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La encrucijada del ex Fiscal

Lunes 26 de mayo de 2008

La investigación preliminar que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del ex fiscal y hoy embajador en México, Luis Camilo Osorio, por sus presuntos favorecimientos a las autodefensas durante su gestión (2001-2005), tuvo un explosivo capítulo el pasado 13 de mayo. Ese día declaró bajo juramento el ex fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Luis Augusto Sepúlveda Reyes, un curtido abogado que tuvo que exiliarse en Canadá debido a la sentencia de muerte que ordenaron los paramilitares por las trascendentales investigaciones que adelantó contra la cúpula de esa organización ilegal y miembros de la Fuerza Pública.

Sepúlveda Reyes, quien trabaja actualmente como consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le contó al representante Germán Olano, en un pormenorizado relato de 46 minutos, su recorrido en la Fiscalía, los delicados procesos que tuvo a su cargo, cómo y por qué fue destituido por orden de Luis Camilo Osorio y por qué tiene la certeza de que el ex fiscal ‘bloqueó’ adrede importantes expedientes y posteriores decisiones en la Fiscalía que buscaban desvelar los tentáculos del paramilitarismo en diversos hechos violentos, como aleves asesinatos, masacres y atentados contra personalidades del país.

Luis Augusto Sepúlveda ingresó al ente acusador en 1995 como fiscal en Sogamoso. Posteriormente laboró como miembro de las unidades piloto para implementar el Sistema Penal Acusatorio y luego trabajó en Casanare, Guaviare y Boyacá. Como colofón de su exitosa carrera fue designado como fiscal de Derechos Humanos. Sin embargo, fue declarado insubsistente el 23 de abril de 2002. El motivo, según él, haber vinculado a Carlos Castaño Gil al proceso judicial que seguía la Fiscalía por el atentado que en diciembre de 2000 le hicieron las Auc al sindicalista y hoy parlamentario Wilson Borja.

En esa misma providencia, Sepúlveda le pidió al entonces fiscal Osorio que investigara a los generales Jorge Enrique Mora Rangel y Reynaldo Castellanos, algo que de acuerdo con su relato le generó un hondo malestar a Osorio. Sepúlveda contó que, una vez enterado de la decisión, el Fiscal lo llamó desde Perú supremamente contrariado y le manifestó que necesitaba verlo en su despacho al día siguiente. Sepúlveda acudió a la cita y, para su sorpresa, el expediente estaba en su escritorio. Según su denuncia, Osorio le preguntó exaltado por qué había vinculado a la investigación a Carlos Castaño, si existían pruebas para ello y por qué compulsó copias en contra de los generales.

El fiscal Sepúlveda le manifestó que tenía evidencias para procesar al jefe paramilitar Carlos Castaño y que existían declaraciones comprometedoras en contra de los generales Mora y Castellanos. “Él se molestó muchísimo y yo supe en ese momento que mis días estaban contados en la Fiscalía”, señaló Sepúlveda. Quince días después, cuando se encontraba calificando el proceso en contra del mayor César Maldonado —prófugo de la justicia y condenado por el atentado a Borja—, fue destituido a pesar de estar amenazado de muerte por los ‘paras’. El 13 de noviembre de 2002, temeroso y sin trabajo, salió del país con su familia.

Preguntado por Olano si era normal que expedientes tan delicados estuviesen en el despacho del Fiscal General así como así, Sepúlveda Reyes contestó tajante: “No era normal”, y a renglón seguido manifestó secamente que le sacaron de su despacho y sin su consentimiento el proceso. “No hubo una petición formal del expediente, él lo tomó, no sé cómo”, contó el declarante. Y relató que tuvo conocimiento, por informes del CTI de la Fiscalía y por declaraciones del abogado Eduardo Delgado —también asesinado por los ‘paras’—, de que había una lista de fiscales e investigadores que estaban en la mira de las Auc por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.

“Después hubo una contraorden —narró Sepúlveda— de ellos, quienes manifestaron que no era oportuno para ese momento asesinar a miembros de la Unidad de Derechos Humanos porque podría causar un impacto internacional” y, en consecuencia, dieron la directriz de que lo mejor, antes de asesinarnos, “era bajarnos de perfil, bien destituyéndonos de la Fiscalía, bien cambiándonos de unidad”. Eso causó una profunda incertidumbre entre los fiscales estelares que adelantaban procesos contra el paramilitarismo, quienes se vieron obligados a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conseguir medidas cautelares de protección.

Seguidamente Luis Augusto Sepúlveda detalló que otros fiscales que procesaron a jefes de las autodefensas y a presuntos colaboradores suyos de las Fuerzas Militares fueron echados por orden de Luis Camilo Osorio. Contó los casos de César Rincón, quien investigó las masacres de La Gabarra y ordenó procesar al general Matamoros; Amelia Pérez, Marta Camacho, Pedro Díaz y Lucía Luna, entre otros, a quienes, según Sepúlveda, el fiscal Osorio, en vez “de proteger nuestras vidas, como era su deber constitucional, nos abandonó a la suerte de los gatilleros pagados por los paramilitares”.

Las acusaciones más graves de Sepúlveda se centraron precisamente en el caso que originó la intempestiva salida de la fiscal Lucía Luna luego de que dictara medida de aseguramiento en contra de general Rito Alejo del Río por su presunta colaboración con las Auc. El ex fiscal le dijo al investigador Olano que fue testigo de ese despido y de los de Pedro Díaz y Pablo Elías González, entonces coordinador de la Unidad de Derechos Humanos y vicefiscal, respectivamente, porque se negaron a cambiar la medida de aseguramiento en contra del oficial.

El testigo señaló que desde la primera reunión que tuvo Osorio con una Unidad de Derechos Humanos manifestó que “nosotros estábamos inclinados a investigar casos contra el paramilitarismo y que estábamos dejando por fuera casos contra guerrilleros. Desde ahí vimos el perfil del Fiscal”. Y explicó que las investigaciones “no las escogíamos nosotros sino la Secretaría de la Fiscalía”, que era la que enviaba los expedientes a la unidad. “Desde ahí vimos el perfil de Osorio”.

“En todas las reuniones insistía en esa preocupación de por qué en la Unidad de Derechos Humanos sólo existían investigaciones en contra del paramilitarismo, o por qué las investigaciones contra el paramilitarismo avanzaban y las de las guerrillas no. Se le explicaba que había un caudal probatorio mucho más rico en el campo de los ‘paras’ y era mucho más difícil acceder a la prueba en los casos de la guerrilla”, le dijo a Olano Sepúlveda. Entonces rememoró el dramático caso del ex fiscal César Rincón, en el que su hijo, un bebé de tres años, fue perseguido en un parque “porque lo iban a matar o a secuestrar”.

Rincón, por supuesto, le solicitó a Osorio y al director de fiscalías de la época que aceleraran su exilio a España “para evitar que lo mataran”. Nunca pasó. Por eso Sepúlveda le dijo sin rodeo alguno al investigador Germán Olano que el objetivo de Luis Camilo Osorio “era desmantelar la unidad de Derechos Humanos”, específicamente, “acabar con los investigadores y fiscales que adelantaban diligencias contra paramilitares”. Precisamente, el ex fiscal denunciante le dijo en este punto de la diligencia a Olano: “Fíjese señor investigador que es una serie de hechos que nos permiten inferir que Luis Camilo Osorio estaba en contra de todo aquello que perjudicara ‘a los grupos de autodefensas’, y quería deshacerse de las personas que estábamos haciendo las investigaciones más fuertes en ese preciso momento”.

Finalmente, el ex fiscal Sepúlveda confirmó que hubo abiertas presiones a fiscales, como Amelia Pérez, para ‘torcer sus fallos’ en contra de militares y paramilitares. “Pérez fue presionada por el ex fiscal Luis Camilo Osorio para que tomara decisiones en contra de su propia voluntad y del haber procesal. Por eso tuvo que renunciar, para no tomar decisiones en contra del derecho”. En las postrimerías de su explosivo testimonio, Sepúlveda le solicitó al representante investigador Germán Olano que escuche en declaración a Pedro Díaz, Amelia Pérez y la hoy juez Marcela Roldán, quien fue removida de la Fiscalía por sus investigaciones en contra de dos generales de la República.

“Sé que ella recibió presiones por ello y fue destituida”, finalizó su testimonio el experimentado ex fiscal Luis Augusto Sepúlveda Reyes. Su declaración, sin duda, le echa más sebo al candil de las denuncias que cursan en la Comisión de Acusación en contra de Luis Camilo Osorio por los presuntos favorecimientos a los paramilitares y altos e insignes miembros de la Fuerza Pública involucrados con ese grupo irregular durante su gestión. El ex Fiscal siempre ha sostenido que nada ha tenido que ver con grupos irregulares, que todas sus decisiones se ajustaron a derecho y que ha sido el más grande persecutor del paramilitarismo. La explosiva denuncia de Sepúlveda parece afirmar la contrario. Todo está ahora en manos de la justicia.

“Nunca he tenido trato con organizaciones paramilitares”

Luis Camilo Osorio ha rechazado constantemente las críticas y acusaciones que se han hecho en su contra por el período que asumió como Fiscal General de la Nación, entre 2001 y 2005. Ha encaminado su defensa a demostrar que incrementó de manera significativa la lucha contra los grupos paramilitares y otras formas de violencia.

“Nunca he tenido tratos con organizaciones paramilitares, con alguno de sus miembros ni con ninguna persona o actividad criminal”. Según él, lo ha demostrado a través de las distintas acciones encaminadas a depurar el organismo y los resultados logrados durante su gestión. Por ejemplo, la expropiación de unas 4.000 propiedades del narcotráfico, especialmente de los carteles de la Costa, Cali y norte del Valle, y las más de 2.000 investigaciones que se adelantaron en la veeduría de la Fiscalía para detectar las conductas deshonrosas en que pudieran incurrir sus funcionarios.

En una carta enviada a este diario, en mayo de 2007, manifestó: “Ni los jueces ni la Corte Suprema de Justicia han encontrado mérito suficiente para ordenar traslado a la Comisión de Acusación, por acción u omisión, donde resulte comprometida mi responsabilidad como Fiscal General”.

El Espectador intentó comunicarse con el actual embajador en México y con su abogado, Jaime Granados, para conocer su versión de los hechos. Pero, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Las denuncias de Rafael García

En octubre de 2007, el testigo estelar de la parapolítica Rafael García Torres se presentó en una audiencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para dejar su testimonio en contra del ex fiscal general de la Nación Luis Camilo Osorio.

“Exponiendo mi vida he venido colaborando con la justicia (...) Esta colaboración no sería totalmente completa si callara los hechos que conozco que podrían comprometer penalmente al doctor Osorio”. Esas fueron las palabras de García en una carta que envió al representante Germán Olano Becerra, escrita a mano, el 22 de mayo de 2007.

Cinco meses después, García se presentó en esa corporación para ratificar sus afirmaciones. Bajo juramento, aseveró que la infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía había sido aun peor que en el mismo DAS. García dijo que Osorio fue un gran aliado de Jorge Noguera. Que Noguera le había manifestado que ellos (DAS) podrían contar con la colaboración del ex fiscal. “Que él (Osorio) tiraba para el mismo lado que nosotros”.

© EL ESPECTADOR

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