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Informe Especial

Informe Final Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia

Jueves 30 de octubre de 2008

La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia (en adelante la Misión), compuesta por 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos)
procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido1, desarrolló su trabajo entre los días 4 y 10 de octubre de 2007 por invitación de la Coordinación Colombia -Europa - Estados Unidos (CCEEU). El objetivo de la Misión consistió en la verificación de la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la impunidad en Colombia y la presentación de observaciones y recomendaciones al respecto. La Misión trabajó con cuatro grupos de observadores y observadoras que recibieron testimonios de casos ocurridos en una gran parte del territorio colombiano .

La Misión consistió en la recepción de testimonios de familiares y testigos referidos a 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como información sobre procesos judiciales llevados adelante por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. La Misión contó con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, mantuvo entrevistas con representantes de las altas instituciones del Estado y el gobierno colombiano, autoridades regionales y diversas organizaciones sociales. La Misión es consciente del contexto de conflicto armado interno y de la existencia de denuncias de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por todos los actores armados.

Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia

La Misión encontró patrones comunes en la forma de realización de las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron documentar en varias regiones de Colombia, lo que permite concluir que no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación. Las víctimas en general eran humildes campesinos, indígenas, líderes comunitarios y personas socialmente marginadas. En muchos de los casos fueron arbitrariamente privadas de su libertad por el ejército, posteriormente vestidos con prendas militares, y ejecutados. Después fueron presentados como guerrilleros "muertos en combate".

El presente documento es el informe final de la Misión Internacional de Observación en el cual se manifiestan las preocupaciones recogidas del intercambio con familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, y autoridades, registradas inicialmente en la versión preliminar del presente informe. Entre los temas de preocupación se encuentran: los patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales; la existencia de incentivos económicos, profesionales y premios a la Fuerza Pública por la presentación de "positivos" (bajas al enemigo causadas en el desarrollo de operaciones militares); las dificultades procesales para que las víctimas participen en los procesos judiciales, y el ambiente de intimidación en contra de familiares y testigos de los hechos.

Adicionalmente se retoman las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extra-judiciales e Impunidad, presentadas el día 10 de octubre de 2007. Estas, tienen como propósito orientar la toma de medidas por parte del Estado colombiano, que permitan la eliminación de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública; reiterar los principios internacionales en materia de investigación efectiva de las violaciones a los derechos humanos; insistir en las medidas encaminadas a garantizar la superación de la impunidad de los casos de ejecuciones extrajudiciales; y, aportar herramientas que permitan garantizar la no repetición de estos crímenes.

Por último, la Misión quiere agradecer a todas las personas que, a pesar de los temores y riesgos a los que están expuestas, decidieron firmemente participar en el trabajo realizado por la Misión, y quienes, con sus testimonios y aportes, permitieron que en los informes presentados se reflejara la gravedad del panorama de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia y se pudiera elaborar recomendaciones oportunas y pertinentes a las instituciones estatales, la cuales, de ser acogidas, definitivamente permitirán garantizar los derechos a la vida de la población colombiana y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales.

Después de los esfuerzos realizados en 2007 por las organizaciones colombianas de derechos humanos, la OACNUDH, la CIDH y nuestra Misión, con el objeto de llamar la atención al grave problema de las ejecuciones extrajudiciales, el gobierno colombiano acabó por reconocer su existencia y adoptó algunas medidas, aunque no suficientes, para resolverlo. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa emitió la Directiva N° 019, de 2 de noviembre de 2007, que obliga a los comandantes militares a remitir a la justicia ordinaria las investigaciones penales por homicidio; de hecho, un mayor número de casos han sido trasladados a la justicia ordinaria. Asimismo, en el último año y medio la Fiscalía General de la Nación está reclamando más a menudo la competencia de los expedientes a la jurisdicción penal militar. Por último, en algunos casos de gran repercusión pública se han presentado avances; por ejemplo, en marzo de 2008, fueron emitidas órdenes de captura para 15 miembros de la Brigada XVII por su presunta participación en la masacre de 8 personas en San José de Apartado, hecho acaecido en febrero de 2005.

Pero al mismo tiempo se constata la tendencia contraria, lo que indica que el problema esta lejos de resolverse. Los casos en la justicia ordinaria no avanzan con la suficiente rapidez; falta asignar fiscales a varios expedientes de manera eficaz y ágil; aunque se han presentado algunos avances en las investigaciones sobre los autores materiales, hasta la fecha no se han alcanzado avances significativos en el esclarecimiento y sometimiento a juicio de los autores intelectuales, a pesar de que hay indicios que mandos mas altos pueden estar implicados. Nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales siguen apareciendo a la luz pública; por ejemplo, en septiembre de 2008 se conoció que 23 jóvenes, quienes con falsas promesas de trabajo se trasladaron a regiones de Colombia, pocos días después, fueron reportados como muertos en combate; la OACNUDH, además, ha señalado su conocimiento de 35 víctimas mas desde finales de 2007 hasta abril de 2008, las cuales fueron reportadas como muertas en circunstancias similares.

Asimismo, preocupa a la Misión que altos funcionarios, incluyendo el Ministro de Defensa y el Presidente, sigan sugiriendo en público que las organizaciones de derechos humanos comprometidas en documentar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales lo estén haciendo para desprestigiar a las fuerzas armadas, descalificando su actuación, lo cual pone a estas organizaciones en un serio riesgo. En conclusión, aunque reconocemos los avances desarrollados en el último año para resolver este problema, en el espíritu constructivo de contribuir a esclarecer y erradicar este tipo de prácticas, la Misión considera que es absolutamente indispensable redoblar los esfuerzos para poner fin a estas violaciones graves a los derechos humanos, por lo que presentamos al conjunto de la opinión pública este Informe final.


Alexandra Huck (Alemania), Enrique Santiago y Romero (España), Françoise Escarpit (Francia), Ignacio Espinosa Casares (España), José Martín y Pérez de Nanclares (España), Juana María Balmaseda Ripero (España), Karen Ramey Burns (Estados Unidos), Lisa Haugaard (Estados Unidos), Mauricio Valiente Ots (España), Michael Peter David Ellman (Gran
Bretaña), Rainer Huhle (Alemania), Rebecca Cox (Gran Bretaña) y Stefan Ofteringer (Alemania).

La Misión Internacional de observación fue una iniciativa promovida por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia – Europa - Estados Unidos, que es una coalición que agrupa 199 organizaciones de derechos humanos y sociales en varias regiones del país y las organizaciones Corporación Sembrar, Comité de Derechos Humanos "Joel Sierra", Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdo, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Fundación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Humanidad Vigente, Asociación Minga, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Banco de Datos del Cinep, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), Fundación Sumapaz, Asociación Campesina de Antioquia, Cristianos y Cristianas por la Vida y la Paz, Asfaddes, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez",  NDAS Seccional Medellín, Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA), Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), la Corporación Jurídica Libertad, y las comunidades campesinas de la región del Pato y del Ariari en el Meta y de Guejar en Caquetá. Y a nivel internacional fue apoyada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Colectivo Coliche, Cedsala y la Asociación Paz con Dignidad de España, la Asociación Francia - América Latina (FAL) y la OIDHACO.

Departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Cesar, Guajira, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima.

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