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Los militares consideran a Javier Giraldo un incendiario sin argumentos

Las luchas postergadas del padre Giraldo

Por: Diana Carolina Durán - El Espectador

Sábado 29 de marzo de 2008

Tres de las peleas más importantes que casó este jesuita, todas relacionadas con el paramilitarismo, nuevamente son objeto de investigaciones. La más emblemática: Rito Alejo del Río.

Hace más de 25 años, el jesuita Javier Giraldo Moreno eligió trabajar en uno de los campos más espinosos que tiene Colombia: la defensa de los derechos humanos. Su cercanía con diferentes comunidades le ha permitido conocer de primera mano testimonios que narran cómo, principalmente en el campo, el conflicto se apoderó de la vida de sus habitantes. “Al principio me encontré con una selva de violencias que me obligó a ir desentrañándolas. Hasta que en los años 80 me encontré con el fenómeno paramilitar, que además, descubrí que se origina desde el Estado mismo”, dice el religioso.

Desde ese momento, Giraldo adhirió a una labor que no ha sido bien recibida en las esferas militares, en las cuales los nexos con los grupos de autodefensa siempre han sido considerados como casos ‘atípicos’. En el Ejército, el nombre de Javier Giraldo es el equivalente a pasar las uñas sobre un tablero. “Este padre ha tenido actuaciones no muy claras. Es una persona cuestionable, que siempre ha estado comprometido en asuntos bastante extraños”, asevera el general (r) Néstor Ramírez Mejía.

Pero, para el padre Giraldo es un hecho que las Fuerzas Militares colombianas sí han participado o se han hecho los de la ‘vista gorda’ con las actuaciones de los ‘paras’. Desde 1982, cuando se vinculó al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) como director de la Oficina de Derechos Humanos, ha concentrado sus esfuerzos en denunciar los crímenes de las autodefensas en el Magdalena Medio y en el Urabá, así como la relación que miembros de la Fuerza Pública han tenido con ellos.

Por trabajar en estas zonas, lideró ante la justicia tres casos que hoy están nuevamente en el ojo del huracán: la presunta connivencia entre las tropas de los generales Rito Alejo del Río y Farouk Yanine con los ‘paras’, y la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó (ver recuadro).

Contra los militares

En palabras de Javier Giraldo, “el caso de Rito Alejo del Río es el monumento más escandaloso a la impunidad”. El religioso, que llegó a trabajar en el Urabá antioqueño en 1996 como integrante de la Comisión de Justicia y Paz, apoyado en testimonios que recogió de campesinos de la región, no vacila en afirmar que las tropas del general Del Río, entonces comandante de la Brigada 17 del Ejército, trabajaban de la mano con los paramilitares de la zona.

Por eso, cuando la Fiscalía abrió investigación contra el militar en 2002, Giraldo se presentó en la institución con el propósito de formar parte del proceso. Entregó un dossier de datos y testimonios sistematizados de siete comunidades ubicadas en el Urabá antioqueño y en el norte del Chocó, jurisdicción de la Brigada 17. Hizo múltiples derechos de petición para conocer del estado del proceso, pero en la Fiscalía, por no considerarlo ni víctima ni parte procesal, le negaban la información. Tuteló ante la Corte Suprema, pero tampoco obtuvo lo que quería. Hasta que le pidió a la Corte Constitucional que revisara su tutela, y este tribunal le concedió sumarse al proceso como “actor popular en nombre de la humanidad”.

El año pasado, Del Río fue mencionado por Mancuso en una de sus versiones libres ante un fiscal de Justicia y Paz, asegurando que el militar colaboró con su grupo para expandir el paramilitarismo en el norte del país. Otro paramilitar, Éver Veloza, alias HH, también sostuvo que el general en retiro fue cómplice de las autodefensas para realizar “operaciones”. Aunque el entonces fiscal Luis Camilo Osorio precluyó la investigación en favor de Rito Alejo del Río en 2004, su nombre continúa vigente en las investigaciones sobre posibles nexos entre militares y ‘paras’ en Antioquia.

En el caso de Farouk Yanine, el 5 de julio de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que la justicia colombiana revisara nuevamente la posible responsabilidad del general en la masacre de 19 comerciantes de Barrancabermeja. “Cuando Yanine fue comandante de la V Brigada y de la II División del Ejército, en Bucaramanga, tuvo bajo su jurisdicción todos esos batallones del Magdalena Medio que participaron en todos estos crímenes paramilitares de los 80”, cuenta el jesuita.

El pasado 8 de marzo se reabrió la investigación contra Yanine. El Negro Vladimir, confeso paramilitar que participó en esa masacre, involucró al general en retiro con los hechos ocurridos el 6 y 7 de octubre de 1987, cuando 19 vendedores de electrodomésticos del municipio santandereano fueron asesinados, y sus cuerpos desaparecidos. Los desmovilizados Ramón Isaza y Ernesto Báez, fueron llamados a declarar por la Corte Suprema de Justicia. “Uno se aterra que tenga que pasar tanto tiempo (...) Eso muestra la incompetencia de esta justicia”, concluye el padre Giraldo, un hombre polémico que ha pisado callos en su cruzada por defender su causa, que ha sido estigmatizado como cercano a la guerrilla y que, pese a eso, continúa batallando.

La comunidad de paz de San José de Apartadó

Esta semana se supo que la Fiscalía ordenó la captura de 15 militares, quienes deberán rendir indagatoria por su supuesta responsabilidad en la masacre que se cometió contra 11 habitantes de San José de Apartadó (tres de ellos niños). “En esta región, militares y ‘paras’ han caminado por las veredas juntos amenazando a la gente”, sostiene el jesuita.

El padre Giraldo ha acompañado a esta localidad antioqueña desde que se declaró comunidad neutral el 23 de marzo de 1997. Su existencia ha sido una piedra en el zapato para los gobiernos nacionales, en especial para el del presidente Uribe Vélez, cuya política de seguridad democrática se basa en la presencia de la Fuerza Pública en todo el país. Pero Giraldo, una de las cabezas más visibles en esta disputa, defiende a la comunidad: “En estos 11 años han asesinado a cerca de 180 personas. Los han desplazado, han incinerado sus viviendas...”. La ONG Corporación Jurídica Libertad afirma que entre 2001 y 2002 integrantes de la comunidad rindieron más de 120 declaraciones ante una comisión especial, pero, hasta la fecha, la Fiscalía sólo reporta 17 investigaciones penales.

* Diana Carolina Durán | EL ESPECTADOR

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