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Informe sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el Oriente Antioqueño

Jueves 26 de julio de 2007

  • Detención arbitraria de las víctimas en sus lugares de residencia o de labores agrícolas, o cuando se dirigen de o hacia algunas de éstas. Las detenciones se realizan sin orden judicial de autoridad competente, y sin que medie la situación de flagrancia. Posteriormente las víctimas son trasladadas hacia otras zonas aledañas en donde son ejecutadas. Esto les permite no tener testigos civiles del hecho. De los 69 casos reportados, en 33 se presentó detención arbitraria previa de las víctimas. En 23 casos la ejecución se realizó en un lugar diferente de la retención.
  • En algunos casos las víctimas fueron señaladas previamente por informantes o desertores de las guerrillas. En el mes de marzo del año 2004, miembros del Ejército Nacional llegaron a la finca de la familia Galeano González en compañía de un joven de nombre Leoncio Giraldo, quien es un reconocido desertor del ELN. Luego de que el informante lo señalara, los militares detuvieron arbitrariamente a Gustavo Emilio durante tres días en un lugar cercano a la finca de la familia. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2004, Gustavo Emilio y su hermano fueron interceptados por tropas del Ejercito Nacional, quienes luego de identificarlos procedieron a detenerlos. Poco después se escucharon varios disparos. Los militares trasladaron los cuerpos sin vida de los hermanos, primero hasta la vivienda de una vecina del lugar, en donde los subieron en un caballo y, posteriormente, se los llevaron con rumbo desconocido.

  • Antes de la ejecución, las unidades militares simulan un enfrentamiento con integrantes de la guerrilla. Esto les permite reportar la acción como "bajas en combate" durante un operativo legal y mediante la existencia de una orden de operaciones expedida por el comandante del batallón. El 4 de agosto de 2004, a las seis de la mañana, el señor Carlos Alberto Ciro Botero se dedicaba a la producción de panela en el inmueble de su familia, junto con hermana. En ese momento llegaron dos soldados pertenecientes al batallón Granadero del Ejército Nacional. Los soldados le dijeron a Carlos Alberto que los acompañara e instantes después se escucharon cuatro detonaciones de fusil. En los alrededores de la casa de la familia Ciro Botero se encontraban aproximadamente 50 soldados, ubicados en la carretera que de Cebaderos conduce a la vereda El Retiro. En la escuela Cebaderos también se hallaban otros uniformados y entre ellos simularon un enfrentamiento, por lo que hubo numerosas ráfagas de armas largas. Cuando cesaron los disparos dos de los hermanos de la víctima se dirigieron al lugar a donde se habían llevado a Carlos Alberto a preguntarles a los soldados qué había pasado con él. Uno de los militares respondió que lo habían tenido que matar porque era un guerrillero.

  • Luego de la ejecución los cuerpos de las víctimas son uniformados y cargados con implementos de guerra (armas, munición, explosivos, minas, entre otros) con el fin de reforzar la versión de un combate. El caso de la vereda El Brasil del municipio de San Luis, es muestra palpable de este tipo de práctica. En estos hechos, ocurridos el 2 de julio de 2004, los militares vistieron con un pantalón camuflado a una de las víctimas. Luego de la inspección judicial del cadáver se comprobó que el pantalón camuflado estaba limpio y sin orificios de proyectil, a pesar de que el cuerpo presentaba en la pierna izquierda una herida de bala a la altura del muslo y estaba ensangrentada.

  • Los cuerpos son traslados hacia la cabecera municipal o a otras zonas alejadas con el fin de evitar la identificación, y luego sepultarlos como N.N., es decir, como una persona sin identificar. Esto agrava la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, pues la persona queda como desaparecida. El 18 de mayo de 2003 la niña Luz Estella Morales fue asesinada por miembros del Ejército Nacional y luego sepultada como N.N. Sólo hasta el 6 de mayo de 2006 se realizó la diligencia de reconocimiento. A pesar de las solicitudes de exhumación del cadáver, el inspector municipal de San Carlos no accedió a la diligencia y sólo presentó el álbum fotográfico del cadáver, es decir, que la niña permaneció como N.N. durante 32 meses. Al cierre de este informe, el niño Álvaro de Jesús Idarraga, asesinado el 4 de agosto de 2004 en Granada por miembros del Bajes n.° 4, continuaba desaparecido. Hasta el momento todas las acciones emprendidas por la Fiscalía Seccional para hallar el cuerpo del niño han sido infructuosas. En el cien por ciento de los casos, los cuerpos de las víctimas son trasladados por los miembros del Ejército a un lugar diferente de su residencia.

  • El traslado del cadáver dificulta las diligencias de levantamiento, perdiéndose buena parte de la prueba técnica sobre la escena del crimen y el cuerpo de la víctima que pude servir para la investigación penal o disciplinaria. Las fotos del lugar de la ejecución y de los cuerpos son tomadas por los mismos militares involucrados en la investigación penal.

  • En algunos casos, en la diligencia de necropsia no hay descripción detallada de las heridas que provocaron la muerte, ni de señales de tortura o de agresión física o violación sexual, previos a la ejecución.

  • No obstante la existencia de normas claras en el ordenamiento jurídico colombiano que permiten discernir cuándo un hecho compete a la justicia ordinaria y cuándo a la jurisdicción militar, los jueces de instrucción penal militar inician de oficio la investigación por los hechos luego de cada operativo militar. Hasta el momento no ha habido ninguna condena por parte de esa jurisdicción en contra de los militares involucrados en los hechos.

  • En algunos casos es la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía General de la Nación, la que no obstante mediar denuncia de los familiares de la víctima sobre la ocurrencia de los hechos, remite la investigación a la jurisdicción penal militar sin provocar conflicto positivo de competencia y sin agotar la etapa probatoria.

  • Manipulación de testigos. Durante el desarrollo de las investigaciones hacen presencia algunos testigos que declaran conocer de la pertenencia de las víctimas a organizaciones guerrilleras. Esta práctica permite darle mayor contundencia a la versión de los militares implicados en el hecho. En algunos casos las personas que fungen como testigos ni siquiera son residentes de la zona, ni han vivido en ella en algún momento, y sólo se limitan a mencionar la pertenencia de las víctimas a alguna agrupación guerrillera sin ofrecer mayores detalles. En el caso de la ejecución extrajudicial del señor José de Jesús Rendón Alzate, la supuesta testigo de la defensa afirmó que la víctima era guerrillera. Sin embargo, la testigo tenía su residencia en el municipio de Bello, cuando los hechos ocurrieron en el municipio de Sonsón.

  • La actuación del Ministerio Público durante las investigaciones que adelanta la juris dicción penal militar es nula en la medida que no solicita reapertura de investigación cuando el juez de instrucción de la causa profiere auto inhibitorio, a pesar de que existe una denuncia previa o constitución de parte civil. De esta forma incumple con las funciones impuestas por el artículo 290 del Código Penal Militar, en especial los numerales 7, "velar por la debida garantía, a las víctimas, de su derecho de real acceso a la justicia"; y 8, "solicitar la práctica de pruebas o aportarlas cuando sean pertinentes o conducentes". En materia disciplinaria, de los 38 casos con actuación judicial, en 26 la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria. De estos 26, tres fueron archivados. Al cierre de este informe, el Ministerio Público no había sancionado a ninguno de los militares investigados por ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño.

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