco de Datos de Violencia Política de Cinep publicó recientemente un informe titulado Deuda con la Humanidad en el que se presenta un recuento pormenorizado de 14.476 crímenes cometidos por agentes estatales y miembros de grupos paramilitares en el período 1988 - 2003. Además de la exposición detallada de miles de hechos atroces, la publicación contiene una serie de estudios analíticos sobre la historia de los grupos paramilitares, y su relación con diversos estamentos del Estado colombiano. En algunos de ellos se citan manuales del Ejército, que datan de la década de 1960 y 1970, en los que se dan instrucciones precisas sobre la necesidad de armar civiles, y de emplear toda clase de métodos irregulares contra “la población civil simpatizante” del enemigo. En otros de los estudios se muestra la relación de unidades de las fuerzas militares y de policía con la aplicación de diversos modelos de paramilitarización de zonas y territorios del país. Se trata de un texto de necesaria referencia para el debate actual acerca de la verdad histórica del paramilitarismo, y sobre la naturaleza de los crímenes que deja en la impunidad la ley llamada de “Justicia y Paz”.

Entre los millares de casos que reseña el informe, en la página 168 se hace alusión a denuncias de las organizaciones campesinas de Antioquia sobre “desapariciones” y homicidios cometidos por los paramilitares contra trabajadores de la hacienda La Mundial, que perteneció al presidente Álvaro Uribe Vélez. El informe señala que el 16 de noviembre de 1996, los paramilitares se llevaron por la fuerza de allí al trabajador Dairon Olarte Castaño, sin que hasta hoy se conozca su paradero. En esta hacienda se presentaron permanentes conflictos laborales que dieron lugar a la organización de los trabajadores. En 1978, ante la imposibilidad de acabar con el sindicato, Uribe Vélez decidió donar la propiedad a las familias que laboraban allí. No obstante, como dice el informe, luego de la donación “sobrevino una brutal represión militar y paramilitar contra dichas familias”. El Ejército acusaba a los trabajadores de “haberle robado la finca al doctor Uribe”. En esa denuncia se indica, asimismo, que otras dos propiedades del Presidente, las haciendas San Cipriano y Guacharacas, fueron tomadas como base de operativos de la Brigada 14 del Ejército, que conllevaron graves violaciones a los derechos de la población y hechos de connivencia con los grupos paramilitares de la región. Según lo señalan las organizaciones campesinas locales hasta el 2002, año en que se posesionó el Presidente, el número de víctimas de homicidio y “desaparición” dentro de este mismo caso colectivo llegaba a 12 personas.

Si se toman en consideración las repercusiones que puede tener la dilucidación plena de crímenes como éstos, se entiende bien el porqué de los obstáculos que se quieren colocar al esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia, y de sus nexos con las élites políticas.

Desde hace varias décadas las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos vienen documentando esta clase de situaciones. Un nuevo paso en este proceso de resistencia a la impunidad es la conformación del Movimiento Nacional de Víctimas y Sobrevivientes de Crímenes de Estado, que tiene lugar este fin de semana en un encuentro que llevan a cabo sectores que han sido sometidos a graves violaciones a los derechos humanos, y a procesos de exterminio físico y social. Este movimiento surge como respuesta a la ley de impunidad que pretende silenciar la verdad de crímenes como los de la hacienda La Mundial.

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