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Una política de destrucción:En un mar de impunidad

Jorge Eliécer Molano Rodriguez

Domingo 16 de diciembre de 2007

Una política de destrucción:

En un mar de impunidad.[1]

  No es posible abordar los hechos de la masacre del 21 de febrero de 2005, sin mirar la historia y antecedentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Es la historia de persecución, destrucción, saqueo y profundos atentados contra la dignidad humana.

  Desde el año 1996, tropas del Ejército incursionaron en el caserío de San José de Apartado, acusando a la comunidad de ser colaboradora de la guerrilla, lo que fue acompañado de permanentes hostigamientos. Estos hechos motivaron un éxodo de sus habitantes. El 4 de julio de 1996 en el Coliseo de Apartadó, se consignó en el Acta de acuerdos: "Para el retorno, el General Rito Alejo del Río, Comandante de la Decimoséptima Brigada, se comprometió a que la tropa que se encuentra en las veredas no hostigará a la población campesina de las mismas, particularmente a aquella que participó en el desplazamiento, ni manejará listas o material fotográfico de las personas en mención”.[2]

  A pesar de ello, reiteradamente campesinos que participaron en las negociaciones fueron catalogados por el General Rito Alejo del Río, como "guerrilleros camuflados de campesinos”[3]. El retorno fue acompañado de sistemáticos atentados contra la vida, de quienes habían sido objeto del éxodo. Personal del Ejército reiteradamente indagaba por los líderes de la comunidad y del éxodo campesino, en donde expresiones en contra de la comunidad, eran reiteradas por parte del personal militar, manifestando que: "había que acabar con todos porque eran una manada de hampones”.[4] Otros militares, al observar el cementerio del caserío, comentaron que "estaba muy pequeño y que no iban a caber los muertos”[5]. Estos hechos fueron desde esa época relatados a la Procuraduría General de la Nación, sin que ninguna autoridad adoptara medidas de protección.

  Las reiteradas agresiones contra esta comunidad, motivaron a los pobladores, acompañados por la iglesia Católica y algunas ONGs, a buscar modelos de sociedad y protección, que permitieran “declarar la guerra a la guerra”, exigiendo a los actores armados, el respeto a su condición de población civil. Es así como el 23 de marzo de 1997, 850 personas firmaron la declaratoria como Comunidad de Paz.

 

A pesar de ello, los actos de agresión, no cesaron, continuaron extendiéndose, ante un silencio cómplice de las autoridades civiles (administrativas, judiciales y de control). Este panorama, fue el que motivo el 17 de diciembre de 1997, que la Comisión Interamericana dictara medidas cautelares a su favor, en consideración a que “cuarenta y tres de sus miembros fueron asesinados desde que los miembros de dicha comunidad declararon su neutralidad.[6]

  Pese a las medidas adoptadas por órganos del sistema interamericano de derechos humanos, el proceso de exterminio no se detuvo. El de 9 de octubre de 2000, al otorgar medidas provisionales a integrantes de esta comunidad, registró la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “los residentes de dicha comunidad han sido objeto de graves actos de violencia y hostigamiento por parte de grupos paramilitares de la zona, de los que serían también responsables miembros del Ejército de Colombia”[7].

  Las relaciones de connivencia, cooperación, apoyo y tolerancia entre miembros de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, así como la unidad de acción de estos contra la Comunidad de Paz, paulatinamente fueron documentadas y probadas. Como lo indicara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “a pesar de la colaboración de la Comunidad con las autoridades judiciales internas en los procesos relativos a los hechos y muertes ocurridas en aquella Comunidad, prevalece un estado de total impunidad”[8].

  Numerosas denuncias fueron elevadas en contra del General Rito Alejo del Rio, que finalmente dieron origen a una investigación en su contra, por sus actuaciones de promoción de estructuras paramilitares. Prontamente el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, iniciaría el camino del encubrimiento. El 28 de octubre de 2001, cuestionando la decisión de privarlo de la libertad, manifestó: “Ustedes tienen que ser leales con quien va a dirigir la institución (…) luego de 72 horas de trabajo con ellos, resulta que ya tenían un hecho preparado, a mis espaldas”[9]. Finalmente el  9  de marzo de 2004, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, decidió absolverlo de toda responsabilidad.

  Recientemente el paramilitar Salvatore Mancuso expresaba como el General Del Rio: “les indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados”[10]. A su vez, el paramilitar Éver Veloza, lo calificó “como uno de los cómplices de las autodefensas para realizar ‘operaciones’[11]. Años atrás, estos hechos fueron denunciados por el ex soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, quien fue asesinado el 2 de abril de 2005.

  El Presidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente recordaba el homenaje hecho al General Rito Alejo del Rio: “Sí, yo fui a ese homenaje y allá habló también Fernando Londoño, estuvo Plinio Apuleyo y siquiera lo hicimos. Iban a echar 13 generales de la República y muchos me llamaron a mí a decir que esa persecución era injusta (…), en la Gobernación de Antioquia, lo que hice fue apoyar a la Fuerza Pública y a la justicia”[12].

  Hoy, cuando el país demanda justicia frente a los actos del General Rito Alejo del Rio, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria expresa: “La justicia no puede abusar o simplemente entregar cabezas de militares como chivos expiatorios”[13].

  Hasta el mes de febrero 2005, esta comunidad fue objeto de 505 agresiones, siendo de ellas 150 contra la vida, 105 contra la libertad, 182 contra la integridad y 68 distribuidas en ataques a bienes civiles y bombardeos indiscriminados. El 95% de estos hechos son responsabilidad del Estado colombiano (Fuerza Pública y Paramilitares), en tanto que el 4% corresponde a atentados contra la vida por parte de la guerrilla.

  Este conjunto de crímenes han ocurrido en un contexto de estigmatización a la comunidad y sus acompañantes, del cual se han hecho parte también autoridades civiles. El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expresó en contra de la comunidad el 27 de mayo de 2004: “en San José de Apartadó, donde se sigue presentando un corredor de las Farc (...) Si tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel (…) Es muy claro: le reitero la sugerencia al DAS y a la Policía, respetuosa, de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan”[14].

  El 15 de abril de 2004, la Corte Constitucional había dispuesto que el “Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, o quien haga sus veces, asume bajo su responsabilidad, la garantía y protección de los derechos fundamentales que adelante se indican, de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las personas que tienen vínculos con ella”.

  A pesar de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, la Comunidad de Paz de San José de Apartado fue objeto de un nuevo crimen. El 21 de febrero de 2005, ocho personas más fueron asesinadas. LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, DEINER ANDRES GUERRA TUBERQUIA (hijo de Luis Eduardo), BEYANIRA AREIZA GUZMAN, NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ, SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ, SANDRA MILENA MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CASTAÑO.

  La crueldad, la sevicia y la intención de generar terror a los habitantes de esta comunidad, una vez más se ha hecho evidente., Santiago, Natalia Alfonso y Luís Eduardo, los dos primeros de tan solo 21 meses, 6 y 11 años de nacidos respectivamente, habían sido degollados. En igual forma Alfonso y Luís Eduardo. Los cuerpos de Sandra y Alejandro habían sido desmembrados, también con machete, La cabeza de Deiner, de solo 11 años, había sido separada de su cuerpo.

  El día lunes 21 de febrero de 2005, tropas del ejército pertenecientes al Batallón Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional, se hicieron presentes en la Vereda Mulatos, en el sitio El Barro. Allí mantuvieron retenidas a seis familias de ese lugar, hasta el día 26 de febrero, sometiéndolas a constantes amenazas e intimidaciones, quienes además cavaron dos fosas en la que presumiblemente iban a ser inhumadas, ya que constantemente les manifestaban que solo estaban esperando la orden para proceder a asesinarlos.

  Al arribo, los uniformados manifestaron a los pobladores que habían dado de baja a tres guerrilleros, tratándose de un hombre, una mujer y un niño. En vista de que Luis Eduardo Guerra, Líder de la Comunidad de Paz, su compañera Beyanira y su hijo Deiner Andrés, momentos antes había salido del sitio El Barro en dirección a Cantarrana donde se encontraba su finca con producción de cacao, los pobladores les manifestaron a los militares que se trataba de campesinos miembros de la Comunidad de Paz. Ante esta situación, lo que adujeron los soldados era que esas muertes las habían ocasionado los paramilitares. Igualmente manifestaron que venían de la vereda Las Nieves y en lugar habían asesinado a cuatro miembros de una familia.

  Los militares escribieron un graffiti con consignas contra la guerrilla y con la identificación del Batallón No. 33 contraguerrilla, sin embargo, éste fue posteriormente borrado, por ellos mismos cuando la comisión de rescate se hizo presente en el lugar.

  Integrantes del Bloque Héroes de Toloba, al mando de Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), escoltados por unidades del Batallón Vélez, al mando del capitán Gordillo, actualmente detenido, someterían a esta comunidad a un macabro recorrido de muerte.

  El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte de la Comunidad, se hicieron presentes para acordonar la zona tropas de la Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33 Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón, se acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con visibles muestras de sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el río Mulatos y con arena limpio la sangre, expresando a los demás soldados, que ese era “el machete degollador”.

  Sin equívocos desde un inicio estos hechos fueron denunciados por la Comunidad de Paz, la Corporación Jurídica Libertad, el sacerdote Javier Giraldo y Gloria Cuartas, sin dudar de la autoría y responsabilidades. Las reacciones airadas y de rechazo a las denuncias del Presidente de la República, Ministro de Defensa y altos mandos militares, fueron inmediatas.

  El Presidente Álvaro Uribe Vélez expresó: “No lo debería decir yo como Presidente sino esperar a que la justicia se pronuncie. Lo que me ha mostrado la Fuerza Pública, y soy su primer creyente, su primer devoto y su primer defensor, es que todo indica que no fue la Fuerza Pública la que cometió eso, que fue las Farc”[15].

  Dos años después de estos hechos, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ha avanzado en hacer claridad de este horrendo crimen, contrario a lo expresado por el gobierno nacional. En efecto, como desde un inicio se denuncio:

  • Este es un crimen, ejecutado en unidad de acción, entre personal de los Batallones Cacique Lutaima y Vélez, adscritos a la Brigada XVII del Ejército Nacional e integrantes de la estructura paramilitar, Héroes de Toloba, en desarrollo de la operación “Fénix”
  • Queda claro, que cada unidad militar, iba acompañada de guías pertenecientes a estructuras paramilitares, como se ha venido haciendo en la región de Urabá, desde el año 1995.
  • El patrullaje, con paramilitares como guías, era conocido por los mandos superiores de la Brigada XVII, quienes consintieron este contubernio.
  • Es particularmente inquietante, que el gobierno nacional, haya dispuesto que el cordón de seguridad para la comisión judicial que se traslado al lugar de los hechos, haya estado a cargo de los Batallones Cacique Lutaima y Vélez, comprometidos en los crímenes, este último bajo el mando del capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, detenido actualmente por su responsabilidad en este múltiple crimen.
  • La masacre del 21 de febrero de 2005, fue ejecutada por parte de personal del Ejército Nacional, en asocio con estructuras paramilitares, que habían declarado desde el 2 de diciembre de 2002, un cese de hostilidades, como supuesta demostración de la voluntad de paz.
  • Este múltiple crimen, tiene como base la estigmatización generalizada de la Comunidad de Paz, en donde sus integrantes sistemáticamente son considerados por agentes del Estado, como colaboradores de la guerrilla, dentro de una concepción de enemigo colectivo o difuso.

A pesar de la decisión de la Fiscalía, de ordenar la vinculación de 69 integrantes de la Brigada XVII, por la masacre donde fueron muertos tres niños, una adolescente y cuatro adultos, el Presidente Álvaro Uribe Vélez, días después manifestó: “Lo que ha dicho el señor general Padilla de León: nosotros apoyamos totalmente la institución. Yo tengo por allá debajo de este Everfit, una carnita y unos huesos de soldado y de policía. Tengo toda la solidaridad”[16].

Una vez más, la estigmatización se ha hecho presente, el Presidente Uribe expresó: “las declaraciones que he dado son las mismas que acabo de decir y las repetí en Apartadó, tal vez el Domingo de Ramos y dije otra cosa después de una conversación, allá, muy seria con la Fiscalía, con el Ejército y la Policía, que hay pruebas muy serias –eso lo está investigando la Fuerza Pública, la Fiscalía y lo dicen muchos sectores ciudadanos- de que algunas personas involucradas en esa Comunidad, han sido cómplices de las Farc. ¡Y eso es muy grave!”[17].

Es altamente preocupante observar, que entre el  21 de febrero de 2005 y junio de 2006, después de dicha estigmatización, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha experimentado 137 nuevas agresiones, de ellas 71 atribuibles al Ejército, 35 a la Policía, 8 a la acción conjunta de Ejército y Paramilitares, 20 a la acción directa de paramilitares y 3 por parte de la guerrilla.

Hoy, en tan solo el 1,5% de los casos se ha abierto formalmente una investigación y el Estado se ha negado a hacer una evaluación a profundidad, de lo ocurrido con la justicia en esta realidad de muerte y ausencia de justicia. Quienes han promovido o patrocinado estos hechos de muerte, permanecen bajo total impunidad. Hoy la sociedad, está en espera que organismos, como la Corte Constitucional, reivindiquen los derechos a la verdad, justicia y reparación, seleccionando la acción de tutela actualmente radicada en esta Corporación y ordene la revisión de la decisión de preclusión de la investigación, dictada por Luis Camilo Osorio, a favor de Rito Alejo del Rio.

  Hoy, la humanidad demanda, sea detenidamente investigada la responsabilidad de las autoridades civiles, así como de los mandos de la Fuerza Pública, que han permitido, tolerado, patrocinado y cohonestado, con el genocidio contra este grupo humano, que cada 5 días, ha sido objeto de una nueva agresión, encaminada a generar terror y destrucción..

  Medellín, diciembre 7 de 2007



[1] Documento preparado por Jorge Eliécer Molano R., apoderado judicial del actor popular, en el proceso 2138, que adelanta la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en razón de la masacre ejecutada el 21 de febrero de 2005.

[2] Denuncia presentada al Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, el 12 de noviembre de 2003.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

[5] Ibíd.

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997, Capítulo III, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6, 17 febrero 1998

[7] Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de octubre de 2000, Medidas Provisionales Solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia, Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

[8] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2000, Medidas Provisionales Solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia, Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

[9] Semanario El Espectador, 28 de octubre de 2001.

[10] Revista Semana, “Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo”, mayo 15 de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103661

[11] Revista Semana, “El general Rito Alejo del Río vuelve a ser señalado como estrecho colaborador de los paramilitares”, octubre 30 de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=107400

[12] Entrevista del Presidente Álvaro Uribe Vélez en Rcn Radio, Feb 5 de 2007, http://www.presidencia.gov.co/prens...

[13] El tiempo, “’No hay problema si en 2010 gana la izquierda", dice el asesor presidencial José Obdulio Gaviria”, 6 de diciembre de 2007, http://www.eltiempo.com/credencial/2007-12-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3839586.html

[14] Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la Republica, http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/mayo/27/20272004.htm

[15] Entrevista del Presidente Álvaro Uribe Velez, con Radio Súper, Bogotá, 18 marzo de 2005,  http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/marzo/18/26182005.htm

[16] Entrevista del Presidente Álvaro Uribe a Caracol Radio, Febrero 23 de 2007,

http://web.presidencia.gov.co/entrevistas/entrevistas2007/febrero/caracol_radio_23.htm

[17] Entrevista al Presidente Álvaro Uribe Vélez en Rcn Radio, Bogotà, 1 abril de 2005, http://www.presidencia.gov.co/prens...

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