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1.666 asesinatos aislados

Por José Hilario López Rincón / Caja de Herramientas

Sábado 23 de mayo de 2009

“El destino del ejército es guarnecer la frontera. ¡Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos!” Simón Bolívar

En días pasados, el fiscal Mario Iguarán informó a la opinión pública que por los casos de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos por el heroico Ejército de Colombia contra indefensos ciudadanos se encuentran detenidos 426 militares.

El Gobierno de Uribe Vélez insiste en minimizar la gravedad de los hechos, presentándolos como “casos aislados” pero eso no es cierto. Las evidencias demuestran todo lo contrario. Recordemos que hacia los meses de julio y agosto de 2006, justo cuando entraba en su recta final el primer período de su Excelencia, Bogotá se vio sacudida por una serie de atentados dirigidos a crear caos y temor en la ciudadanía, precisamente para crear y justificar la necesidad mesiánica de su Majestad en el trono. El mismo fiscal Iguarán comunicó en el mes de noviembre de 2006 que la entidad a su cargo tenía suficientes pruebas para aseverar que un taxi bomba descubierto en el sur de Bogotá era un “grosero montaje”, así como la serie de “atentados terroristas” que sacudieron la ciudad. En todos esos actos criminales también se vieron comprometidos miembros del Ejército. No son entonces, ni casos aislados ni conductas ajenas al accionar de las fuerzas militares.

No son “casos aislados” porque a la fecha, por participar en ejecuciones extrajudiciales, hay 426 heroicos militares en la cárcel, 67 de ellos condenados. No son “casos aislados” porque los cobardes asesinos se movieron por las periferias de miseria de todo el país para seleccionar y embarcar sus víctimas hacia el cadalso. No son “casos aislados” porque hasta el mes de abril de 2009 estaban siendo investigados 143 oficiales, 11 de ellos coroneles, 167 suboficiales y 655 soldados profesionales. ¿Profesionales en asesinar?

Los “casos aislados” han llevado a 1.009 investigaciones contra miembros del Ejército, la Armada, la Policía y el DAS por el asesinato de 1.666 indefensos ciudadanos.

La destitución de unos cuantos militares, así tengan el rango de generalotes, en modo alguno hace justicia a las víctimas, a sus familiares o a la humanidad. Los asesinatos cometidos por el Estado colombiano a través de su cobarde Ejército constituyen crímenes de lesa humanidad y deben someterse a la jurisdicción internacional. Veamos por qué:

Terminada la Primera Guerra Mundial se proclamó la Carta del Tribunal de Nuremberg en 1945, organismo que recogió una lista inicial de las conductas consideradas crímenes de lesa humanidad. Con la promulgación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998 se definieron de una manera más precisa a la vez que se cuenta con un instrumento de carácter internacional.

El Estatuto de Roma se promulgó como respuesta de la comunidad de naciones al hecho infame de que “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”, afirmando su voluntad de que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”.

El artículo 5º del Estatuto de Roma establece que los crímenes de competencia de la Corte son: a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; d) el crimen de agresión.

El artículo 7º parágrafo 1 determina que para los efectos del Estatuto, “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

A su vez, el parágrafo 2 del citado artículo 7º, para los efectos del parágrafo 1, expresa que “Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”. Las fuerzas militares de Colombia urdieron y estructuraron un tenebroso plan con la complicidad de algunos paramilitares, consistente en llevar de diferentes zonas del país a jóvenes desempleados; con el señuelo de lucrativas actividades los trasladaron a otras regiones donde fueron asesinados por miembros del Ejército de Colombia, en algunos casos fusilados, con sus armas de dotación oficial, simulando gloriosos combates contra imaginarios guerrilleros.

La serie de asesinatos y atrocidades de los militares colombianos “desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia” por la saña que tuvieron para tramar todo el plan, desde la escogencia de las víctimas hasta las formas que utilizaron para asesinarlos y presentarlos como insurgentes abatidos al lado de fusiles inservibles. Todo en procura de lograr permisos, ascensos, condecoraciones y recompensas económicas, bajo los gritos perturbados y sedientos de sangre del padre de la seguridad democrática, instigador intelectual de la ignominia. ¡Acábenlos por cuenta mía!

Los crímenes del Estado colombiano constituyen un ataque contra la población civil por cuanto ha implicado la “comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1”, es decir, la comisión de 1.666 asesinatos, los cuales fueron perpetrados en el marco de la sangrienta política de la seguridad democrática o para promover esa política.

Los crímenes del Estado colombiano son crímenes de “lesa humanidad” porque fueron cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Los 1.666 asesinatos que hasta ahora están siendo investigados, cometidos por diferentes unidades militares de diversas regiones del país hablan por sí mismos. Sin lugar a duda, estamos frente a un ataque “sistemático”. Y al ser crímenes de lesa humanidad debe intervenir la jurisdicción internacional, máxime cuando asistimos a la pantomima de prodigar justicia con el juzgamiento de unos cuantos soldados y no se juzga a quien los instigó.

Como si lo anterior no fuera estremecedor, tales asesinatos continúan ocurriendo; así lo revela un estudio del Cinep que documenta al menos 35 casos ocurridos en el segundo semestre de 2008. Y en medio del dolor de los familiares de las víctimas su Excelencia pide “solidaridad” con los militares que van a la cárcel injustamente, en un claro mensaje de complicidad con los asesinos y menosprecio por las víctimas.

¿Y la sociedad colombiana, en dónde está?

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