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Desplazados y despojados de tierras, preocupados por su reparación

Por IPC

Jueves 21 de febrero de 2008

Medellín, feb 21 (IPC). - Un sinsabor quedó entre representantes de los desplazados y víctimas del despojo de tierras por parte de grupos armados ilegales luego de la presentación en Medellín del proyecto de decreto mediante el cual, el Gobierno Nacional crearía el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas del conflicto armado.

La exposición, que tuvo lugar este jueves 21 de febrero en el Teatro Lido del centro de la ciudad, contó con la masiva presencia de víctimas del paramilitarismo y la guerrilla en Antioquia, quienes no ocultaron su escepticismo frente a esta nueva propuesta que, según el Gobierno Nacional, haría más expedito y ágil el acceso de las víctimas al derecho de reparación.

Básicamente, el proyecto de decreto plantea cambios sustanciales en el mecanismo de acceso al derecho de reparación contemplado en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Según la Ley 975, las víctimas de un grupo armado ilegal con quien el Gobierno Nacional haya suscrito un acuerdo de paz, en este caso las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) deben cumplir un proceso que inicia con la instauración de denuncia ante los fiscales de Justicia y Paz. Estas son cotejadas con los postulados durante las versiones libres para luego, iniciar los juicios en los tribunales de Justicia y Paz y allí, en esta etapa del proceso, el magistrado dicta sentencia y establece el tipo de reparación que los victimarios deben realizar a sus víctimas.

“Pero vemos con preocupación cómo este proceso avanza con lentitud. Creemos que en un lapso de tres años tendremos las primeas sentencias por parte de los tribunales, lo que dilataría mucho la reparación de las víctimas”, sostuvo el abogado Evelio Henao, delegado del Ministerio del Interior y de Justicia para realizar la presentación del proyecto.

Según Henao, lo que busca esta iniciativa es permitir el acceso al derecho de reparación a las víctimas mucho antes de las sentencias, para lo cual se establecería que quienes hayan visto vulnerados sus derechos por parte de un grupo armado ilegal, incluidas las guerrillas, podrían acudir a una entidad estatal como Acción Social, denunciar su caso y esperar un lapso de 12 meses para recibir, según sea el caso, una indemnización económica, una restitución, una rehabilitación, medidas de satisfacción (actos simbólicos) o garantías de no repetición.

Reparos a granel

Aunque el proyecto permite denunciar hechos ocurridos desde 1964 a la fecha, incluida acciones de la guerrilla, no contempla las peticiones de reparaciones colectivas, ni los casos de restitución de tierras ni la reparación a víctimas de desplazamiento, que según el jurista, deben ser tramitados por otras instancias como los Comités Regionales de Restitución de Bienes o a través de los Magistrados de los Tribunales de Justicia y Paz dado la complejidad de los fenómenos.

Este hecho no fue bien recibido por los movimientos de víctimas, quienes hicieron fuertes reparos a la propuesta del Gobierno. “Un aspecto central de la reparación, en el caso de los campesinos, es la tierra y bienes perdidos y despojados y si esto no queda contemplado en el proyecto, la reparación no sería más que una caricatura”, declaró Luz Mery Velásquez, miembro de la Red de Víctimas del Magdalena Medio.

Velásquez también llamó la atención sobre la exclusión de los casos de reparación colectiva en este proyecto: “En este caso, las organizaciones que han sido víctimas de las agresiones, como el caso de la Unión Patriótica, los sindicatos, las organizaciones indígenas, las ONG no podrían acceder a una reparación. Tampoco lo podrían hacer las víctimas del Estado, como el caso de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.

Pero los reparos no sólo se dieron en este sentido. Durante el conversatorio realizado luego de la exposición, las víctimas cuestionaron la capacidad logística de Acción Social, entidad responsable de la entrega de ayudas humanitarias y quien sería encargada de ejecutar la reparación por vía administrativa.

“Lo primero que deberían hacer es capacitar a los funcionarios de Acción Social para que atiendas a las víctimas. Tuve que salir de mi tierra en 1997 y esta es la hora en que no he recibido ninguna ayuda, a pesar de llevar toda la documentación”, dijo María Piedad Ruiz, desplazada del Oriente antioqueño.

Por su parte, un grupo importante de integrantes de las Madres de la Candelaria cuestionó que el proyecto no visibilice el delito de desaparición forzada, tal como lo expresó Nelly Castañeda: “Yo si quisiera saber si voy a tener derecho a una reparación por el caso de mi hijo, que desapareció a manos de los paramilitares hace ya seis años y él era el que me ayudaba económicamente”.

“El decreto puede ser bueno, pero como esta diseñado parece como algo arbitrario. Hay cosas sobre las cuales tenemos muchos reparos como la casación de la indemnización, que no van a sobrepasar los 40 salarios mínimos y que además se entregará por cuotas, cosa que no se le ha dicho a las víctimas y nos parece un acto lleno de mala fe”, señaló Johana Roldán, integrante de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP).

Todas estas inquietudes fueron recogidas tanto por el delegado del Ministerio del Interior y de Justicia como por los comisionados Ana Teresa Bernal, Jaime Jaramillo Panesso y Gerardo Vega, quienes estuvieron presentes en la presentación.

Si bien la exposición fue catalogada como un “evento de consulta con el fin de mejorar el borrador del proyecto”, el Gobierno Nacional espera tener listo el decreto a finales del mes de marzo.

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Ver en línea : Medellín, feb 21 (IPC)

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