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Hoy conmemoración de los 40 años de la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres Restrepo

Mensaje al Pueblo Colombiano[1]

Movimiento de agentes de pastoral SHEAR YASHUB (UN RESTO VOLVERÁ)

Miércoles 15 de febrero de 2006

“El Resto de Israel y los sobrevivientes de la Casa de Jacob, dejarán de apoyarse en el que los hiere ... Un Resto volverá ... Aunque fuera tu pueblo, oh Israel, tan numeroso como la arena del mar, solo un Resto volverá” (Is. 10, 20-22)

La situación que vivimos en Colombia es cada vez más interpelante para nuestra fe cristiana. Hemos tratado siempre de dejarnos cuestionar por ella en numerosos grupos de agentes de pastoral que vivimos las angustias de nuestro pueblo, pero hay momentos en que la memoria nos pide expresar más públicamente nuestro sentir, sobre todo cuando percibimos que grandes masas de cristianos quedan atrapadas en las lecturas encubridoras o inmediatistas de una opinión pública sutilmente amordazada.

Hace cuarenta años, el 15 de febrero de 1966, moría en combate, en nuestras montañas, el Padre Camilo Torres Restrepo. Sus palabras y su testimonio sacudieron con fuerza a los cristianos de América Latina y del mundo en aquel momento y continuaron siendo “bandera de contradicción” durante las décadas siguientes. Muchas reflexiones, experiencias y tomas de posición se han ido configurando en la Iglesia durante estas décadas, que tratan de enfrentar de una u otra manera el conflicto social y armado que vivimos. Por mucho que queramos dar por superados los problemas y desafíos que Camilo señaló, éstos se reeditan continuamente sin dejar tranquilas nuestras conciencias. Allí reside la necesidad y la fuerza de los PEQUEÑOS RESTOS del Pueblo de Dios que necesitan VOLVER a sumergirse en lo que nunca fue esclarecido y aplacado y que como una zarza ardiente ( Ex. 3,2-3) sigue sacudiendo mentes y corazones.

La memoria interpelante de Camilo nos invita a los cristianos a volvernos a plantear muchas preguntas sobre el conflicto en el cual vivimos sumergidos desde hace varias décadas: ¿cómo enfrentar desde la fe el conflicto mismo?; ¿cómo enjuiciar el modelo económico en el cual estamos viviendo, y en momentos en que se radicaliza la globalización?; ¿cómo enjuiciar cristianamente la impunidad que pretende legitimarse en forma radical?; ¿qué pensar sobre el actual panorama político?


1. El conflicto social y armado

Colombia es un país marcado en los últimos 50 años por un conflicto social y armado que ha cobrado centenares de millares de víctimas y producido daños irreparables en todos los campos. Al mismo tiempo es un país con creencias religiosas, predominantemente cristianas, profundamente arraigadas. Esto explica que todos los bandos armados de la guerra, tanto las fuerzas armadas oficiales, como paramilitares e insurgencia, hayan elaborado discursos que legitiman la participación en la guerra desde sus distintas perspectivas, apelando todos a elementos teológicos del Cristianismo.

Algunos creen que en el conflicto armado que vivimos participan tres actores, apoyándose en la versión que el mismo Estado ha difundido, según la cual, los paramilitares surgieron por iniciativas privadas de sectores ricos que eran víctimas de las guerrillas. Muchos de los que asumen esta versión, distinguen un actor legal (la fuerza pública oficial) y dos actores ilegales (paramilitares e insurgencia), y opinan que es necesario apoyar al “actor legal” y condenar simétricamente a los “dos actores ilegales”, con el fin de restablecer la paz. El “actor legal” tendría esa misión y habría que apoyarlo aunque cometa “excesos”, los cuales serían “marginales” y el Estado se esforzaría por corregirlos.

Para otros es muy claro que el paramilitarismo desde su origen constituye una política de Estado, diseñada desde los Estados Unidos como mecanismo para poder “violar las leyes de la guerra” en favor de sus intereses y para exterminar maneras de pensar contrarias al sistema vigente. Para quienes consideramos verídica esta versión, el conflicto solo se desarrolla entre dos actores: Estado e Insurgencia, pues los paramilitares son el brazo no reconocido del Estado pero que debe su existencia, protección e impunidad al Estado.

Ordinariamente cuando se toma posición frente al conflicto armado desde sensibilidades que apelan a la fe, se enjuician los medios de guerra, o sea las formas de violencia que destruyen vidas y lesionan facultades humanas fundamentales, la mayoría de las veces con formas de crueldad que hieren profundamente los sentimientos y las convicciones morales. Quienes limitan sus análisis al campo de los medios, ordinariamente conciben la paz como un “cese de fuego”, postergando cualquier análisis o toma de posición frente a los fines de la guerra, o sea, frente a lo que cada actor busca a través de la guerra.

Quienes no se quedan en el campo de los medios sino que en su discernimiento moral abarcan el campo de los fines, consideran que la paz solo puede ser paz cuando es fruto de la justicia y que un análisis sincero del problema de la justicia tiene que afrontar el conflicto armado como expresión lamentable de un conflicto social que no ha encontrado otro tipo de soluciones adecuadas. Pero adentrarse en el campo de los fines, exige esfuerzos que van más allá del análisis de los problemas inmediatos y situarse por encima de una ética que solo enfrenta efectos y no causas; medios y no fines; sensibilidades marcadas por egoismos o individualismos y no por responsabilidades sociales. Se impone un esfuerzo por pasar de los efectos a las causas y por analizar las complicadas tramas que se forman entre causas y efectos, lo cual es difícil de hacer sin echar mano de algún instrumento de análisis social.

Condenar el conflicto sin entrar a enjuiciar lo que busca cada uno de los actores dentro del mismo, es quedarse encerrado en el mundo estrecho y dependiente de los medios. Enjuiciar el conflicto armado desviando la mirada del conflicto social que lo determina, es limitarse a enfrentar los efectos negándose a enfrentar las causas. Propender por una paz entendida como ausencia de disparos, es pretender darle la espalda a la concepción bíblica y filosófica de la paz como efecto de la justicia, tal como lo resaltó la Conferencia del CELAM de Medellín en 1968[2] y el mismo Concilio Vaticano II.

Los análisis que se encierran en el campo de los medios también llevan a muchos cristianos a interpretar el conflicto armado colombiano como un conflicto “entre actores armados”, e incluso muchos llegan a pensar que los bandos armados (sean dos o tres) se enfrentan por causas que no le interesan al resto de la sociedad, y que por eso hay que luchar para que el conflicto armado no afecte al resto de la sociedad sino que se desarrolle exclusivamente entre los que tienen armas, no sin invitar a los armados a que utilicen otros métodos para solucionar de manera más civilizada “sus diferencias”.

Tal posición, que tranquiliza muchas conciencias y alienta opciones pacifistas entendidas como una marginación de la guerra, se basa en una imagen muy deformada del verdadero tipo de guerra que vivimos en la cruda realidad, donde el más elevado porcentaje de víctimas, bordeando el 90%, son personas civiles y desarmadas. Ellas no mueren ni desaparecen por caer en “cruces de fuegos ajenos”, sino porque la guerra fue diseñada desde un comienzo para eliminar formas de pensar que no se acomoden al modelo de sociedad que representa los intereses de los sectores económicos y políticos más poderosos y no para eliminar combatientes armados de otro bando. En este rasgo esencial y determinante de nuestro conflicto incide la política de Estado que lleva a calificar como “combatientes” a quienes militan en numerosos movimientos sociales y políticos que han optado por vías pacíficas y legales de lucha, pero que mueren, son desaparecidos, torturados, encarcelados, desplazados y perseguidos bajo la etiqueta de “insurgentes”, única forma que ha encontrado el Estado de “legalizar” su eliminación.

La misma estrechez de visión que lleva a muchos a limitar sus análisis al campo de los medios, los está llevando también, en la coyuntura actual, a asimilar una falsa visión del paramilitarismo, de su trayectoria y de su estrategia, llegando a creer en la “paz paramilitar”. En primer lugar, la ignorancia sobre todas las circunstancias que dieron origen al paramilitarismo como política de Estado en 1962[3], así como sobre su desarrollo posterior en el organigrama militar oficial, a través de los manuales de contrainsurgencia y de otros instrumentos que pretendieron darle un estatus “legal”, es una ignorancia que lleva a considerar a los paramilitares como un “tercer actor” en la guerra, y ese falso carácter de “actor independiente del Estado” ha proporcionado los fundamentos para que se crea en una “negociación de paz” entre Estado y paramilitarismo, la cual es en estricto sentido, para quienes no ignoramos su verdadera historia, naturaleza y desarrollo, una negociación del Estado consigo mismo.

Pero, además, muchos no alcanzan a lanzar miradas panorámicas para intentar comprender las diversas fases que el paramilitarismo ha recorrido y, a través de ellas, tratar de comprender su estrategia. Mucha gente interpreta el supuesto “ablandamiento” del paramilitarismo como un proceso de “civilización” del mismo, al verlos disminuir su barbarie y al observar su participación en ceremonias de “entregas de armas” y de “negociaciones de paz”, sin entender que todo ello hace parte de una estrategia que tiene etapas calculadas para lograr el dominio progresivo de una sociedad a la cual pretenden impedirle que alcance niveles de justicia elemental. En efecto, el paramilitarismo se ha implantado en todas las regiones a través de etapas de terror, acompañadas de grandes masacres y desplazamientos masivos, eliminando toda una generación de líderes sociales y erradicando numerosos espacios reivindicativos y democráticos. Una vez que van sometiendo a las poblaciones a su dominio, pasan a una segunda fase de represión más selectiva. Cuando logran cierto nivel de sometimiento y cooptación, pasan a una tercera fase que consiste en controlar la organización de las comunidades con discursos menos violentos que incorporan un lenguaje de “progreso”. En una cuarta fase, que es la que vivimos predominantemente bajo el actual gobierno, van consolidando un gran poderío económico y político en el cual los dineros y las hojas de vida sucias se van “purificando” por múltiples mecanismos de impunidad, llevando a extremos inconcebibles la corrupción de un Estado del cual se van apoderando por numerosas estratagemas “legalizadas”.

Algunas veces se alcanza a percibir la evolución de las formas del paramilitarismo, pero no se alcanza a leer esa evolución como estrategia que tiende a la construcción de un país de pensamiento único al servicio de capitales trasnacionales, como se ha ido evidenciando en las últimas fases, donde la misma disminución cuantitaiva de ciertas formas de violencia obedece a las exigencias de fases más avanzadas de control social y de eliminación de alternativas sociales, que para ser aceptables a la opinión internacional, deben revestir formas menos bárbaras y de mayor apariencia legal, como la proliferación de detenciones arbitrarias, el control político del aparato judicial y la imposición del espionaje ideológico a los más altos niveles, con cinco millones de “informantes/cooperantes”, entre los cuales se ubican los miles de paramilitares legalizados e impunes.

No podemos, pues, quedarnos enclaustrados en la moralidad de los medios. Continuamente descubrimos que, atrincherados en motivaciones cristianas que solo se enfrentan a lo inmediato, nos ponemos al servicio de estrategias diabólicas.


2. El modelo económico y su radicalización

Lo que está en juego en el corazón de las luchas sociales y políticas y en el mismo conflicto armado, es la permanencia o la transformación del modelo económico que se nos impone.

Muchos conciben la sociedad como una suma de individuos y se imaginan que los cambios se producen por sumas de decisiones individuales, proyectando la sociedad como configurada por capas sociales inmodificables, llamadas a vivir en armonía unas con otras, sin sospechar que las diferencias entre ellas obedecen a estructuras modificables, en las cuales hunden sus raíces los conflictos. Hay cristianos que creen que hablar de diferencias entre ricos y pobres es algo “pasado de moda” o algo que revela una opción por ideologías que incentivan la violencia haciéndole daño a la fe.

Establecer como principio rector de la economía la rentabilidad del capital y el incentivo del lucro, equivale a optar por estructuras económicas generadoras de injusticias y violencias. Pero someter las economías nacionales a esas mismas prioridades y principios bajo tratados de sometimiento a países ricos que han logrado dominar y someter a sus propios intereses los mercados mundiales, equivale a multiplicar en grandes proporciones las violencias y a incentivar los conflictos.

Las clases dominantes en Colombia han entregado nuestros recursos y nuestro desarrollo, en los dos últimos siglos, al capital extranjero, principalmente estadounidense. A comienzos de los años 90, los presidentes Barco y Gaviria impusieron el modelo de la apertura neoliberal, privatizando muchos recursos naturales, las empresas más competitivas y la banca nacional. La ruina que se experimentó entonces en muchos sectores de la economía nacional; la elevación de las tasas de pobreza, de desempleo y de miseria; el despoblamiento de los campos y el recurso a economías clandestinas apoyadas en el comercio de bienes de uso ilícito, todo demostró que ese modelo solo favorecía a los grandes capitales trasnacionales y a capas nacionales muy ricas y pequeñas que se articulaban a dichos capitales.

Pero a pesar de las ruinas sociales que dicho modelo ha causado, una ideología disfrazada de ciencia económica ha tratado de convencer a la opinión mundial de las “ventajas” de un pretendido comercio libre a nivel mundial, que camufla profundas desigualdades; ventajas reales para los más ricos y desventajas reales para los más pobres. Aferrado a esas inocultables ventajas que arruinan a sus víctimas, los Estados Unidos han venido imponiendo la estrategia de crear un Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- , estrategia que, al encontrar numerosas dificultades prácticas y políticas, se ha venido transformando en Tratados de Libre Comercio -TLC- firmados con bloques de países. Hace 10 años se firmó uno entre los países de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), y más recientemente se firmó otro con los países de Centroamérica y el Caribe, mientras la región andina (Colombia, Ecuador y Perú) han venido negociando el suyo.

La experiencia de México, que ya permite una evaluación, revela lo desastroso que ello ha sido: el capital extranjero se ha volcado sobre México, pero no para desarrollar su mercado interno sino para someter su economía a la dinámica de exportaciones e importaciones de acuerdo a las necesidades de las empresas estadounidenses, que son destinatarias del 86% de las exportaciones mexicanas y proveedoras de más del 50% de las importaciones que hace México. Todo esto ha llevado a una enorme concentración de los ingresos con crecimientos muy pobres del aparato productivo; de la fuerza de trabajo; de las actividades agrícolas y con aumentos exagerados del trabajo informal y del desempleo.

Las ventajas que los Estados Unidos pretenden establecer sin pudor alguno causando ruinas y conflictos en numerosas instancias de la sociedad colombiana, han provocado incluso la oposición de algunos gremios que se sienten perjudicados y de la mayoría de los movimientos sociales.

Frente a este modelo demoníaco, se alza otra alternativa que se ha originado en la Venezuela bolivariana de los últimos años: la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe - ALBA- , donde se propone estructurar la economía, no ya sobre el lucro y la rentabilidad del capital, sino en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los acuerdos de integración económica entre países se estructurarían en función de un desarrollo endógeno nacional y regional que corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida de los pueblos.

Un discernimiento moral para los cristianos no tropieza en este caso con ninguna duda: optar por modelos económicos centrados en el lucro de unos pocos mientras las grandes mayorías se hunden en el desempleo, la miseria y el hambre, es algo rotundamente inmoral. Optar por modelos económicos diseñados con miras a incrementar la calidad de vida de todos y a solucionar las necesidades básicas sin discriminaciones, es un imperativo para los cristianos.

Quisiéramos estimular a todos los cristianos que participan en movimientos contra el TLC y el ALCA y agradecer a nuestros pueblos indígenas que hayan tomado la iniciativa de impulsar una consulta popular contra el TLC. Estamos convencidos de que un modelo tan inhumano solo puede imponerse mediante la coerción , como ocurrió con el primer experimento latinoamericano de ese género en el Chile de Pinochet.

Hoy Colombia se desangra al ritmo del avance de este modelo, pues el paramilitarismo con sus estrategias de destrucción y muerte escolta a numerosas multinacionales que a lo largo y ancho del país se apoderan a sangre y fuego de nuestros recursos, sin condicionarse a un Tratado de Libre Comercio.

3. La Impunidad

Durante muchas décadas, las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familias han esperado verdad, justicia y reparación pero solo han hallado impunidad. La acción judicial en Colombia solo afecta a los pobres y la mayoría de las veces, siendo inocentes. Al humilde se le lleva a la cárcel por cualquier banalidad pero al que destruye vidas a granel, si actúa del lado del Estado o del Establecimiento, nunca se le enjuicia.

Todos los organismos internacionales que observan el caso colombiano han denunciado desde hace muchos años que la impunidad es la moneda corriente que proteje a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, nunca antes se había asistido a una institucionalización tan atrevida de la impunidad como en el actual gobierno, el cual ha diseñado una estrategia en favor de los paramilitares, responsables de más del 80% de los crímenes más horrendos en la última década, de modo que puedan “limpiar” su pasado impunemente e instalarse en un nuevo estatus de relación con el Estado, avanzando en nuevas fases hacia el logro de sus objetivos fundacionales: impedir la existencia y el desarrollo de maneras de pensar y movimientos que propendan por un orden social alternativo al vigente.

Las leyes y decretos sancionados en el actual gobierno establecen un generoso indulto para quienes se acojan a las ficticias “desmovilizaciones” que se han ido ritualizando, apoyándose en el hecho de que la inmensa mayoría de los paramilitares nunca ha utilizado su nombre ni su documento de identidad y por lo tanto sus hojas de vida en los archivos de la justicia están “limpias”; así no tienen que responder individualmente por los crímenes de lesa humanidad que han perpetrado ellos ni sus estructuras, pues las leyes no contemplan ningún mecanismo para esclarecer la responsabilidad colectiva ni para garantizar ninguna reparación a sus víctimas. Para la pequeña minoría de jefes paramilitares identificados y cuya participación en horrendos crímenes es inocultable ante el país y el mundo, se diseñó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05) que coloca bajo la ilegítima decisión del poder ejecutivo la elaboración de la lista de quienes deberán someterse a ella, para los cuales se han contemplado procedimientos y penas de extremo privilegio que desconocen principios tan elementales de la justicia como el de la igualdad de todos ante la ley, sin contemplar tampoco mecanismo alguno efectivo que favorezca el esclarecimiento de la verdad y la reparación de lo que fue destruido. Por añadidura, la ley entroniza a los paramilitares en un estatus de “delincuencia política” al tipificar su actividad como “sedición”, con el fin de hacerlos beneficiarios de amnistías e indultos y de blindarlos frente a demandas de extradición o frente a otras consecuencias judiciales del delito común.

Muchos cristianos se han dejado arrastrar por eslóganes de perdón y olvido, convencidos de que la desmovilización de un actor violento de tan inmensas proporciones es un factor positivo para el logro de la paz. La falta de elementos de análisis que les permitan trascender los rituales de las ficticias desmovilizaciones y descorrer el velo que oculta sus perversas estrategias políticas, los lleva a hacer opciones que se fundan en interpretaciones no cristianas de la reconciliación y de la justicia.

Como afirmó el obispo mártir de Guatemala, Monseñor Juan Gerardi, “la verdad y la justicia concebidas a la luz del Evangelio, no son sinónimos de venganza”. La justicia se expresa en la necesidad de corregir y enderezar lo que deshumaniza a las personas y a los pueblos, siendo la sanción solo un factor que debe armonizarse con otras dimensiones de la corrección. La reconciliación cristiana está lejos de identificarse con el olvido o la impunidad, pues desde tiempos remotos definió su autenticidad mediante requisitos que se difundieron en los más tradicionales catecismos: reconocer el error cometido y confesarlo ante la comunidad; arrepentimiento y compromiso con un cambio de actitud, y reparación de lo que fue destruido o dañado.

Ni la verdad ni la justicia ni la reparación que reclaman las víctimas son factores que incidan en la continuidad de la violencia; son los requisitos más elementales que revelan cuándo la superación de la violencia es auténtica y no una farsa que encubre violencias más destructivas.


4. El panorama político

Pocas cosas han cambiado en las costumbres políticas en los últimos cuarenta años. El mundo corrupto que denunció Camilo, de unos partidos que fingían programas que nunca cumplían y la maquinaria electoral fraudulenta que lo llevó a afirmar que “el que escruta elige”, se mantienen aún. Si bien en la última década se han adoptado mecanismos modernizantes en el sistema electoral para salirle al paso a modalidades de fraude, otras nuevas modalidades han aperecido continuamente para complementar las formas de violencia que dominan cada vez más los procesos electorales.

A nadie se le oculta que una fuerte corriente de extrema derecha se ha ido imponiendo en el panorama político nacional, la cual se expresa con fuerza en el actual gobierno. Varias décadas de eliminación violenta y cruel de los líderes y militantes de los movimientos sociales alternativos y de políticas de terror sobre sus bases, han exterminado o minado la capacidad organizativa de muchas fuerzas alternativas. El domino de los medios de información y comunicación de masas por parte de la derecha política, con formas sutiles de censura y autocensura, ha logrado efectos enormes en la formación de opiniones y opciones políticas. La conciencia de poder y la libertad de acción con que cuenta el paramilitarismo y un sector muy poderoso del narcotráfico, que han cooptado por dinero y prebendas a grandes capas de desempleados, forma una base nada despreciable de apoyo efectivo a la derecha. La política de seguridad del actual gobierno en favor de las capas sociales de mayor holgura económica, le ha valido el apoyo de quienes tienen alguna posibilidad de hacer sentir su respaldo político y mediático. Las facilidades y seguridades jurídicas que este gobierno le ha otorgado a los capitales trasnacionales, ha dotado de grandes medios económicos a las capas sociales que se articulan a la seguridad de sus inversiones, incluyendo militares, paramilitares y empresarios dependientes. El cansancio de la guerra que se manifiesta en enormes capas sociales que la sufren en carne propia, ha llevado a aferrarse a discursos de paz tan ficticios e inconsistentes como el del actual gobierno.

Por otro lado, sin embargo, se agitan numerosos movimientos sociales de base que aún no logran expresión política pero que representan los anhelos de las víctimas y de quienes van tomando conciencia de la necesidad de un sistema alternativo. Son los rostros de movimientos de mujeres, de negritudes, de indígenas, de campesinos, de familiares de víctimas, de desplazados, de pobladores urbanos, de cristianos y creyentes de otras religiones que se unen en actividades ecuménicas, buscando todos una reinvención del Estado desde respuestas elementales a las necesidades humanas más apremiantes y no desde las necesidades de los grandes capitales mundiales. Las experiencias de otros países de América Latina que se van encaminando hacia propuestas más populares; las utopías que se han ido alentando en los foros sociales mundiales y regionales; los análisis que se van haciendo del deterioro extremo de la calidad de vida a que han ido llevando los regímenes políticos vigentes, todo esto representa semillas de esperanza de otro mundo posible.

Quisiéramos llamar a los sectores conscientes de la vida política a que cesen las disputas en torno a cuotas de poder y se centren en la elaboración de programas serios de transformación social que convoquen a la unidad, deponiendo todo interés personal.


*************

Como en los tiempos del profeta Isaías, quien veía a su pueblo sometido al terror de los imperios vecinos y con su dirigencia en el exilio, dándole a su hijo, por inspiración divina, el nombre de “Shear Yashub” expresión hebrea que traduce “Un Pequeño Resto Volverá” (Is. 7,3), y presentándose ante el rey Acaz para rogarle que no cediera ante el terror imperial circundante, así nosotros queremos convocar a los pequeños restos conscientes de nuestro pueblo e invitarlos a retomar los ideales de un mundo justo y fraterno que tantas de nuestros ancestros en la fe nos han invitado a construir. La memoria de Camilo y sus interpelaciones nos sacuden hoy, a 40 años de su muerte violenta, y nos convocan como RESTO que debe VOLVER a tomar en sus manos muchas de sus banderas.
  • Movimiento de agentes de pastoral SHEAR YASHUB (UN RESTO VOLVERÁ).

[1] Grupos de sacerdotes, religiosas, religiosos e integrantes de institutos laicales, de diversas regiones del país, han elaborado colectivamente este documento, frente a la conmemoración de los 40 años de la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres Restrepo, el 15 de febrero de 1966.
[2] “La paz es ante todo obra de la justicia (Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral “Gaudium et Spes, N0. 78). Supone y exige la instauración de un orden justo en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la paz. La paz en América Latina no es, por tanto, la simple ausencia de violencias y derramamientos de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino el “germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras”.” ( II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, Documento No. 2 Paz, No. 14, a)
[3] En febrero de 1962, momento en que no existía ningún movimiento armado de oposición en Colombia, una misión militar de los Estados Unidos de América, coordinada por la Escuela de Guerra Especial de Fort Brag (North Caroline) dejó instrucciones secretas a los gobiernos colombianos para entrenar grupos mixtos de civiles y militares con el fin de eliminar a los simpatizantes del “comunismo”, instrucciones que se adoptaron en los manuales de contrainsurgencia y en otros instrumentos “legales” a partir de entonces, dando lugar al desarrollo de la estrategia paramilitar del Estado que posteriormente iría revelando sus monstruosas dimensiones.

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