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La parapolítica sacude el mito antioqueño

Por Juan Diego Restrepo E. (*)

Jueves 24 de abril de 2008

El mito antioqueño, construido sobre la base de la pujanza, la industrialización, la ambición del desarrollo, la ética empresarial y el liderazgo político, está siendo sacudido por los efectos de la llamada parapolítica. Pero como todo mito persiste en sobrevivir, no han faltado voces para salir en su defensa, reinventarlo y mantenerlo vigente, muy a pesar del dolor de las víctimas, de las miles de víctimas que la guerra contrainsurgente dejó a su paso por todos los rincones del departamento.

“El liderazgo político”, generalización que hace parte del mito antioqueño y le otorga gran poder simbólico, ha recibido por estos días duros golpes: en la cárcel están los dirigentes regionales Rubén Darío Quintero, Humberto Builes, Guillermo Gaviria Zapata y Mario Uribe Escobar. Se encuentran bajo investigación Oscar Suárez Mira, Mauricio Parody y Jorge Morales Gil. Y es probable que otros políticos más se vean comprometidos, pues no se entiende cómo pasaron incólumes y sin mancha en un departamento que generó el proyecto paramilitar, lo exportó a otras regiones y lo reivindicó a través de los años como un proyecto político. ¿Acaso puede haber un proyecto político sin políticos? No lo creo.

Uno de los principales defensores del mito antioqueño, el más representativo por la dignidad que ahora ostenta, ha sido el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, quien no ha vacilado en resaltar que cualquier señalamiento contra buena parte de la clase política antioqueña es contra “todos los antioqueños”; además, ha apelado al liderazgo regional para inculpar a quienes señalan hacia el departamento con dedo acusador, pues a estos “les duele el liderazgo de los antioqueños y del presidente Uribe, y por eso reacciona así, para tapar la salida inmediata a otros dirigentes de acá, de Medellín, de Antioquia, o al propio presidente Uribe”.

Al Gobernador de Antioquia se le han unido diversos dirigentes políticos regionales, quienes, en coro, devuelven el señalamiento y acusan a los bogotanos de perseguir a los antioqueños. Son varios los dirigentes paisas que hoy se sientan en las cómodas sillas del Senado y la Cámara, en representación de una región que poco sabe de la manera cómo llegaron hasta allí, o si lo saben, lo callan, quienes desde esos centros de poder recurren a la “antioqueñidad”, otro símbolo que representa la unidad política, la cohesión social y el interés general, para deslegitimar la acción de la justicia.

Esa práctica discursiva en Antioquia ha estado presente desde hace décadas, muchas décadas, quizás desde cuando sus prestantes pobladores se autoproclamaron como “raza”. Su dirigencia se acostumbró a atacar todo aquello que los atacaba, o que suponían que los atacaba, y a sustentar su defensa en el sentimiento regional, restándole cualquier sentido crítico y argumentativo.

Así ocurrió con la entrada de capitales foráneos en la década de los 70, cuando los antioqueños leyeron esa participación como “tomas hostiles”; los mismos discursos afectivos se expresaron en los años 90 durante diversas etapas de la construcción del Metro de Medellín. Y en la actualidad se vuelve a lo mismo: las decisiones de la justicia son ataques a los cuales se les responde con la defensa a ultranza de la identidad regional, un componente esencial del mito antioqueño que está por encima del dolor de las víctimas que provocaron las operaciones contrainsurgentes.

Así lo ha evidenciado en diversos escenarios, tanto locales, regionales como nacionales, una clase política insensible a los efectos de la guerra, pero sensible a los efectos de la justicia que, poco a poco, va demostrando que el poder político regional de la última década no se sustentó en las propuestas colectivas para beneficiar a las mayorías sino en el interés por acumular poder para beneficio propio.

Lo dolorosamente paradójico en Antioquia es que quienes han criticado la labor de la Corte Suprema de Justicia recurren al viejo argumento de la victimización paisa; es decir, los victimarios haciéndose las víctimas. Todo un irrespeto con las decenas de muertos que dejaron las más de 120 masacres ocurridas en el departamento entre 1997 y 2007.

Dadas las pruebas que existen contra los congresistas capturados y los indicios que existen contra otros más, es necesario preguntarse si, como ciudadanos, seguiremos reconstruyendo el mito antioqueño acompañando a quienes se sienten agraviados y, juntos, nos rasgaremos las vestiduras porque “nos atacan a todos los antioqueños” desde Bogotá; o mejor concentramos nuestras fuerzas en defender a las miles de víctimas del proyecto contrainsurgente y le brindamos ayuda a quienes buscan hacer justicia.

Si decidimos renovar el mito antioqueño tendremos que acompañar, sumisos, los lamentos de cada Senador, Representante a la Cámara, Gobernador o cacique regional porque “nos persigue el centralismo”; pero si tomamos otro camino, habría que recordarle a esta clase política que las alianzas que tejieron en el pasado para salir beneficiados electoralmente sumieron en la pobreza a más de 300.000 personas que tuvieron que dejar sus propiedades de manera forzada para evitar que los mataran. Toda una tragedia humanitaria.

Además, si queremos seguir detrás de algún politiquero de turno, de esos que sólo visita las regiones agitando el sombrero para recoger votos y que hoy arguye que en Antioquia se ataca la dignidad de “todos los paisas” cuando se le vincula con el aparato contrainsurgente armado, no nos queda otra opción que gritar ¡vivas! al departamento; pero si decidimos lo contrario, habría que recordarle a ese politiquero que esas alianzas con la contrainsurgencia armada, de las que no fueron ajenos pujantes industriales, comerciantes y empresarios antioqueños, ocasionaron el despoblamiento de miles de hectáreas de tierra productiva para abrirle paso a grandes proyectos agroindustriales que sólo benefician a unos pocos. Urabá es testigo de excepción de esta práctica macabra.

Si nuestra decisión es estar cerca de todos aquellos políticos de vieja casta que agitan la bandera regional y nos recuerdan la fastuosidad del mito antioqueño criticando a las altas cortes por las decisiones jurídicas que los están llevando a la cárcel, asumimos que esa festiva recordación es superior al dolor de las comunidades que, solitarias y sin más armas que la palabra, denunciaron las macabras alianzas de las brigadas militares y las comandancias de policía para arrojar en fosas y en ríos a miles de personas que aún hoy permanecen desaparecidas.

La realidad nos ha llevado a enfrentarnos a dos opciones: o asumimos el papel de defensores del mito antioqueño y desconocemos el dolor de quienes han sufrido los efectos del poder paramilitar porque sobre ellos construimos el progreso; o nos declaramos comprometidos con la justicia y reclamamos la condena de aquellos que, soterradamente, fueron solidarios con la muerte para beneficio propio. Habrá que esperar qué tantos aliados y qué alianzas podrán tejer aquellos que se declaran guardianes del mito antioqueño para salvaguardarlo, paradójicamente, de la justicia, como si él estuviera por encima de la ella. Pero lo cierto es que al mito antioqueño le llegó la hora de enfrentarse a la verdad jurídica e histórica.

(*) Editor Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co

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