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Septiembre 21 de 2005

Políticas del gobierno socavan el estado de derecho

Comisión Internacional de Juristas

Jueves 22 de septiembre de 2005

"Las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del estado de derecho y a la consolidación de la impunidad", dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en un nuevo informe publicado hoy.

El informe documenta cómo la legislación, adoptada o anunciada por el Gobierno en el marco de su política de seguridad democrática, desmantela el estado de derecho, socava la independencia del poder judicial y agrava la situación de derechos humanos.

Asimismo, la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de "Justicia y Paz") que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

Desde el principio del proceso, miles de paramilitares se desmovilizaron a pesar de seguir cometiendo centenas de crímenes, tales como asesinatos y desapariciones forzadas. "Este proceso, lejos de haber sido transparente, nunca ha sido acompañado por un mecanismo de verificación efectivo. Antes que permitir superar el paramilitarismo, consolida el poder político y económico de los paramilitares.", dijo la CIJ.

En sus recomendaciones, la CIJ llama al Gobierno colombiano a revisar su política de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar cualquier legislación que contribuya a la impunidad. Asimismo, la organización exhorta al Gobierno a tomar medidas para el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares y para que los miembros de la Fuerza Pública implicados en actividades paramilitares, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, sean llevados ante la justicia ordinaria.

Asimismo, la CIJ llama a la comunidad internacional a que asegure que toda estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho.

"Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto.", concluyó la CIJ.

Para mayor información, sírvase contactar con Isabelle Heyer al + 41 22 979 38 00.

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