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MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA JUDICIALIZADO EN LA IV BRIGADA DEL EJÉRCITO

Domingo 17 de mayo de 2009

Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como evidente propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.

 Uno de estos procesos tuvo su génesis en una investigación previa iniciada por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército el 29 de diciembre de 2006, la cual de manera errada ha sido tramitada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, lo que ha posibilitado que el ente acusador limite, sin el control de un Juez de Garantías, derechos constitucionales de las personas incriminadas.

Aunque en esta investigación previa la Fiscalía vinculó a varios integrantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y no gubernamentales debidamente identificados, nunca se les informó a estas personas de dichas actuaciones, lo que impidió que ejercieran de manera oportuna el derecho de la defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas incriminatorias que venían siendo recopiladas por la inteligencia militar.

Fue la comparecencia voluntaria de varios estudiantes de la Universidad de Antioquia a la Fiscalía, la que permitió develar la entidad de la investigación previa que se venía tramitando, la cual pretende criminalizar el ejercicio legítimo de la labor de defensa de los Derechos Humanos y la oposición política y pacífica frente a políticas promovidas por el Establecimiento, valiéndose para ello de la reedición de testimonios desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales, donde han pretendido vincular con organizaciones insurgentes, no sólo a estudiantes y trabajadores de la Universidad de Antioquia, sino también a sus directivas y a miembros de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín.

La defensa de varias de las personas que van a ser vinculadas mediante indagatoria a la investigación penal, ha acudido a los Jueces de Garantías para que, en diligencia de Audiencia Preliminar, determinen el procedimiento mediante el cual debe tramitarse el proceso, toda vez que consideran que los hechos objeto de averiguación tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero de 2006, razón por la cual deberán rituarse bajo los parámetros del procedimiento penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 que exige la controversia probatoria ante el Juez de conocimiento en igualdad de condiciones entre el ente acusador y la defensa, y no a espaldas de la defensa como se ha hecho en la Fiscalía destacada ante la IV Brigada del Ejército.

De proceder esta petición, las diligencias realizadas por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional deberán declararse nulas, lo que permitiría que en una eventual indagación, tanto las organizaciones y personas que temerariamente han sido vinculadas con organizaciones insurgentes, puedan desde la génesis del proceso ejercer de manera plena el derecho a la defensa.

Las organizaciones que suscribimos este documento, hemos ejercido la promoción y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades y de las víctimas en los marcos previstos por normativas de carácter internacional y nacional, situación que ha conllevado a la estigmatización desde las altas esferas del gobierno, la cual es replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la Fiscalía.

 Para ilustrar la anterior afirmación basta con recordar apartes del discurso pronunciado por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 8 de mayo, en el marco de la conmemoración de los cien años de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, cuando para deslegitimar las denuncias sobre las Ejecuciones Extrajudiciales en el país, sostuvo que:

 “Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”.

 Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de las organizaciones sociales, populares, sindicales, de víctimas y de Derechos Humanos, evidencia que existe una política de criminalización de la labor de defensa de los Derechos Humanos, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad.  

 Tal como se ha denunciado en otras ocasiones “En estos procesos de difamación y criminalización los Estados están violando los Derechos Humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta no violenta, debido proceso y de garantías judiciales entre otros, generando retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social, desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores”[1].

 Así también lo ha constatado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en diversos informes sobre la situación de los defensores y líderes sociales en el país, como lo expresó recientemente el señor Antonio Menéndez de Zubillaga, Coordinador del Área Jurídica de dicha Oficina en el lanzamiento del Informe de Human Rights First:

 “Desde el año 2003, la Oficina ha registrado un aumento en el número de casos de detenciones arbitrarias y/o ilegales cuyas víctimas pertenecen a este colectivo. La Oficina ha manifestado, en no pocas ocasiones, que la aplicación de la potestad judicial del Estado en materia de investigación y juzgamiento de conductas punibles, continúa presentándose como factor de hostigamiento. En muchas ocasiones, se sindica a personas por delitos contra el régimen constitucional y la seguridad pública sin bases jurídicas sólidas. Como resultado, estas personas permanecen detenidas sin justificación aparente por largos periodos de tiempo, que pueden llegar hasta 2 años.

“En estas situaciones, cuando las investigaciones son apropiadamente revisadas o se enfrentan al escrutinio judicial, las personas son liberadas sin cargos. Miembros de ONG, líderes sociales y sindicalistas también son víctimas de detenciones arbitrarias por delitos de rebelión. Además, varias de estas personas contaban, al momento de su detención, con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o eran beneficiarios del Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior.

“La situación de las y los defensores de derechos humanos se ha visto también perjudicada por declaraciones públicas de algunos altos funcionarios del Gobierno, que realizaron cuestionamientos muy generales e indiscriminados sobre la naturaleza de su labor y la de sus organizaciones[2]”.

 Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de víctimas y de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que expresen su solidaridad con las organizaciones y personas que están siendo perseguidas y en tal sentido exijan del Gobierno Nacional y las autoridades judiciales plenas garantías y respeto de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libre asociación y opinión.

 Así mismo exigimos de los organismos judiciales y de control el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a la vida, la seguridad e integridad de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, entre ellas que “la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de revisar los archivos de inteligencia militar y policial. Que además sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

 Igualmente, “a la autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación, y a las autoridades de control a fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y sindicalistas, incluidas las investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la impunidad.  En particular, la Alta Comisionada anima al Gobierno y a la Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida tales investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos”.

 Insistimos nuevamente en la validez del principio de imparcialidad e independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del poder militar en la dirección de las investigaciones criminales, ya que son quienes, los que sin tener funciones de policía judicial, inciden en el desenvolvimiento de las pruebas. Por ello urge desmontar las Fiscalías seccionales y especializadas destacadas en las guarniciones militares y policiales, ya que su actividad, en la mayoría de los casos ha dado lugar a las violaciones flagrantes del debido proceso y derecho de defensa.

  

Medellín, Mayo 11 de 2009

  

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Sumapaz

Asociacion Campesina de Antioquia

Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES Sec. Medellín)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Sec. Medellín)

Asociacion Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS (Sec. Medellín)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Hector Abad Gómez

Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz

Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente

Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda

Red Juvenil de Medellín

Corporación Itagüí Nueve Gente

 Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos

Escuela Nacional Sindical

Comité de Derechos Humanos ADIDA

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes De Estado 

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES

Polo Democrático Alternativo, subdirectiva Antioquia

 



[1] “La criminalización de la protesta social y de organizaciones no-gubernamentales en América latina” tendencias y experiencias de procesos organizativos. Comunicado de prensa Bogotá, Colombia 4 de marzo del 2009.

[2] Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 19 de febrero de 2009






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