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Amnistía Internacional revela informe sobre DDHH en Colombia

Por: Amnistia Internacional

Miércoles 28 de mayo de 2008

El informe anual de esta ONG reitera que la persistencia del conflicto armado en Colombia tuvo graves consecuencias para los derechos humanos el año pasado.

De acuerdo con la ONG, en el 2007 los ’paras’ mataron menos gente que en años pasados, pero agrega que a pesar de la desmovilización siguieron activos en muchas partes.

"(...) Si bien es verdad que determinados grupos ’paras’ se habían transformado en bandas criminales relacionadas con las drogas, y que cierta violencia estaba vinculada a disputas entre esos grupos, había claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales seguían operando (...) con nombres como ’Águilas negras’ y la Organización nueva generación".

La presentación de Amnistía retoma el octavo informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, en el que se afirma que han identificado 22 nuevas estructuras compuestas por unos 3.000 integrantes, "aunque otras fuentes sugirieron que la cifra era muy superior, ya sea actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad". Les atribuyen 230 homicidios de civiles.

Reitera que la impunidad sigue siendo el denominador común, pero destaca progresos en casos emblemáticos. Se refiere a la detención de un capitán del Ejército por la matanza de ocho personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la reapertura de la investigación por 294 homicidios de miembros de la UP, la condena a 24 años del ex ministro Alberto Santofimio en relación con el asesinado de Luis Carlos Galán y la condena a seis años a tres de la Fuerza Aérea por el "homicidio accidental" de 17 personas en Santo Domingo (Arauca). Además, la detención del coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de 11 personas durante la toma del Palacio de Justicia.

Entre los hechos graves, Amnistía menciona que los miembros de la Fuerza Pública "ejecutaron extrajudicialmente a al menos a 280 personas entre junio del 2006 y junio del 2007. "Los militares a menudo presentaban a sus víctimas,en su mayoría campesinos, como guerrilleros muertos en combate", dice.


30 abril 2008 No queremos marchas llorando los muertos ni protestas para el 1 de mayo. –Fragmento de una amenaza de muerte paramilitar enviada a sindicalistas del departamento de Santander, 22 de abril de 2008

En gran parte del mundo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, brinda a trabajadores y trabajadoras la oportunidad de celebrar sus derechos y manifestar su solidaridad. Ese día se celebran concentraciones y actos en todo el mundo, de Londres a Moscú, pasando por Yakarta, Caracas o Ciudad del Cabo.

En el mundo entero, los sindicalistas sufren violencia y opresión. Pese a los casi 60 años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, ese derecho sigue violándose de forma generalizada.

Año tras año, Colombia simboliza los abusos más graves y constantes contra este derecho humano. En este país no se puede dar por sentada la posibilidad de participar en actos del 1 de mayo ni en otras actividades sindicales legítimas.

En lo que va de año, unos 22 sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra considerablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo precaria.

El 17 de abril de 2008 se encontró en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, el cadáver de Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA). Según los informes, presentaba señales de tortura. Al parecer, antes de su muerte, Jesús Heberto Caballero había recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

El homicidio se produjo unos días antes de que sindicatos y organizaciones de derechos humanos recibieran por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por “Águilas Negras”, fechada el 21 de abril de 2008. Según los informes, Jesús Heberto Caballero estaba sacando a la luz prácticas corruptas dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Adolfo González Montes, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Riohacha, departamento de La Guajira, el 22 de marzo de 2008. Su homicidio coincidió con las amenazas de muerte telefónicas recibidas por otros dirigentes de SINTRACARBON.

Algunos de estos dirigentes han denunciado también que sus casas estaban siendo vigiladas por individuos no identificados. La muerte de Adolfo González ha tenido lugar mientras el sindicato se disponía a iniciar negociaciones sobre las condiciones de trabajo con las empresas propietarias de la explotación minera de Cerrojón, en el departamento de La Guajira.

La mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas.

Desde que, en julio de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, el gobierno colombiano ha alegado que la situación de los sindicalistas ha mejorado de forma espectacular.

En dicho informe, Amnistía Internacional reconoció que, efectivamente, se había producido un descenso del número de sindicalistas víctimas de homicidio, frente a las cifras de principios de la década de 2000. Sin embargo, la organización conmemora este año el 1 de mayo pidiendo al gobierno colombiano que ponga más empeño en defender a los sindicalistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de homicidios experimentado en 2008.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tachado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estos activistas.

Amnistía Internacional ha destacado cómo, en los dos últimos decenios, el número de homicidios de sindicalistas ha experimentado bruscos descensos seguidos de fuertes aumentos. La organización ha insistido en que la ausencia de medidas enérgicas por parte de los sucesivos gobiernos colombianos para poner fin a la impunidad –superior al 90 por ciento– que rodea estos casos impide garantizar que la reducción de las cifras un determinado año se traduzca necesariamente en una mejora sostenible de la situación de los derechos humanos.

El fuerte incremento del número de sindicalistas asesinados en los cuatro primeros meses del año ilustra claramente este problema.

El gobierno colombiano ha alegado también que los abusos sufridos por sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical. Sin embargo, Amnistía Internacional recibe incesante información que indica que las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.

El 1 de mayo de 2008, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno colombiano que tome medidas enérgicas para poner fin a la crisis de derechos humanos a la que se enfrentan los sindicalistas en Colombia. La organización ha pedido a la comunidad internacional que insista ante el gobierno colombiano a este respecto.

Otros gobiernos pueden garantizar que la oficina permanente de la OIT en Colombia cuenta con recursos adecuados para poner en práctica un mandato que incluye la vigilancia activa y la información sobre la situación de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas.

Y pueden asimismo emprender acciones para garantizar que se dota de recursos adecuados a las unidades especializadas creadas para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

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