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El embajador paramilitar (*Proceso* 1597)

Jorge Carrasco Araizaga

Jueves 14 de junio de 2007

El descubrimiento de que políticos cercanos al presidente colombiano Álvaro Uribe fueron cómplices de los grupos paramilitares en crímenes contra la humanidad ya provocó la caída de varios funcionarios y congresistas. Al parecer el siguiente en la lista es el actual embajador en México, Luis Camilo Osorio, a quien diversas organizaciones acusan de haber protegido a los paramilitares de 2001 a 2005, cuando fue fiscal general.*

El embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, figura en medio del escándalo en que se encuentra el presidente de su país, Álvaro Uribe Vélez, por los vínculos de sus allegados políticos con los grupos de paramilitares.

Osorio Isaza, quien llegó a México hace medio año, es señalado como responsable directo en la protección de políticos y militares que junto con grupos armados relacionados con el narcotráfico cometieron crímenes de lesa humanidad en Colombia durante la década pasada.

Organizaciones colombianas de derechos humanos e instituciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, identifican al embajador como uno de los principales encubridores de quienes han sido señalados como responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas.

Antes de ser embajador, primero en Italia y luego en México, Luis Camilo Osorio fue el fiscal general de Colombia, cargo que en México equivale al de procurador general de la República. Desde ese alto puesto se encargó de darle carpetazo a las investigaciones sobre diversas matanzas a cargo de paramilitares, en las que están comprometidos políticos del entorno del presidente Uribe.

Precisamente a éste se ha acercado el presidente Felipe Calderón para conocer su estrategia contra el narcotráfico. Uribe padece una crisis política que estalló hace meses, cuando se empezaron a conocer los vínculos directos de varios de sus ministros y embajadores, así como de congresistas y gobernadores de su partido con paramilitares.

Esas revelaciones han provocado la caída de la canciller María Consuelo Araujo, el encarcelamiento de una docena de congresistas y un gobernador, así como la fuga de quien fuera el embajador de Colombia en Chile, Salvador Arena.

Ahora está en la mira Luis Camilo Osorio Isaza, aliado de Uribe que presentó sus cartas credenciales como embajador en México el 22 de noviembre de 2006, una semana antes de que Calderón asumiera la presidencia.

El mes pasado el colombiano tuvo que acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (diputados) de Colombia, como parte de las investigaciones que el órgano legislativo realiza sobre las relaciones del gobierno de Uribe con los paramilitares. De acuerdo con representantes de organizaciones de derechos humanos colombianas entrevistados por Proceso en la Ciudad de México, ese vínculo se remonta a la época en que el presidente Uribe era gobernador de Antioquia.

Iván Cepeda Castro, dirigente de la Fundación Manuel Cepeda Vargas e integrante del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado –una coalición de más de 200 organizaciones de víctimas de la violencia aplicada por agentes estatales o paramilitares–, asegura que Luis Camilo Osorio está impedido para representar al Estado colombiano, ya que ha sido seriamente cuestionado por su actuación en graves violaciones a los derechos humanos. "Osorio tendría que ser declarado como persona non grata", considera.

Danilo Rueda, integrante de la Comisión de Justicia y Paz, organización que ha documentado más de 200 crímenes de lesa humanidad cometidos por personas a quienes Osorio protegió cuando encabezó la Fiscalía General de la Nación (FGN), asegura que el embajador dio patente de corso a los grupos paramilitares en Colombia.

Osorio llegó a la Fiscalía General de Colombia en 2001, a finales del gobierno de Andrés Pastrana, y fue ratificado por Uribe el año siguiente, cuando inició su primer período presidencial de cuatro años.

Los defensores de los derechos humanos identifican dos acciones fundamentales de Osorio como fiscal: se deshizo de los fiscales que estaban a cargo de las investigaciones contra paramilitares y cerró los expedientes de casos de delitos contra la humanidad que involucran a políticos y militares.

Iván Cepeda explica: "Lo primero que Osorio hizo fue sacar de la FGN a los investigadores más importantes de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que los organismos de derechos humanos habíamos logrado crear dentro de la Fiscalía. Apenas llegó, los reemplazó". También designó en su lugar a fiscales que ahora también son investigados por sus conexiones con los paramilitares.

Además, Osorio cerró las investigaciones más importantes sobre los crímenes cometidos por paramilitares al amparo de la clase política y empresarial, y en los que están involucrados altos mandos del ejército. El caso más importante, explica Cepeda, es el del general retirado Rito Alejo del Río Rojas, quien fue el más importante impulsor de la expansión de los paramilitares en el país, sobre todo en el norte, donde se apropiaron violentamente de tierras a costa de los pobladores, de origen africano.

Entre 1997 y 2002, añade, esas comunidades fueron expulsadas, y sus tierras ocupadas por extensos cultivos de palma de aceite en las cuales tienen acciones los paramilitares. El jefe paramilitar de origen italiano Salvatore Mancuso atribuye a Del Río la planeación de esa invasión.

Ese general también ha sido acusado de ser el contacto entre los jefes paramilitares y políticos, en particular con el entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera.

A pesar de que había una carga probatoria importante sobre la participación del general Del Río Rojas, Luis Camilo Osorio decidió cerrar las investigaciones. Danilo Rueda, de la Comisión de Justicia y Paz, afirma que la administración del entonces fiscal general (2001-2005) estuvo marcada por anomalías.

Las advertencias de la Cámara de Representantes y de un sector de la sociedad civil no fueron suficientes para que Osorio se desistiera de designar como fiscales a personas allegadas al paramilitarismo, sobre todo en zonas controladas por esos grupos, como Cúcuta, al norte de Santander.

En el caso del general Alejo del Río, el entonces fiscal desestimó la denuncia de la Comisión de Justicia y Paz de que estaba comprometido en más de 200 crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1997 y 1998.

"Se aportaron más de 100 pruebas y entonces la FGN abortó el caso, al tomar la decisión de cambiar la tipificación de los delitos. Los pasó de violaciones a los derechos humanos a cargos de manejo de dinero público, acusación de la que después (Del Río) fue absuelto", dice Rueda.

Integrante de la organización que documentó la responsabilidad del general, precisa: "Las operaciones fueron ordenadas por él. Están las órdenes firmadas de su puño y letra". La más significativa fue la Operación Génesis, que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en la zona del Urabá, que generó el desplazamiento de 3 mil personas y la muerte de cerca de 170 en la zona del Urabá, que incluye a los departamentos (estados) de Antioquia y Chocó.

Rueda cuenta otro crimen en el que está involucrado Del Río: "Militares y paramilitares asesinaron a una persona, le cortaron la cabeza y jugaron futbol con ella".

Estrategia criminal

Además de las masacres, Iván Cepeda señala que también se procedió a la desaparición masiva de personas. La FGN ha señalado que hay más o menos 4 mil fosas comunes identificadas en todo el territorio y que en ellas están sepultadas unas 10 mil personas. "Pero los datos que tenemos indican que fácilmente pueden ser 20 mil personas o más. Eso se hizo con el objetivo de despoblar regiones enteras y crear concentraciones de riqueza y rutas del narcotráfico del poder mafioso creado por políticos, militares, empresarios y paramilitares", asegura.

Todo esto quedó en la impunidad por decisión del actual embajador colombiano en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso sobre la Operación Génesis porque encontró que hay una responsabilidad del Estado colombiano, derivada de la acción del general Del Río y de la inacción del aparato de justicia a cargo entonces de Osorio.

"Hay razones de derecho para asegurar que se desarrolló una estrategia criminal del Estado con la participación de políticos, militares y empresas. Y en esto ha salido a la luz pública el nombre de Luis Camilo Osorio por su actuación como fiscal general de la nación", dice al respecto Danilo Rueda.

Otra organización colombiana de derechos humanos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear, publicó recientemente un reporte con información de organismos colombianos e internacionales, en el que se expone el papel de Osorio en el ataque a las garantías individuales en Colombia desde la FGN. El título: Fiscalía General de la Nación: una esperanza convertida en amenaza, balance de la gestión del exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza.

Dice el informe: "Bajo la administración del fiscal Luis Camilo Osorio se produjo la total pérdida de la brújula, lo que ha puesto a la Fiscalía en condición de ’barco a la deriva’ y a punto de naufragio absoluto" porque se dedicó a actuar a favor de la impunidad.

En el período de Osorio, asegura, se "generó un inocultable retroceso en la obligación que tiene el Estado de investigar de manera seria y completa las graves violaciones a los derechos humanos contra la humanidad cometidos por agentes estatales y paramilitares".

Además del desprestigio en que Osorio dejó a la Fiscalía por la impunidad que generó, el informe destaca que facilitó, "por acción y omisión, la intromisión e infiltración del paramilitarismo en la FGN".

Cita ejemplos de ello: los exdirectores seccionales de la Fiscalía en el Norte de Santander y en Valle del Cauca nombrados por Osorio "tienen orden de captura por su vinculación con graves hechos criminales, mientras un número no determinado de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y fiscales han sido vinculados a investigaciones por prevaricato, corrupción, paramilitarismo y narcotráfico". Además, uno de sus fiscales fue destituido por haber participado en una reunión en Costa Rica con grupos paramilitares a los cuales dio asesoría jurídica.

Osorio también consintió que las fiscalías funcionaran en brigadas del Ejército, en sedes de la policía y de organismos de seguridad del Estado. Además de entregar a la justicia militar casos que no debía, impulsó o permitió que los fiscales se vincularan con el ejército.

El informe señala que buena parte de los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos –de la que sacó a los investigadores independientes tuvieron calidad de "oficiales de reserva". Esa figura, dice, equivalió a crear un fuero militar camuflado dentro de la justicia ordinaria para funcionarios que, además de conocer casos que involucran a la fuerza pública en violaciones a derechos humanos, conocen investigaciones a personas por delitos políticos, especialmente por rebelión.

El documento añade que en los casos de activistas sociales, dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos, el período de Osorio se caracterizó "por la saña con que los ha criminalizado de forma temeraria y arbitraria, acudiendo o haciendo eco de toda clase de irregularidades, manipulaciones y montajes".

En esos años las declaraciones del fiscal general fueron acordes con las conductas mencionadas: "A Jesús lo mataron hace más de 2 mil años y aún no se conocen los responsables", respondió cuando la prensa le preguntó por los avances de la investigación sobre una masacre (la de Guaitarilla).

Otra de las críticas tiene que ver con su actitud complaciente en detenciones masivas de pobladores, además de que en el caso de la supuesta desmovilización de varios miles de paramilitares se limitó a verificar antecedentes de los "reinsertados" y omitió investigarlos de forma exhaustiva, "lo que ha permitido que centenares de autores de crímenes de lesa humanidad hayan sido favorecidos con la más completa impunidad", se dice en el informe.

En la práctica, señala el documento, Osorio otorgó amnistías e indultos, que de acuerdo con la Constitución de Colombia sólo se pueden aplicar para delitos políticos. También se cuestiona al funcionario por el manejo de recursos públicos: "Se produjeron escándalos de corrupción que envolvieron a los colaboradores más cercanos del fiscal general de la nación que, sin embargo, no provocaron ninguna reacción institucional contra éste".

El referido informe fue elaborado con reportes sobre la gestión de Osorio elaborados por Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Abogados Sin Fronteras, la Organización Mundial contra la Tortura, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

También se utilizaron informes y recomendaciones sobre ese período hechos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Diplomacia contaminada

Uribe sacó a Osorio de la FGN en 2005 y lo nombró embajador en Italia. Después fue trasladado a México. A finales de mayo tuvo que ir a Bogotá, llamado por la Cámara de Representantes, que investiga las denuncias de los vínculos del entorno de Uribe con los paramilitares.

Hace unos días tuvo que ir a dar su versión sobre la investigación que se sigue por la denuncia que él mismo presentó por difamación y calumnia en contra del senador de oposición Gustavo Petro, quien lo cuestiona por su inacción como fiscal ante el paramilitarismo.

"La investigación contra el embajador podría crecer, pero la mayoría del Congreso, de acuerdo con el propio Mancuso, una tercera parte está controlada por ellos, los paramilitares", dice Rueda.

De acuerdo con Iván Cepeda, esa fue la segunda comparecencia de Osorio ante la Comisión Acusatoria, pues la primera fue a principios de año. Las investigaciones sobre Osorio, agrega, coinciden con que la Corte Suprema de Colombia ha comenzado a llamar a cuentas a los congresistas y a otros políticos cercanos a Uribe.

Cepeda, quien creó la Fundación que lleva el nombre de su padre, asesinado por paramilitares (crimen en el cual el Estado colombiano reconoció ante la CIDH su responsabilidad en marzo pasado), cuestiona la presencia de Osorio en México:

"No debe ser el representante en este país. Tiene que presentarse ante los tribunales. México tiene a un huésped con serios problemas judiciales. Obstruyó y cerró investigaciones por hechos de lesa humanidad, no por ser jefe paramilitar. Pero si no llega a los tribunales, acudiremos ante la justicia internacional porque está implicado en graves crímenes. Por lo menos, su conducta fue de omisión".

Danilo Rueda coincide en eso: "No puede ser que quien tenía la obligación de investigar esos delitos graves, ahora dice representar los intereses de una nación, cuando su comportamiento de omisión, pasivo o cómplice lo hace responsable de crímenes de lesa humanidad". (Proceso 1597/10 de junio de 2007)

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