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El Tiempo

Sancionan a general y coronel del Ejército por omisión en San José de Apartadó (Antioquia)

Domingo 2 de abril de 2006

La Procuraduría suspendió por 90 días de sus cargos al general retirado del Ejército Pablo A. Rodríguez y al coronel Javier V. Hernández.

El Ministerio Público consideró que los dos militares faltaron "por omisión en la seguridad que debían brindar a los habitantes" de esta Comunidad de Paz.

Según la entidad, los dos oficiales no diseñaron ni ejecutaron "una estrategia eficaz y oportuna", para proteger a esta zona "vulnerada en varias ocasiones por los grupos armados ilegales".

Durante los años 2001 y 2002, recordó la Procuraduría, cuando era comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa, el general Rodríguez, los grupos ilegales continuaron con el asedio a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

"Atacaron el casco urbano quemando sus bienes y amedrentando a sus habitantes, y pese a esto, (el general Rodríguez) omitió cumplir con su obligación de recomendar una estrategia militar eficaz y oportuna de seguridad y defensa".

En cuanto al comandante del "Batallón de Ingenieros No 17 Bejarano Muñoz", el coronel Hernández, añade la Procuraduría, "no es comprensible para el despacho el tipo de seguridad que dispuso el oficial".

Según la entidad, "a pesar de todo el dispositivo que dice haber ordenado, las violaciones a los derechos humanos seguían sucediendo por parte de grupos ilegales que irrumpían en la vía y en el corregimiento, atropellando a la población".

Añade que "consta en los anexos de inteligencia de las operaciones ordenadas para el año 2001, la presencia activa de un grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y si hubiera sido tan efectivo y permanente su actuar no se hubieran presentado estos sucesos tan lamentables".

En San Jose de Apartadó se registraron los asesinatos de varias personas, y, según la Procuraduría, "la situación de riesgo y amenaza no varió con respecto a los años que precedieron".

Esa situación, agrega "dio lugar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impusiera medidas cautelares a la comunidad".

Con EFE


Con resistencia a presencia de Policía y Ejército, Comunidad de Paz persiste en su neutralidad

De San José de Apartadó (Urabá antioqueño), se fueron al nuevo asentamiento denominado San Josesito, para mantenerse alejados de la Fuerza Pública.

Fue su forma de rechazar la presencia de policías y soldados ordenada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, tras la masacre de 8 de sus integrantes, en febrero de 2005.

La Comunidad, que nació hace nueve años para huirles a la muerte y el desplazamiento, ha puesto más de 165 muertos en ese lapso y por eso sus 1.800 integrantes se declaran neutrales frente a guerrillas, ‘paras’, Ejército y Policía.

La masacre del 21 de febrero del año pasado radicalizó más a los líderes, pero el Gobierno no aceptó el veto a la Fuerza Pública. El sólo anuncio de instalar un cuartel de la Policía ocasionó el éxodo de buena parte de sus habitantes hacia la finca La Holandita, a un kilómetro del pueblo.

Un pueblo dividido

La medida, que era temporal, se fue volviendo permanente. Ya trastearon el inmenso bohío donde hacían reuniones y cada una de las piedras de colores que simbolizan a sus mártires en el monumento a la memoria, que estaba en el parque del antiguo pueblo.

Junto al nuevo parque, que tendrá forma de rotonda, plantaron un roble, al que asimilan con su resistencia. Adentro irá una galería con los osarios, fotos, cartas y objetos personales de los difuntos.

"Son nuestras víctimas y van con nosotros a donde estemos", expresó un dirigente comunitario, quien aseguró que ya hay tres osamentas.

Aunque en algunos se advierte la nostalgia por haber dejado San José, la mayoría de los 400 habitantes de San Josesito coinciden en que hoy están en la gloria después de aguantar unos meses hacinados en casuchas, con el pantano hasta las rodillas y sin electricidad.

A La Holandita, donde está el nuevo pueblo, se entra por una portería que da a una vía destapada, plana y ancha. A lado y lado se extienden en hilera 70 casas de madera, zinc y pisos desnudos.

En las viviendas hay luz, pero no tienen alumbrado público. Las aguas negras corren por caños descubiertos que desembocan en dos plantas de tratamiento construidas por los habitantes con ayuda internacional.

Atrás están los quioscos de la guardería, dos bohíos que hacen de escuela, una cabina con un celular público, dos baterías de baños, lavaderos comunales, un aserrío y la cancha de fútbol. Adelante están dos estanques de peces, dos molinos de maíz y arroz, la tienda comunitaria y el billar.

Cada quien atiende la parcela que tenga por fuera y retorna antes del anochecer, excepto un día a la semana que todos dedican al mantenimiento de la infraestructura comunitaria, como se hacía antes en San José.

También se mantiene intacto el hermetismo de los líderes frente al Estado, lo que les ha generado resquemores con el Gobierno y hasta con quienes les habían dado su apoyo. De hecho, tal radicalismo fue la causa para que se alejara la Diócesis de Apartadó, que acompañó su resistencia.

El año pasado la Defensoría recibió quejas por la expulsión de varias familias por haber recibido un kit de la Alcaldía. Otra pelea inconclusa es la educación de los niños, que reciben clases con miembros de la comunidad y no con profesionales, pues sus padres se niegan a enviarlos a la escuela de San José.

Allí, en el viejo pueblo, se ven imágenes impensables antes de la llegada de las tropas: una valla de la Policía da la bienvenida, los agentes indagan a los forasteros, hay vallenatos a todo volumen, soldados matando el tiempo en los billares, licor en los estantes y rumbas hasta las 3 de la madrugada. En el pueblo permanecen45 familias.

Los comerciantes y los jóvenes están felices, pero el bullicio fastidia a quienes disfrutaban de un pueblo silencioso que se acostaba a las 9 de la noche. Entre ambos poblados la gente viene y va, porque al fin y al cabo, sean o no miembros de la Comunidad de Paz, la mayoría comparte el mismo entramado familiar.

Fechas clave

- Febrero 23 de 1997. Ante el asedio de grupos armados se crea la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Urabá antioqueño).
- Febrero 21 del 2005. Armados asesinan a dos líderes y sus familias ocho personas, entre ellos cuatro menores en las veredas Mulatos y La Resbalosa. Señalamientos contra la Fuerza Pública pusieron en vilo la certificación en Derechos Humanos, esencial para que E.U. desembolsara 70 millones de dólares al Plan Colombia.
- Abril 3. La Policía llegó a la cabecera de San José. Hoy son unos 200 efectivos, además de soldados de la Brigada 17.
- Marzo del 2006. Cincuenta y nueve congresistas de E.U. se refirieron de nuevo sobre San José y le pidieron al gobierno Bush la certificación en DD.HH. a Colombia por presuntos hostigamientos contra la Comunidad de Paz.

Denuncias sobre detenciones arbitrarias

En la Defensoría del Pueblo de Urabá reposan denuncias por detenciones arbitrarias de la Fuerza Pública en cercanías de la Comunidad de Paz durante el último año. También, por los supuestos asesinatos sumarios de Edilberto Vásquez, Rodrigo Salas y Nelly Johann Durango y de un bombardeo aéreo el 10 de abril del año pasado que puso en riesgo a más de 200 personas.

Las mismas denuncias, al igual que otras contra la Fuerza Pública por supuesta violación a los principios humanitarios, fueron recogidas por la ONU en el informe sobre DD.HH. en Colombia el año pasado, en el que le recomendó al Gobierno hacer las investigaciones e identificar a los responsables de las presiones contra esa población.

Los habitantes también se quejan por los estrictos controles que les impone la Policía para el ingreso de personas, víveres y mercancías (no pueden llevar mercados superiores a 50.000 pesos). Y denuncian que los agentes sonsacan información a los niños. La Policía negó que esto último sea cierto.

NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
Enviado Especial de EL TIEMPO
SAN JOSÉ DE APARTADÓ (URABÁ ANTIOQUEÑO)

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