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San José de Apartadó : “piedra de toque” de los derechos civiles y políticos en los tiempos de la “seguridad democrática”

Javier Giraldo M., S.J.

Martes 18 de octubre de 2005

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea de la ONU en 1966 y en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, traza un perfil del CIUDADANO-SUJETO de esos derechos que solo es compatible con un Estado realmente democrático. En efecto, el derecho a la vida se considera inherente a la persona y debe ser protegido por la ley con cautelas extremas, incluso en caso de que el Estado Parte incorpore legalmente la pena de muerte. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están proscritos, así como toda modalidad de esclavitud y de trabajos forzados. La libertad y seguridad del ciudadano no pueden ser vulneradas por el Estado y la detención o prisión solo son permisibles si se cumplen estrictos procedimientos legales que evitan la arbitrariedad. En caso de detención legal, el ciudadano tiene un amplio elenco de derechos que salvaguardan su dignidad y su presunción de inocencia hasta no ser probada su culpabilidad. Los procedimientos deben garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y el respeto a la dignidad humana. El derecho a la libre circulación, así como a salir del país y volver a entrar en él, tiene que ser respetado. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada ciudadano son principios básicos y las leyes e instituciones tienen como fin primordial proteger a todo ciudadano de injerencias o ataques de otros, así sean éstos agentes del Estado en cualquier rango. Se presupone que ningún ciudadano puede ser coartado en su libertad de pensamiento, de conciencia y de opinión, libertades que demandan a su vez las de información, de expresión, de reunión y de asociación. Pero, además, al reconocer estos derechos, todo Estado se obliga a crear mecanismos efectivos y rápidos para que las personas cuyos derechos sean violados, puedan quejarse y obtener un rápido restablecimiento y reparación.

La Constitución colombiana de 1991 incorporó todos estos derechos y mecanismos en su texto. Ya desde el Título introductorio que define los principios esenciales del Estado, afirma que éste tiene como objetivo “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” y que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (Art. 2). Pero además complementó y amplió algunos derechos: garantiza la libertad de conciencia con toda claridad y amplitud (Art. 18) y consagra el derecho a la paz como de obligatorio cumplimiento (Art. 22); crea como mecanismo de restablecimiento rápido de los derechos violados la Acción de Tutela (Art. 86), la Acción de Cumplimiento (Art. 87) y otras acciones colectivas de defensa y protección de derechos (Art. 89).

Todo producto, sin embargo, es susceptible de corrupción, unas veces desde su misma apariencia externa, otras en estratos más ocultos. En el arte de la orfebrería se utilizó durante mucho tiempo el instrumento de la PIEDRA DE TOQUE para probar artesanalmente la calidad del oro y de la plata: se utilizaba una piedra dura, ordinariamente de jaspe arenoso negro, para frotar contra ella un supuesto objeto de oro o plata en contacto con ácido nítrico, formando una raya sobre la piedra y comparando luego esta raya con otra formada por una barrita de prueba cuya ley de aleación era conocida, también en contacto con ácido nítrico. Esos toques comparativos sobre la piedra de toque permitían probar la calidad del metal precioso. Por eso el término PIEDRA DE TOQUE ha pasado a significar un instrumento que sirve para probar la autenticidad y calidad de una cosa.

Aquí se hace referencia a la situación que está viviendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, objeto en los últimos meses de controvertidas decisiones del Presidente Uribe y víctima en los últimos 9 años de centenares de agresiones que afectan los derechos civiles y políticos de sus pobladores, para calibrar el grado de respeto que el Gobierno Uribe Vélez profesa, en la práctica, por los derechos civiles y políticos de los colombianos. Un viejo proverbio rezaba: en la necesidad se conoce al verdadero amigo, y se puede parodiar afirmando que en las coyunturas conflictivas se ponen a prueba la verdadera convicción y el verdadero compromiso de un gobierno en materia de respeto a los derechos ciudadanos.

El derecho base de todos los derechos humanos es el DERECHO A LA VIDA. Los pobladores de San José vivieron durante muchos años enterrando a sus parientes y vecinos que caían asesinados en la confrontación permanente entre ejército/paramilitares y guerrilla. Todos los bandos los presionaban para trabajar con ellos como militantes armados o desarmados, asesinándolos muchas veces por no querer colaborar o por sospechar que le colaboraban al contrario. En 1997 decidieron afirmarse enfáticamente como población civil y exigir a todos los actores armados que respetaran su decisión y no trataran de involucrarlos a la fuerza en la guerra. Redactaron un Reglamento estricto que definía su no colaboración con ninguna estructura armada, así como mecanismos de verificación y control. Los que quisieron comprometerse y organizarse así, conformaron la Comunidad de Paz. Pero comenzaron entonces a ser perseguidos por ser Comunidad de Paz.

El ejército, en unidad de acción con los paramilitares, ha asesinado desde entonces a 145 pobladores y la guerrilla a 20. Militares, policías y paramilitares han estado anunciando durante varios años, en sus patrullajes por las veredas y carreteras de acceso, que la Comunidad va a ser exterminada y que si no logran que sus líderes vayan a la cárcel, serán asesinados. El 21 de febrero de 2005, otros dos líderes de la Comunidad con sus familias fueron masacrados con formas extremas de sevicia. Desde hacía muchos meses uno de ellos, Luis Eduardo Guerra, venía siendo víctima de atropellos, amenazas y chantajes en retenes militares. El ejército negó haber perpetrado el crimen pero muchas evidencias aportadas por numerosos campesinos pobladores de la zona y por personas que acompañaron a las víctimas hasta instantes antes de su ejecución, no dejan duda sobre ello.

El Presidente Uribe, sin expresar ninguna condolencia ni rechazo al crimen, ordenó pocos días después que la fuerza pública se instalara en los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz, quebrantando así uno de los principios básicos de su Reglamento que exige no convivir con ningún grupo que porte armas. En muchas ocasiones anteriores en que patrullas de la fuerza pública habían entrado violentamente al poblado, burlándose del Reglamento de la Comunidad y obligando a los tenderos a venderles alimentos bajo amenazas de muerte o tortura, afirmaron que querían instalarse allí para que la Comunidad volviera a ser objetivo militar de la guerrilla. Pocas semanas después, el 26 de junio de 2005, se presentaron enfrentamientos entre la guerrilla y el puesto de policía asentado en el caserío de donde se habían desplazado los integrantes de la Comunidad de Paz el 1º de abril. Nuevamente la zona volvía a convertirse en zona de guerra. Ejército, policía y paramilitares tomaron pretexto en ello para atacar nuevamente a la Comunidad, ahora desplazada y sometida a incontables penurias. En la noche del 29 de junio dispararon sus armas contra el asentamiento de los desplazados -“San Josesito”- para aterrorizar nuevamente a la Comunidad. El ambiente de guerra que se ha reinstalado en la zona ha hecho que la fuerza pública renueve las amenazas de exterminio contra la Comunidad.

El DERECHO A LA LIBERTAD es otro de los derechos que conforman el núcleo básico de la dignidad humana y se concreta en el respeto a las normas nacionales e internacionales que proscriben la detención arbitraria, salvaguardan el debido proceso en caso de detención legal y prohíben inhibir por el temor las actividades cotidianas de sana convivencia y de lucha por la subsistencia digna.

Sin embargo, numerosos pobladores de San José han sido detenidos por el ejército ilegal y arbitrariamente. En las denuncias que se han puesto en manos del Presidente y de los organismos de control del Estado, se han reseñado 75 detenciones arbitrarias hasta febrero de 2005, sin contar los casos de desaparición forzada.; sometidos a torturas en la Brigada 17 por el Coronel Néstor Iván Duque

Entre el 12 y el 27 de febrero de 2004 el Coronel Duque sometió a torturas al menos a 5 integrantes de la Comunidad de San José, quienes fueron puestos en libertad posteriormente por recursos de Habeas corpus. En los meses posteriores varios campesinos más fueron torturados por sus tropas en las veredas. Han sido puestos en conocimiento de todas las autoridades 45 casos de tortura, sin contar los numerosos casos de amenazas y desplazamientos.; han sido víctimas de acusaciones falsas; sometidos a montajes judiciales

Entre los numerosos casos de falsas acusaciones y chantajes se puede mencionar el de Lubián Tuberquia, caso conocido mediante testimonio vivo y directo, por funcionarios de los Ministerios del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, por la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Oficina de las Naciones Unidas y varias Embajadas. A Lubián lo quisieron obligar el 7 de febrero de 2003 a declarar en la Fiscalía de Apartadó que los líderes de la Comunidad de Paz eran guerrilleros, y si no lo hacía, lo acusarían a él mismo de ser miliciano, con el apoyo de testigos falsos.; reseñados, fotografiados y ultrajados en los retenes militares y paramilitares que se alternan en los caminos

La toma de fotografías en los retenes militares se ha vuelto una práctica común y cuando los pobladores preguntan cuál es el objetivo, los militares dan muchas respuestas contradictorias. El domingo 17 de agosto de 2003 un joven de apellido Úsuga fue retenido en la salida de San José hacia La Unión. Los militares le pidieron esperar a que trajeran el album de fotografías para comprobar si él estaba en la lista de personas “que tienen problemas”. Al encontrar su fotografía en el gigantesco album (fotografías tomadas en los retenes), le dijeron que él no iba a ser detenido sino que iba a ser “víctima”, pero que en el momento no podían proceder porque había presencia de mucha gente; que era necesario sorprenderlo solo, para proceder., y sus viviendas y mercados saqueados y sometidos al robo y al pillaje por los agentes del Estado

Muchas veredas son sometidas al pillaje en las incursiones militares. Una de las más victimizadas ha sido la vereda Mulatos, donde repetidas veces han quemado cultivos, destruido viviendas, robado animales, dinero, herramientas y enseres. Al Presidente Uribe se le ha pedido insistentemente obligar al ejército a que devuelva 10 animales de carga robados por los militares el 24 de agosto de 2004 en la vereda Mulatos, dado que ello representa una verdadera ruina para la pobrísima economía de esos campesinos que ahora no tienen cómo sacar a vender sus escasos productos.

Toda la lógica de esta agresión sistemática contra la libertad se inscribe en una estrategia inocultable: deslegitimar a la Comunidad de Paz para destruirla. Se la deslegitima con acusaciones continuas de que está al servicio de la guerrilla, tanto la Comunidad en sus objetivos, acciones y planes, como sus líderes, acompañantes e integrantes. Tales acusaciones las formulan, ya las patrullas militares, policiales y paramilitares que recorren permanentemente el territorio, tomándolas como justificación de toda suerte de amenazas, ultrajes y detenciones; ya fiscales, jueces y magistrados, mientras transgreden las normas del debido proceso.

En marzo de 2003 funcionarios de varios ministerios y altas dependencias del Estado, así como diplomáticos y agentes de las Naciones Unidas escucharon el testimonio de un joven extorsionado por ejército y fiscalía para que acusara de “guerrilleros” a los líderes de la Comunidad de Paz a cambio de escapar a un montaje judicial donde lo procesarían como “miliciano” con el apoyo de falsos testigos. Ninguna autoridad hizo nada para sancionar a los culpables de la extorsión ni para evitar que tal práctica continuara. El hecho se ha repetido numerosas veces en los retenes, donde primero se acusa a los campesinos de ser “guerrilleros” y minutos después, cuando han logrado impactarlos psicológicamente con el temor que produce la perspectiva de montajes exitosos, les hacen todo tipo de ofertas derivadas de las políticas oficiales de “reinserción”, a condición de que acepten acusar a los líderes de la Comunidad de ser guerrilleros. Algunos jóvenes han cedido a los halagos económicos y de poder que les ofrece la Brigada 17 y hoy día conforman un grupo de supuestos “desertores de la guerrilla” que apoyan los planes de estigmatización que el ejército ha diseñado contra la Comunidad de Paz y se movilizan ilegalmente armados y uniformados por el territorio. Varios integrantes de la Comunidad, al ser detenidos ilegalmente en la Brigada 17, han comprobado la presencia ilegal en esas dependencias de paramilitares reclutados de esa forma en el territorio de San José. Wilmar Durango ha afirmado públicamente que le pagan 600.000 pesos mensuales por declarar y decir lo que los militares le digan que hay que decir. Samuel Tuberquia ha sido utilizado por el Coronel Duque para lanzar falsas acusaciones en presencia de sus mismas víctimas. A Gloria Tuberquia la obligaron a firmar y declarar numerosas falsedades bajo el chantaje de quitarle a su niña de 9 meses, luego de mantenerla detenida ilegalmente en la Brigada por varios meses.

A pesar de que ejército, policía y paramilitares recorren constantemente el territorio de la Comunidad pisoteando su Reglamento y ultrajando a sus moradores, nunca han logrado capturar a un solo guerrillero en los espacios de la Comunidad. Por ello tienen necesidad de “probar” que la Comunidad “está al servicio de la guerrilla” solo a base de falsos testimonios. Pero el contenido de esos testimonios extorsionados solo logra referir, en su gran mayoría, tenues contactos con la guerrilla en épocas anteriores al nacimiento de la Comunidad de Paz, cuando no colaborar con ella era arriesgarse a tener que abandonar el territorio, o simples encuentros en las montañas para solicitarle a los insurgentes respetar el proceso de paz. Esta práctica de los falsos testigos extorsionados se exhibió con toda la obcenidad posible en plena sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 25 de mayo de 2005, cuando el General retirado Jaime Alberto Canal, vocero y abogado de las fuerzas armadas acusadas de perpetrar la masacre del 21 de febrero, presentó sin pudor a 4 falsos testigos que profirieron toda clase de falsedades ante dicho auditorio. Dos de ellos habían sido torturados por el Coronel Duque y luego sometidos a montajes judiciales, apareciendo luego como “guerrilleros reinsertados”. Como rehenes de sus propios torturadores, estas víctimas fueron utilizadas sin pudor alguno para mentir y calumniar, gracias al amordazamiento de su libertad que sus victimarios lograron en un prolongado proceso de montajes, torturas, amenazas y sobornos.

Uno de esos falsos testigos era Elkin Darío Tuberquia, detenido primero el 12 de marzo de 2004 y, luego de quedar libre gracias a un recurso de Habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo, detenido por segunda vez el 22 de diciembre de 2004. Luego de su primera detención relató las torturas a que fue sometido por el Coronel Néstor Iván Duque y otro militar a quien llamaban “Mi Primero Esteban”: el Coronel le retuerce el cuello de la camisa hasta casi ahorcarlo; lo levanta del piso desde el cuello retorcido y desde el cabello dándole golpes en la cabeza contra un muro y patadas en el estómago. Luego de molerlo a golpes llega con un celular en mano y le dice que si no “confiesa” lo entregará a paramilitares que están ya esperando en la puerta para asesinarlo. Le advierte que tiene 10 personas listas para acusarlo (otros jóvenes que han cedido a las presiones para hacer acusaciones falsas bajo amenazas o sobornos). Cuando llega el Defensor del Pueblo, el Coronel le dice que Elkin está colaborando voluntariamente con el ejército. Luego de relatarle historias falsas sobre los líderes de la Comunidad y sobre el cultivo y comercialización del cacao, que según el Coronel es “para la guerrilla”, el Coronel le exige a Elkin que se declare guerrillero y declare que en San José se mantiene presente la guerrilla; si no lo declara, los paramilitares lo matarán en la puerta, o en caso de que vaya a la cárcel, en la cárcel lo matarán. Elkin explica que él colaboró con la guerrilla doce años antes y que ya pagó tres años de cárcel por ello, pero que hace tiempo no está con la guerrilla, lo que es corroborado por otro de los paramilitares que asisten al Coronel Duque. Luego llega “Mi Primero Esteban” con una cámara de video y le dice que se pare frente a ella y se declare guerrillero. Cuando Elkin repite su historia real, el oficial “Esteban” y el Coronel Duque comentan que no va a haber más remedio que entregárselo a los paramilitares para que lo maten. Elkin sería sometido luego a un montaje judicial que está ya suficientemente esclarecido y fue analizado ante miembros del Parlamento el 25 de mayo, el mismo día que él declaró ser “reinsertado de las FARC” y acusó a la Comunidad de San José de “trabajar con la guerrilla”. La mordaza a su libertad es más que evidente, pero los organismos de control del Estado y el mismo Presidente Uribe han preferido silenciarla, encubrirla y negarla, para beneficiarse de su discurso extorsionado que favorece sus planes de exterminio de la Comunidad.

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