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Falsos Positivos. Balance del Segundo Semestre de 2008

Cinep

Lunes 20 de abril de 2009

RESUMEN EJECUTIVO

Al finalizar el año 2008, el recuento de hechos de falsos positivos resulta preocupante, ya que se consolidó un importante incremento en el número de falsos positivos ocurridos en el año. Con relación a los casos que reportamos en septiembre pasado para el primer semestre del 2008 (26 casos y 54 víctimas), se ha producido un aumento del 34% en el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2008 con un total de 35 casos de falsos positivos y un total de 69 víctimas. A ello se suman las actualizaciones que se hicieron a los datos del primer semestre en razón de las denuncias crecientes que se presentaron, entre ellas las de los jóvenes de Soacha. Por tanto, se agregan 34 casos más y 52 víctimas, para un gran total en todo el año 2008 de 95 casos y 175 víctimas. Ello implica un descenso en los 149 casos que se presentaron en el 2007, pero un incremento con respecto a los 68 casos registrados en el 2006.

Aunque la problemática de falsos positivos ha venido creciendo desde el año 2002, la discusión pública ganó preponderancia desde septiembre hasta hoy, cuando se descubrió el delicado caso de Soacha (Cundinamarca), donde once jóvenes aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander y fueron registrados como presuntos guerrilleros dados de baja por el Ejército. El impulso mediático dado por este hecho, ha llevado a un incremento en las denuncias sobre otros casos, particularmente en Antioquia, Sucre y Boyacá, entre otros departamentos del país.

Las medidas tomadas por el Gobierno y el Ministerio de Defensa, tales como: el Comité de seguimiento a denuncias sobre presuntos homicidios en persona protegida, la implementación de un Plan de las unidades para revisar los casos que caractericen violaciones a los Derechos Humanos, la creación de una “unidad laboratorio” en la Séptima División del Ejército y la “política integral de Derechos Humanos y DIH” del Ministerio de Defensa, así como las recientes destituciones de oficiales del Ejército, presuntamente involucrados en los hechos, han sido necesarias e importantes, pero todavía es muy temprano para evaluar si tendrán un efecto continuado en el descenso de casos de falsos positivos hacia el futuro. Será entonces necesario mantener un atento seguimiento a lo que pasa en el 2009.

Según las denuncias de familiares de víctimas y organizaciones sociales, el grado de implicación de fuerzas oficiales en este delito de lesa humanidad, compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policivo del país. Observar cómo resultan involucrados miembros de las Fuerzas Armadas que, podría suponerse, conocían la existencia de los hechos y en algunos casos los ocultaron, invita a reflexionar acerca de la eficacia y transparencia del proyecto contrainsurgente en el marco de la política de Seguridad Democrática. No obstante las medidas oficiales que implicaron destituciones y detenciones de los oficiales presuntamente implicados en los hechos es necesario exigir, por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional, además de resultados en las investigaciones de estas infracciones, hechos que demuestren un real respeto a los civiles en medio de las acciones del conflicto armado.

RECOMENDACIONES

• Al Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa: (1) mantener la aplicación de las medidas tomadas y hacer un minucioso seguimiento a las nuevas denuncias que se puedan presentar; (2) tomar medidas para que los familiares de las víctimas de falsos positivos puedan hacer sus denuncias y se les garantice su seguridad. • A la Fiscalía General de la Nación: fortalecer el trabajo de la subunidad adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y DIH para que investigue estos casos.

• A la Comunidad Internacional: Dada la importancia y los efectos positivos que puede tener la colaboración de Estados Unidos, Unión Europea y Naciones Unidas, en la implementación de las políticas de Derechos Humanos, ayuda Logística, Técnica y Militar a la fuerza pública colombiana, es conveniente hacer seguimiento al conjunto de medidas que ha tomado el gobierno colombiano, con el fin de garantizar que este tipo de infracciones no vuelvan a repetirse. Además, suspender cualquier tipo de cooperación existente a las unidades de la fuerza pública comprometidas en estas violaciones, y evitar cualquier cooperación futura a las mismas.

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