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Gobierno mintió al defender a militares que incursionaron en Comunidad de Paz

Agencia IPC - www.ipc.org.co

Miércoles 2 de abril de 2008

La justicia debe ir más allá de castigar a los autores materiales de la masacre de 8 campesinos, entre ellos tres niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño. Debe proceder contra quienes, desde el Alto Gobierno, mintieron para tratar de diluir la responsabilidad de los agentes del Estado involucrados en la comisión de este crimen.

Así lo considera el sacerdote jesuita Javier Giraldo, uno de los promotores de esta iniciativa de neutralidad, tras conocer la decisión de la Fiscalía General de la Nación de vincular a quince militares a la investigación por el asesinato a machetazos de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.

“Este crimen tiene muchos aspectos perversos, por eso creo que la justicia no debería quedarse en la sanción de los autores materiales del hecho. La justicia debería proyectarse también a los que colaboraron en la mentira, y ahí está todo el poder ejecutivo al más alto nivel”, expresa el padre Giraldo, quien aún se conmueve por este horrendo crimen, cometido por miembros de grupos paramilitares apoyados por tropas del Ejército Nacional adscritas a la Brigada XVII con sede en el municipio de Carepa.

El reclamo del sacerdote está relacionado con el conjunto de mentiras y tergiversaciones que se tejieron días después de conocerse detalles de la incursión armada a La Resbalosa y San José de Apartadó, para diluir la responsabilidad de las fuerzas del Estado e incriminar a la guerrilla de las Farc.

La primera de ellas corrió por parte de un “ex guerrillero” de las Farc que en amplias declaraciones dadas a la prensa, y divulgadas en la primera semana de marzo de ese año, señaló a ese grupo insurgente como autor de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente.

Esta versión comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó el domingo 20 de marzo de 2005, expidió un comunicado en el que afirmó: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

Dos días antes, el entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, le salió al paso a los señalamientos que desde Europa hacían diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y explicó que “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción”.

La estigmatización de la Comunidad de Paz continuó por parte del Ejército Nacional, institución que a través de un comunicado calificó de “coincidencias sospechosas” algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra “había expresado su intención de retirarse de la comunidad”. Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como “cabecilla de milicias de la región La Cristalina”, también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin”; y de Alfonso Bolívar Tuberquia dijo que “estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc”.

La verdad, a flote

Lo que ha venido conociéndose a través de diversas versiones, entre ellas la de Jorge Luis Salgado, ex paramilitar que acusó a varios miembros del Ejército de haber perpetrado esta masacre en asocio con los paramilitares, es totalmente contrario a la versión del Gobierno nacional, y complementa lo que la comunidad, a gritos, había señalado días después de la masacre, sin que fuera escuchada.

“La gente responsable de este crimen tuvo la complicidad de estamentos del Estado. Después de todo lo que hemos comprobado, tanto procesalmente ante la Fiscalía, como extraprocesalmente a partir de lo que han confesado personas fuera de las declaraciones, es que esto es un crimen conjunto del Ejército y los paramilitares”, reitera el padre Javier.

Y señala un aspecto de la masacre que aún no se ha dimensionado: el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.

A juicio de Giraldo, ese elemento demuestra la gravedad del hecho, pues los paramilitares seguían delinquiendo al servicio del Ejército: “Se sabe que fue el Ejército el que llamó a este bloque para perpetrar la incursión de manera conjunta. Y no era la primera vez que colaboraba con el Ejército, parece que lo habían hecho muchísimas veces. Tenían una relación sistemática de colaboración desde cuando se establecieron en el poblado de Nueva Antioquia, en Turbo, por más de una década. Allí hubo un fortín del paramilitarismo con plena complacencia de la fuerza pública y en ese lugar se preparó la masacre del 21 de febrero de 2005”.

La verdad que ahora está saliendo a flote confronta las versiones, tanto presidenciales como las emitidas por el Ministerio de Defensa y la Comandancia del Ejército, lo que le permite al sacerdote jesuita exigirles “más que una retractación”, pues las pruebas van dejando claro la participación de varios batallones adscritos a la Brigada XVII en este delito atroz.

Negaciones infames

“Cuando hay varios batallones comprometidos en la masacre es imposible pensar que el Comandante de la Brigada XVII, general Héctor Jaime Fandiño Rincón, no se haya enterado del hecho. Él negó rotundamente que hubiera participación militar, pero insisto: es imposible que ignorara todo. Él mintió de una manera muy consciente al país y al mundo”, afirma Giraldo.

Para el prelado jesuita, a las mentiras del general Fandiño Rincón se le deben agregar las proferidas por el entonces comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien se negó a aceptar cualquier responsabilidad de los hombres bajo su mando: “Es impensable que ellos no hubieran tenido acceso a una información veraz en ese momento”.

En la construcción de la mentira el padre Giraldo también involucra a los fiscales de Antioquia, que a través del director regional, en esa época Francisco Galvis, declaró a la prensa que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “era un veraniadero de las Farc”.

El sacerdote insiste en que todos ellos mintieron de manera premeditada: “construyeron una mentira a conciencia, y en ello no sólo participó la cúpula militar; tembién estuvo involucrada la Presidencia y la la Vicepresidencia de la República, que negaron la participación de agentes del Estado y le atribuyeron todo a las Farc apoyándose en una versión falsa que construyó un desmovilizado, quien había sido sido torturado y en el momento que construye esa versión aún estaba en manos de sus torturadores”.

Por todo ello, el padre Giraldo insiste en que la justicia no debería quedarse sólo en la sanción de los autores materiales de este estremecedor hecho, “la justicia debería proyectarse también a los que colaboraron en la mentira, y ahí está todo el poder ejecutivo al más alto nivel”, agrega.

Sigue en riesgo

Desde la constitución como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, sus habitantes han sido el blanco de los atropellos por parte de agentes estatales que pretenden desestabilizar el proceso y estigmatizarlo asociándolo a la insurgencia, dado que entre sus conceptos de neutralidad no aceptan a los actores armados, sean legales e ilegales. Dada la persecución estatal y paramilitar, tienen medidas cautelares proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la última revisión, ocurrida hace un mes, las cifras son alarmantes: desde el 21 de febrero de 2005 a febrero de de este año se contabilizan 290 agresiones del Estado, entre ellas 17 ejecuciones extrajudiciales; se han denunciado 45 anuncios por parte de miembros de la fuerza pública de que la comunidad será exterminada de manera violenta; se tienen 80 amenazas directas contra la vida de personas y familias completas que habitan la comunidad; además, ha habido torturas, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, pillaje de los bienes de la comunidad y empadronamientos ilegales que contradicen las normas constitucionales.

“Por todo eso la comunidad sigue en riesgo”, advierte el padre Giraldo, para quien las resoluciones de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional no son respetadas por el Gobierno nacional. El tema ha sido llevado a la Corte Penal Internacional, donde reposa un amplio dossier sobre Colombia, pero aún no han tomado la decisión de intervenir en el país.

Pese al conocimiento nacional e internacional del caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de las verdades que están saliendo a flote y de las medidas de protección, el padre Giraldo es poco optimista. “Vivimos en un mundo de absoluta impunidad. Yo no guardo esperanza de que algún día esto sea sancionado con justicia”, dice, y agrega que espera de la sociedad colombiana una sanción moral al Estado para que este tipo de crímenes atroces no se repitan.

“Lo que me parece más importante es que los daños sean reparados, tanto de las personas como de las comunidades; que el Estado adopte mecanismos drásticos para que esto no se vuelva a repetir”, manifiesta el sacerdote, pero de nuevo le vuelve el pesimismo: “Yo creo que el Estado está haciendo muy poco, los mecanismos que ha adoptado, como la ley de Justicia y Paz, no reparan ni establecen las verdades completas ni evitan la repetición de los crímenes”. Sin embargo, algún día se hará justicia.

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