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Carta al Fiscal de Estados Unidos

Iván Cepeda Castro

Domingo 25 de mayo de 2008

SEÑOR MICHAEL MUCKASEY, FISCAL general de Estados Unidos, 15 de los principales jefes paramilitares colombianos fueron extraditados a su país para responder por delitos de narcotráfico, financiación de grupos terroristas y lavado de activos.

Estos jefes de la organización Autodefensas Unidas de Colombia han cometido miles de crímenes contra la humanidad. Le menciono tan solo un dato que ilustra sus prontuarios: en las últimas dos décadas ellos lideraron la ejecución de más de 3.500 asesinatos colectivos o masacres.

Esto significa que algunos de los extraditados han ordenado desaparecer y matar a más personas que las que mandó a asesinar el general Augusto Pinochet en Chile, bajo su dictadura. La perpetración de tan graves y masivos crímenes no fue sin embargo su responsabilidad exclusiva.

Ellos actuaron al servicio de políticos, terratenientes o militares de alto rango. Incluso cometieron violaciones de derechos humanos aliados con multinacionales como Chiquita Brands, tal y como ha sido probado judicialmente. En la actualidad, más de 160 funcionarios públicos, entre quienes se encuentran numerosos congresistas de la coalición de partidos que respaldan al presidente Álvaro Uribe, están siendo investigados por estos nexos delictivos.

Como usted comprenderá, las víctimas de estos paramilitares y sus poderosos aliados ansían que se haga justicia. Más allá de cualquier indemnización o reparación pecuniaria, su anhelo principal es que se conozca la verdad plena de estos actos de violencia, sus móviles, y la identidad de los políticos cómplices que hoy se mantienen en altos cargos estatales gozando de impunidad. Miles de colombianas y colombianos esperan tener la información que les permita dar digna sepultura a los restos de sus familiares, torturados y desaparecidos.

Los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, han manifestado públicamente su voluntad de comparecer, lo antes posible, a audiencias con los investigadores colombianos en el territorio de su país para hacer declaraciones que pueden ser vitales para que continúe el proceso de esclarecimiento de la verdad. No obstante, hemos conocido que en la reunión que se llevó a cabo en Washington entre usted y el fiscal, Mario Iguarán, se afirmó que estas versiones no se realizarían antes de que culmine el proceso de preacuerdos entre las autoridades judiciales de Estados Unidos y los acusados. Esto podría significar que las víctimas tendrán que esperar largo tiempo y que las primeras audiencias con los fiscales colombianos se llevarían a cabo en meses o en un año.

En nombre de las víctimas, y su derecho a la verdad, le pido que se habilite cuanto antes la visita de una comisión de fiscales colombianos, de víctimas y de abogados, para que estos jefes paramilitares puedan, a la mayor brevedad, confesar nuevos hechos y, sobre todo, dar los nombres de sus cómplices, que son en realidad autores intelectuales de crímenes masivos. No se entendería que acuerdos judiciales en Estados Unidos terminen negando el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas de crímenes que la humanidad ha condenado universalmente.

 

Expreso mi solidaridad con Alfredo Molano, quien enfrenta un proceso judicial producto de una demanda por calumnia interpuesta por la familia Araújo. Este proceso amenaza convertirse en un precedente en materia de censura a todo aquel que denuncie o desenmascare la parapolítica.

fm_cepeda@yahoo.fr

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