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Sentencia T-1025/07

Corte Constitucional pone fin al ocultamiento de la identidad de los miembros de la fuerza pública en contextos de violaciones de los derechos humanos

Por JAVIER GIRALDO MORENO S.J.

Miércoles 23 de enero de 2008

La sentencia T-1025/07, aprobada por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional el pasado 3 de diciembre, pero cuyo texto fue conocido el 22 de enero de 2008, teniendo como Magistrado Ponente al Dr. Manuel José Cepeda Espinosa quien hizo sala con los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, decide tutelar el derecho a acceder a información que reposa en el Estado y que se relaciona con el derecho a la justicia.

Ante la negativa persistente de los ministros de defensa, quienes se negaron muchas veces a suministrar los nombres, códigos, unidades de pertenencia y líneas de mando de militares y policías que estuvieron presentes en sitios, fechas y horas precisas donde fueron perpetrados crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos humanos, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó instauró una Acción de Tutela el 8 de mayo de 2006, la cual fue remitida por la Corte Suprema al Tribunal Superior de Bogotá y fallada el 23 de junio de 2006 por el Magistrado Fernando Maldonado Cala, quien hizo sala con los magistrados Eduardo Manrique Bernal y Nancy Yanira Muñoz Martínez, negando las pretensiones. Sin embargo, su negativa se apoyó en un ardid que no encontraría sustento alguno en el texto de la demanda: cambiaron el derecho que se pedía tutelar (derecho a la información y al acceso a la justicia) por un derecho que nunca se reivindicó allí, cual era el de obtener respuestas a los derechos de petición.

Consciente de que dicho fallo negativo allanaba el camino para que se continuara vulnerando el derecho a acceder a la justicia nacional o internacional, mediante el ocultamiento de la identidad de los agentes del Estado que hicieron presencia en los tiempos y lugares en que se perpetraron los crímenes, y de que los derechos cuya tutela se solicitaba tenían claro y abundante sustento en la Constitución y en el Derecho Internacional, la Comunidad de Paz solicitó encarecidamente a todos los magistrados de la Corte Constitucional que se escogiera dicha sentencia para revisión y a su vez se llenara un vacío jurisprudencial que estaba sirviendo, no solo para vulnerar derechos evidentes, sino para que los crímenes continuaran perpetrándose. Luego de respuestas negativas de la mayoría de los magistrados, quienes aludían a la enorme congestión que afectaba a la Corte Constitucional , el Magistrado Cepeda Espinosa insistió en la selección de la sentencia y fue designado como ponente.

La Corte Constitucional no se limitó a fallar sobre la vigencia de un derecho que encontraba sustento jurídico muy claro en la Constitución y en las leyes internas así como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia de cortes internacionales, sino que avocó a fondo la situación vivida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, deteniéndose ampliamente en el análisis de la impunidad que cobija los centenares de crímenes que han tratado de destruir la Comunidad. Por ello remitió oficios con amplios cuestionarios al Ministerio de Defensa, a la Cancillería , a la Procuraduría , al poder judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la Vicepresidencia , etc., analizando a fondo sus respuestas y confrontándolas con los documentos elaborados por la Comunidad de Paz en respuesta a requerimientos de organismos nacionales e internacionales. Así mismo, la Corte examinó las numerosas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la falta de acatamiento a las mismas por parte del Gobierno colombiano. También tuvo muy presente la Corte Constitucional la Sentencia 327/04 de la misma corporación, cuyo incumplimiento le inspiró muchas decisiones de la parte resolutiva de la sentencia. No hay duda de que los magistrados quedaron estupefactos ante la enorme cantidad de crímenes graves perpetrados durante muchos años contra la Comunidad de Paz y ante la aterradora impunidad que los cobija.

La Corte formula el eje de la Tutela en este interrogante que se propone resolver: “ tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? Y, por tanto, vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia ?”

La Corte ubica el derecho tutelado en el derecho más amplio a la información , sustentado en la Constitución y en tratados internacionales que allí son citados ampliamente. Allí mismo analiza, en la jurisprudencia nacional e internacional, la posibles eventuales restricciones al derecho a la información. Concluye que sólo son válidas restricciones “ que persiguen la protección de derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos, tales como la seguridad y defensa nacionales, los derechos de terceros, la eficacia de investigaciones estatales y los secretos comerciales e industriales”, añadiendo que “en todo caso las restricciones concretas deben estar en armonía con los principios de razonabilidad y proporcionalidad y pueden ser objeto de examen por parte de los jueces

La Corte afirma que en toda su jurisprudencia le ha dado “ carácter preferente ” a la libertad de expresión (que incluye el “ derecho a buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado ”). De allí que considere, al igual que los tribunales internacionales, que toda restricción al derecho a la información tiene que “perseguir un interés público imperativo ”. Por eso extrema el criterio de proporcionalidad al que tiene que someterse toda eventual restricción al derecho a la información. En consecuencia se pregunta si las decisiones del Ministerio de Defenesa de negar las informaciones solicitadas, no solo persiguen un fin que sea acorde con la Constitución sino si constituyen una medida necesaria para lograr un fin que, más que legítimo, “es imperioso”, y “ si los beneficios logrados con ella … están en relación de proporcionalidad estricta con los derechos y bienes constitucionales que afecta ”. Al respecto, la respuesta de la Corte es nítida:

 

  • “ la decisión (del Ministerio de Defensa) no cumple con los requisitos de necesidad y de estricta proporcionalidad que incorpora el examen estricto de la proporcionalidad de la medida. Ciertamente, la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano de acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado. En realidad, la protección del debido proceso y la presunción de inocencia de los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres solicita el actor podría lograrse a través de medidas menos lesivas del derecho de acceso a la información.
  • “Por otra parte, la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho de acceder a la información, con lo cual obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que podrían estar implicados ”.

La Corte refuta los argumentos del Ministerio de Defensa, según los cuales, negar los nombres sería proteger los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia de soldados y policías, ya que se cuenta con otros mecanismos para protegerlos que son menos lesivos del derecho ciudadano a la información. Tampoco valida la Corte la excusa del Ministerio de que los agentes cuyos nombres se solicitan están bajo investigación, pues la Corte prueba que multitud de casos ni siquiera se están investigando, según los mismos informes del Ministerio, pero además afirma: “ cabe comentar que la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas ”. Ni siquiera el argumento de que los agentes cuyos nombres se suministrarían podrían correr riesgo en su vida o integridad, tiene validez para la Corte , la cual comenta al respecto: “ ciertamente, pocas instituciones cuentan con mejores condiciones para lograr este objetivo ” (el de diseñar mecanismos para impedir que cristalicen los riesgos).

En las páginas finales de su parte motiva, la Sentencia examina el incumplimiento de las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otras sentencias de la misma Corte Constitucional. Resalta la cantidad y la gravedad de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz, la responsabilidad del Estado y lo aterrador de la impunidad reinante. Afirma: “ por los resultados que se observan hasta el momento, el Estado colombiano ha desconocido los derechos de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en lo que se refiere a la investigación y sanción de los hechos de que han sido víctimas durante tantos años (…) Evidentemente, esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han sido perseguidos y asesinados, sin que el Estado haya hecho lo suficiente para la salvaguarda de sus derechos, y sin que los crímenes hayan sido debidamente esclarecidos, sus autores sancionados y las víctimas efectivamente protegidas en sus derechos (…) En relación con los hechos sucedidos en San José de Apartadó es evidente que el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir que la Comunidad haya sido víctima de tantos crímenes. Faltar al deber de protección es muy grave. Pero igualmente grave es la falta de resultados en las investigaciones penales iniciadas con ocasión de esos crímenes ”.

Las respuestas de la Fiscalía , del poder judicial, de la Cancillería y de otras instancias que la Sentencia recoge textualmente, abundan en acusaciones contra la Comunidad de Paz, descargando sobre ella la culpa de la impunidad, al alegar que la Comunidad no colabora con la justicia, no rinde declaraciones, no presenta pruebas ni permite inspecciones. En todos esos informes, sin embargo, se ocultan las razones para no creer en la justicia que la Comunidad ha explicado infinidad de veces, y además se ocultan todas los centenares de declaraciones, testimonios, comisiones de esclarecimiento e interlocuciones que la Comunidad de Paz propició hasta llegar a la conclusión contundente de que todo eso, no sólo era inútil, sino que siempre revertía en nuevos crímenes de retaliaciones. La Corte , sin embargo, fue sensible a esta razones y por ello afirma en la Sentencia : “ Del acápite de pruebas se deduce que una de las dificultades fundamentales para el avance de los procesos penales consiste en la desconfianza profunda y recíproca que existe entre las instituciones y los miembros de la Comunidad de Paz (… ) No puede negarse que los miembros de la Comunidad de Paz tienen suficientes motivos para desconfiar de las instituciones nacionales. Son muchos los crímenes de los que han sido víctimas, sin que exista constancia alguna en el expediente acerca de que los responsables hayan sido sancionados ”.

En sus últimos párrafos enfocados ya hacia la parte resolutiva, la Sentencia expresa que “ La Sala de Revisión quiere llamar la atención acerca de la necesidad de crear puntos de aproximación entre las instituciones y la Comunidad de Paz, de manera que puedan aplicarse las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Sentencia T-327 de 2004 ” , anotando enseguida que: “ el primer responsable de tomar medidas para generar confianza es el Estado y no la Comunidad de Paz ”.

Dado que una de las condiciones que la Comunidad ha puesto para retornar a una mesa de interlocución y de concertación con el Gobierno, es revocar la medida que ordenó la instalación de un puesto de policía en el centro urbano de San José (abril 1° de 2005), medida que rompió unilateralmente un proceso de concertación que había durado más de un año, sobre las características que debería tener un puesto de policía para no vulnerar los principios legítimos de una comunidad de paz, punto que había sido objeto de propuestas y debates que habían logrado grandes avances en su concreción, evidenciando que todo ese proceso de interlocución había sido ficticio y animado por la mala fe, la Sentencia cita anteriores sentencias de la misma Corte en las que ha ordenado el traslado de puestos de policía cuando constituyen un verdadero riesgo para la Comunidad.

La Parte resolutiva de la Sentencia no puede ser más clara y contundente, por lo cual se transcribe en su totalidad:

“En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional , administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE

Primero.- Levantar la suspensión de términos que fuera decretada dentro del proceso.

Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de junio de 2006, mediante la cual se negó la acción de tutela presentada por Javier Giraldo Moreno contra el Ministerio de Defensa. En su lugar se concede la tutela impetrada por violación tanto del derecho de acceso a la información que reposa en el Estado, como por violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Tercero.- ORDENAR al Ministerio de Defensa que suministre la información solicitada, y, por lo tanto, indique los nombres de los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en los lugares y momentos señalados por el peticionario, así como sus códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando. Si el Ministerio lo considera necesario podrá hacer una aclaración expresa en el mismo documento contentivo de la relación de los nombres y demás datos solicitados, acerca de que la revelación de esa información no entraña sospecha, señalamiento ni reconocimiento alguno sobre la participación de tales servidores públicos en actividades delictivas.

Cuarto.- EXTENDER la vigencia de las órdenes impartidas en la Sentencia T-327 de 2004 de esta Corporación hasta que se haya logrado cumplir con el propósito de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con miras a garantizar la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios.

Quinto .- ORDENAR al Ministro de Defensa, o al funcionario de alto nivel que él designe, que, a partir de la notificación de esta sentencia, presente informes quincenales a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones realizadas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios. Este informe deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos, lo que supone que también se hará una relación de los logros alcanzados y de las fallas identificadas en punto a impedir la comisión de crímenes contra las personas mencionadas. En el informe también se expresará cómo se ha procedido para dar cumplimiento a los principios y normas de derecho internacional humanitario en las actividades que realiza la Fuerza Pública en la zona.

Sexto.- ORDENAR al Fiscal General de la Nación que, por sí mismo o a través del funcionario que determine, realice un inventario cuidadoso, completo, preciso y actualizado sobre los crímenes que han afectado a la Comunidad de Paz, identificando con nombre propio a cada una de las víctimas. Con base en este resultado, la Fiscalía deberá (i) establecer cuál es el estado actual de todos los procesos penales que se adelantan con ocasión de los crímenes cometidos contra miembros de la Comunidad de Paz o personas que le prestaban servicios. Esta labor incluye conocer el número total de procesos, cuáles son las fiscalías que adelantan las investigaciones, cuáles son las últimas actuaciones adelantadas y en qué fecha ocurrieron los crímenes; (i) establecer qué crímenes aún no están siendo objeto de persecución criminal, para abrir los respectivos procesos; (iii) identificar las investigaciones estancadas, para impulsarlas; y (iv) definir prioridades, de tal manera que los principales responsables de los crímenes más graves sean efectivamente sancionados. Un informe sobre estas actividades debe ser enviado a la Sala de Revisión y a la Defensoría del Pueblo a más tardar el día primero de marzo de 2008.

Séptimo.- ORDENAR al Fiscal General de la Nación que, por sí mismo o a través del funcionario que determine, establezca los procesos que adelanta la justicia penal militar por causa de crímenes de los que hayan sido víctimas los miembros de la Comunidad de Paz o las personas que les prestan servicios y decida en cuáles casos, de acuerdo con las normas penales vigentes y la jurisprudencia de esta Corporación, debe proponer colisión de competencia para que la Fiscalía pueda asumir la investigación correspondiente. También deberá establecer cuál ha sido el destino de los procesos en los que la Fiscalía ha dictado resolución de acusación y enviado el proceso a lo jueces penales competentes. Sobre el resultado de estas actividades se debe enviar un informe a la Sala de Revisión y a la Defensoría del Pueblo a más tardar el día primero de marzo de 2008.

Octavo.- ORDENAR al Fiscal General de la Nación que, por sí mismo o a través del funcionario que determino, que, cada mes, a partir del día primero de marzo de 2008, le informe a la Defensoría del Pueblo acerca de las actividades y los avances realizados en cada uno de los procesos penales que se adelanten en relación con los crímenes cometidos contra los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó o las personas que les prestan servicios.

 Noveno.- INSTAR a la Defensoría del Pueblo para que disponga las medidas y el personal necesario para propiciar la construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con miras a facilitar el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia y en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contentivas de medidas provisionales.

Décimo. – ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que tome copia de la documentación contenida en este proceso acerca de la situación y la atención prestada a las personas desplazadas del corregimiento de San José de Apartadó, con el objeto de que esa información sea trasladada a las actuaciones que se desarrollan en relación con el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-025 de 2004 de esta Corporación.

Décimoprimero.- Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, la Secretaría de l a Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá notificará esta sentencia dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la comunicación a la que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Décimosegundo.- Líbrense por la Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General

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