DHColombia
Portada del sitio > Opinión > De vuelta a la tierra

De vuelta a la tierra

Por: Natalia Paredes, Investigadora del CINEP

Miércoles 12 de agosto de 2009

Es urgente que una legislatura reconozca la importancia de la reintegración de tierras y patrimonio y solucione la situación de desplazamiento en Colombia.

Después de un largo proceso de discusión en el Congreso, de la realización de audiencias regionales y la elaboración de varias versiones del proyecto de Ley de Víctimas, el tema de restitución de tierras y patrimonio ocupa un lugar central en el debate público. Entre otros factores, porque la tenencia de la tierra ha sido uno de los medios para controlar territorios y ejercer poder local y, por lo mismo, la resolución de los conflictos en torno a ella es fundamental para la construcción de la paz en Colombia.

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la devolución efectiva de sus bienes a las víctimas es la persistencia del conflicto armado. Por ello, aunque ya hay fórmulas para proteger y restituir jurídicamente los derechos de las víctimas, en la mayoría de los casos no se ha concretado la entrega física de los predios. En la práctica, las personas desplazadas quedan en la misma condición por varias razones: no pueden disponer del bien que continúa ocupado por el victimario o por un tercero. Éste permanece abandonado y expuesto a una nueva ocupación o conflicto sobre su pertenencia. Las víctimas son presionadas a vender a precios irrisorios mediante amenazas, cobro de cartera y ante su condición de miseria.

De ahí que entre los dos puntos centrales referidos a la reparación integral, esté la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la devolución material de los predios a las víctimas y la restitución de los bienes afectados o patrimonio, que les permitan volver a su actividad productiva y recuperar su plan de vida.

El proyecto de ley elegido para la conciliación entre Cámara y Senado, y posteriormente hundido por el Gobierno Nacional, contemplaba la restitución de los bienes despojados violentamente como medida preferencial, tal como lo estipula el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[1] .

Es decir, que el Estado debía hacer un esfuerzo por devolver a la víctima lo que le había sido arrebatado mediante actos criminales. Al contrario, en el proyecto respaldado por el Gobierno y aprobado en la Cámara no se hacía explicita la preferencia por la restitución, sino que se daba gran importancia a la compensación, que, incluso, se podría hacer por medio de un subsidio de vivienda. Esto significaría, por ejemplo, que el señor Manuel Contreras[2] , quien llegó a tener en 1998 una finca de cuatrocientas hectáreas, con cultivos de maíz y yuca, 100 reses, cerdos, gallinas y otros bienes, podría ser reparado mediante un subsidio que oscila entre los 10.900.000 y 12.500.000 pesos.   

Cómo hacer realidad la devolución material de los predios

El análisis inicia con uno de los caminos propuestos para la restitución de las tierras que, aunque no es el óptimo, es viable y justo. El punto de partida es reconocer que las distintas modalidades de despojo y usurpación violenta de las tierras reflejan una lógica de dominio territorial por parte de los actores armados. Es fundamental que el diseño institucional del mecanismo de restitución garantice la seguridad y condiciones adecuadas para la recuperación de los derechos sobre las tierras y la libre disposición de las víctimas sobre ellos, así haya o no un retorno. Este mecanismo consiste en la declaratoria de “áreas  amparadas con presunción de negocios espurios”[3] , en otras palabras, que los jueces puedan actuar sobre un espacio geográfico determinado, declarar que presuntamente allí se realizaron negocios ilegales y tomar las medidas necesarias para reversar la tenencia a favor de las víctimas cuando los ocupantes actuales no prueben la legalidad sobre las tierras.

La propuesta tiene varias ventajas. Su gran potencial radica en el criterio de actuación sobre una zona y no sobre un predio particular, aunque, de paso, deben resolverse integralmente las reclamaciones que sobre cada predio se hagan. No se trata de una solicitud individual de bienes, ya que una cosa es que la persona inicie un proceso para recuperar los bienes despojados –especialmente la tierra– y otra que el Estado intervenga un área geográfica que ha sido afectada por la violencia y donde se ha alterado masivamente la tenencia de la tierra para iniciar procesos de devolución en los casos comprobados. De esta forma, se actúa sobre los victimarios y sus testaferros y sobre las causas que originaron los hechos violentos. A la par, se recupera el monopolio estatal de la fuerza en la zona, lo que permite un posible retorno.

Otra de las ventajas que supone este mecanismo es que los negocios sobre tierras realizados “durante un período específico de tiempo donde los victimarios hubieran ejercido influencia sobre dichas actividades”, deben ser probados como actos transparentes y legales por parte de los ocupantes actuales. En caso contrario, el juez o magistrado podrá cancelar los títulos y registros respectivos y restituir los derechos a las víctimas. Esta es la llamada ‘presunción de ilegalidad’ a favor de las víctimas, que se adopta en parte para otras formas de restitución, como la ‘declaratoria de ausencia de justo título’. En el caso de que los ocupantes actuales sean terceros de buena fe, podrán alegar sus respectivas demandas en audiencia pública y el juez resolverá el caso.

Las diferentes versiones de los proyectos de ley han adoptado modificaciones del mecanismo mencionado, como las llamadas zonas de atención prioritaria donde se propone focalizar los esfuerzos estatales, dejando de lado la resolución del despojo y la usurpación de los derechos sobre la tierra y los territorios de grupos étnicos, en tanto se elimina la ‘declaratoria de áreas amparadas’ y sus efectos concretos. Por ello, ante las características masivas del despojo y la permanencia de los actores armados en el territorio, el alcance original que tiene la propuesta de “las áreas amparadas con presunción de negocios espurios” es decisivo para cumplir con los objetivos de la restitución efectiva.

De seguirse la actuación colectiva sobre un área del territorio nacional, el Estado asumiría su responsabilidad de recuperar los bienes apropiados por los victimarios, cumpliría con su papel de garante de la justicia y evitaría altos costos económicos. Si bien esta actuación implica gasto público, al recuperar lo robado y devolverlo a sus dueños, los costos serían menores a los que supone destinar nuevos recursos para hacer una reparación parcial. Además, se iniciaría otro tipo de procesos por vinculación a hechos violentos que tuvieron como consecuencia el despojo, lo que supondría encontrar más victimarios, juzgarlos y actuar sobre el origen del delito.

Otros temas pendientes

Como se observa en los distintos testimonios de desplazados que hasta hace pocos días sobrevivían indignamente en el parque Tercer Milenio de Bogotá [4] , en gran parte de los casos las familias tenían tierras y medios de vida, y mediante asesinatos, amenazas, presiones para escrituras ilegales o ventas a precios irrisorios en alianza con funcionarios corruptos, los bienes fueron traspasados a los actores ilegales o a sus testaferros.

Según indicó la revista Semana: “(…) Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera”[5].

En manos de quién recaerá la responsabilidad de aplicar justicia en materia de restitución es otro de los puntos que aún está sin resolver en los proyectos de ley ya que, como es bien conocido, el despojo en Colombia se ha legalizado con la complicidad de las autoridades locales, regionales y nacionales. Por este motivo valdría la pena examinar la puesta en marcha de una justicia especial agraria.

También es importante establecer de manera explícita los mecanismos adicionales de restitución para los poseedores, ocupantes y tenedores de tierras, así como precisar los medios a través de los cuales se va a hacer efectiva la extinción de dominio con prioridad para los desplazados y la entrega material de los bienes. Este es un asunto de justicia distributiva, ya que en Colombia la reforma agraria sigue siendo una deuda pendiente con miles de campesinos y campesinas en situación de pobreza y exclusión.

Otro punto significativo, aprobado en la plenaria del Senado, es el de la reintegración del patrimonio. Esto supone reconocer que, adicional a la tierra, las víctimas poseían otros bienes y que a causa de los hechos violentos, muchos no pudieron continuar pagando sus obligaciones crediticias o adquirieron deudas posteriores. De no darse la reintegración integral del patrimonio, la víctima, así se le restituya la tierra, no podría estabilizarse económicamente pues, aun cuando se le entregara un predio, no contaría con los medios para establecer un proyecto productivo ni para pagar las deudas. Entonces, ante la presión de cobro cedería sus derechos o vendería sus fincas a precios irrisorios.

La gravedad de esta situación se evidencia en casos como el del Verdún, jurisdicción del Carmen de Bolívar[6] , donde los beneficiarios de la reforma agraria que quieren retornar a sus tierras,  están siendo presionados por la Central de Inversiones CISA, a la que el Gobierno le vendió la deuda adquirida por los campesinos antes del desplazamiento –o por personas que disponen de esta información– y, al mismo tiempo, inversionistas privados realizan ofertas de compra sobre sus tierras. Los campesinos en situación de pobreza y con la presión de los acreedores terminan despojados por uno u otro lado. Cabe destacar que este manejo permite que esfuerzos presupuestales anteriores hechos por el Gobierno sean aprovechados por empresarios privados para dar lugar a nuevos procesos de concentración de tierras en áreas geográficas estratégicas.

De allí la urgencia de que la próxima legislatura reconozca la importancia de la reintegración del patrimonio y establezca medidas concretas para el alivio de las deudas de los desplazados, no solamente sobre impuestos o servicios públicos, sino sobre créditos, en especial aquellos que comprometen la propiedad de la tierra. La fórmula se encuentra en uno de los mecanismos que hizo trámite en el Senado. Sólo falta la voluntad política.

 

 

 

[1] La Corte Constitucional reafirmando la restitución como medida preferencial en su Sentencia T-821 de 2007, ha señalado que el Estado tiene que hacer un esfuerzo grande en materia de identificar cuáles fueron las tierras que fueron despojadas, ya que ésta es una garantía de no repetición, al actuar directamente sobre la causa del hecho violento.

[2] “El destierro de Julio” en Semana,  13 de septiembre, 2008.

 [3] Artículo 59, Proyecto de Ley 157 de 2007, Senado de la República.

[4] “Las caras del despojo de tierras” en Semana multimedia, 19 de junio, 2009.

[5] “¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados?” en Semana, 15 de septiembre, 2008.

[6] PNUD, Hechos del Callejón No. 47. En: www.semana.com/documents/Doc...

Comentar este artículo

Telesur Movice Noche y niebla Indymedia Prensa Rural Javier Giraldo San José de Apartadó

Casos DDHH


Contacto

Utilice este formulario para contactarnos o para inscribir su correo electrónico a nuestra lista de suscriptores:


Financiado por:

FOS-Colombia

Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.

Iniciado por ASDI, administrado por Forum Syd*

*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.

|SPIP | Intranet | Chat| Espacio privado |