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Inminente la libertad de 10 militares implicados en masacre de 8 personas en Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Por: Corporación Jurídica Utopia

Lunes 25 de enero de 2010

Inminente la libertad de 10 militares implicados en masacre de 8 personas en Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Por: Corporación Jurídica Utopia

Enero 21 2010. El próximo 17 de febrero 2010 se vencen los términos establecidos en el código penal para que el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia adelante el juicio en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Apartadó ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los integrantes del Ejército Nacional que quedarían el libertad son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP SABARAIN CRUZ REINA, ST JORGE HUMBERTO MILANES VEGA, SS HENRRY AGUDELO GUASMAYAN ORTEGA, C3 RICARDO BASTIDAS CANDIA, ST EDGAR GARCÍA ESTUMIÑAN y Sargento DARIO BRANGO AGAMEZ, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, dada su participación en el múltiple crimen cometido en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Desde el 26 de febrero de 2009, por parte de la Fiscalía General de la Nación se dictó resolución de acusación en contra de los militares anteriormente referenciados. Dicha providencia adquirió ejecutoria formal y material, el día 17 de febrero de 2009, razón por la cual, conforme a lo establecido en el artículo 365.5, en conexión con el artículo 15 de la Ley 600 de 2000, se tiene que el término legal para la celebración de la audiencia pública es de un año.

Con la salida de la cárcel de varios militares investigados por el asesinato de civiles para hacerlos pasar como muertos en combate, todos los altos funcionarios del Estado se rasgaron las vestiduras: el fiscal encargado Guillermo Mendoza, el general Freddy Padilla, el ministro de Defensa Gabriel Silva y el presidente Uribe. Entre muchas cosas que dijeron en comunicados y entrevistas, pidieron que se investigara al juez de garantías que ordenó las liberaciones y propusieron que se acabara con la figura del vencimiento de términos para ciertos delitos.

El problema es que esta indignación oficial no concuerda con la voluntad que en la práctica tanto el Gobierno como la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura han mostrado para impulsar las investigaciones judiciales. Los ’falsos positivos’ han sido tratados como un delito ordinario, sin una atención prioritaria y especial, y las víctimas han sido abandonadas a su suerte. En ese contexto es que los procesos se están alargando y los militares acusados salen de la cárcel, y por esa razón las libertades por vencimientos de términos se vienen dando y van a continuar.1

En un derecho de Petición radicado por la parte civil en calidad actores populares, el día 21 de enero 2010 ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura solicitan, entre otros:

  1. Sea designado un Juez de descongestión a fin de que se disponga que la titular del Juzgado Segundo Especializado de Antioquia conozca con exclusividad, durante el periodo que fije la Sala Administrativa, del proceso que se adelanta en contra de los integrantes del Ejército Nacional TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP SABARAIN CRUZ REINA, ST JORGE HUMBERTO MILANES VEGA, SS HENRRY AGUDELO GUASMAYAN ORTEGA, C3 RICARDO BASTIDAS CANDIA, ST EDGAR GARCÍA ESTUMIÑAN y Sargento DARIO BRANGO AGAMEZ, por los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005, en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

  2. Se ordene sean detenida y exhaustivamente investigados los hechos que han permitido y/o posibilitado la dilación del juicio, entre ellos el relacionado con el extravío del expediente, en la oficina de apoyo en la ciudad de Medellín.

  3. Se intervenga ante el Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en el artículo 189.3 de la Constitución Nacional, a efectos de que intervenga ante la Junta Directiva de la Defensoría Militar Integral - DEMIL, para que impartan instrucciones precisas y perentorias a sus integrantes, a efectos de que se abstengan de promover actos que puedan significar dilación, obstrucción u obstaculización de la justicia, en especial en los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Irregularidades tendientes a dilatar el proceso:

  • De manera extraña el día 16 de diciembre de 2009, los sujetos procesales fuimos informados que desde el día cinco de diciembre estas pruebas habían sido recibidas en la ciudad de Medellín, pero no habían sido entregadas para que hicieran parte del expediente. Esta situación desencadenó en una nueva suspensión de la audiencia, disponiéndose la continuidad de la misma para los días 4 y 5 de febrero de 2010.

  • Recientemente la periodista Cecilia Orozco, en la columna titulada “Calmando Conciencia”, en el contexto de la liberación de miembros de la Fuerza Pública, respecto de los cuales existen serios indicios de ser responsables de la ejecución extrajudicial de civiles, en lo que el país conoce como “falsos positivos”, indicó que: “Los militares implicados cuentan con la solidaridad institucional y también con una batería de abogados que se agrupa en un colectivo que se denomina Demil (defensores de militares), incentivado por círculos oficialistas. Sus integrantes se turnan para ir a las decenas de diligencias que hay que atender y para combinar tácticas, entre ellas, las que dilatan y enredan los procesos”. 2

  • En torno a los orígenes y articulación de DEMIL con los Manuales de Derecho Operacional, indicó Jean Carlo Mejía Azuero, en su calidad de Decano de la Universidad Militar Nueva Granada que: “Este tipo de derecho, viene haciendo una evolución bastante grande, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y en las naciones aliadas. Colombia, y esto es un hecho notorio, es actualmente el principal aliado de USA en la región; de hecho, varios grupos de militares colombianos han obtenido cursos, seminarios y diplomados sobre derecho operacional, principalmente con la participación del Comando Sur del Ejército americano y a través de la escuela internacional de Derechos Humanos, DIH y justicia penal militar, adscrita a la dirección ejecutiva de la justicia castrense. Esta idea del derecho operacional en Colombia, ha mostrado desarrollos puntuales en la entronización de la figura del asesor jurídico operacional, el desarrollo de reglas de encuentro para el conflicto armado no internacional, la creación de la defensoría militar (DEMIL), incluso contando con un departamento de guerra jurídica”. 3


  • En relación con la Defensoría Militar Integral (DEMIL), los actores populares advirtieron al Consejo Superior de la Judicatura y a la Opinión Pública presuntas irregularidades, uno de ellas, el Inspector General del Ejército es a su vez miembro de la junta directiva de DEMIL “Oportuno es advertir que en el presente caso, la casi totalidad de los miembros del Ejército Nacional que están siendo objeto de juzgamiento, cuentan con la defensa de integrantes de la Defensoría Militar Integral – DEMIL. A pesar de ser una entidad de carácter privado, la Junta Directiva de la misma la conforman:

  • Jefe del Estado Mayor Conjunto y Segundo Comandante del Ejército, quien se desempeña como Presidente. 4

  • Inspector General del Ejército, quien se desempeña como Vocal. 5

  • Jefe de Desarrollo Humano del Ejército, quien se desempeña como Segundo Vocal.6

  • Jefe del Departamento de Personal del Ejército, quien se desempeña como Tercer Vocal. 7

  • Director de Bienestar y Disciplina del Ejército, quien actúa como Tesorero. 8



Inquietudes y preocupaciones:

Dada la gravedad del ambiente de impunidad que se cierne en relación con estos graves hechos que atentan contra la vida e integridad personal de miles de ciudadanos en Colombia y en particular lo ocurrido en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, es oportuno que las autoridades públicas informen, según el marco de sus competencias:

  • ¿Es admisible, en el marco de un Estado de Derecho, que el Inspector del Ejército, que tiene a su vez funciones de investigación, pueda ser directivo de los abogados que llevan la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, comprometidos en graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario?.

  • ¿Por qué razón, organizaciones privadas, como la Defensoría Militar Integral – DEMIL, tienen sus oficinas en dependencias públicas como la Escuela de Ingenieros en la ciudad de Bogotá?. ¿Es lícito que organizaciones privadas puedan usufructuar en tal manera los bienes públicos?

  • ¿Es admisible que mandos de la Fuerza Pública, que tienen a su cargo funciones administrativas, operativas.

Algunas Propuestas para superar los factores de impunidad mencionados(I) :

- La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos respalda el clamor de los familiares de estos crímenes atroces para que los responsables sean juzgados y sancionados en un juicio justo y sin dilaciones. Exige al Presidente de la República abstenerse continuar negando la realidad de las ejecuciones extrajudiciales y otras graves vulneraciones de los derechos humanos que han sido suficientemente constatadas y referenciadas tanto por los Relatores de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de verificación de los derechos humanos como por los propios órganos de la justicia interna, y en consecuencia abstenerse de propiciar medidas que conduzcan a la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas al amparo de la política de Seguridad Democrática.

- Exigimos del Ministerio de Defensa Directivas concretas dirigidas al cuerpo de abogados encargados de la Defensoría técnica de los uniformados para que desistan de formular estas estrategias dilatorias y obstruccionistas, y al Propio Ministro, en el sentido de abstenerse de seguir infundiendo en los mandos una visión de sí mismos como sujetos no justiciables que pueden ponerse al margen de las instancias judiciales y por encima de las regulaciones y constricciones a que están sometidos tanto los ciudadanos como las autoridades en un Estado de Derecho. Igualmente

- Solicitamos al Consejo de la Judicatura dejar de cohonestar con las maniobras maliciosas y estrategias dilatorias y cumplir sus obligaciones para conjurar estas prácticas propiciadoras de la impunidad, a la vez que se abstenga de favorecer ella misma los vencimientos de términos dilatando los plazos para las decisiones sobre los recursos o la notificación de las mismas. Pedimos también que el Consejo Superior de la Judicatura asigne un número mayor de funcionarios judiciales a los centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que se encuentran en la impunidad, la mayoría de los cuales están en investigaciones preliminares. Como se ha presentado en otras oportunidades, es necesario también que en algunos casos de especial relevancia como el caso de los jóvenes de Soacha, el Consejo Superior de la Judicatura permita la dedicación exclusiva de los jueces y fiscales para adelantar el proceso con prontitud y eficacia.

- Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que asuma las funciones que la Constitución y la ley le ordenen para que su intervención en los procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos en las cuales están involucrados miembros del estamento militar se garantice la efectividad de los derechos y las garantías fundamentales, ejerza su papel con independencia del poder ejecutivo y las orientaciones del estamento castrense, y no olvide que su papel debe estar de lado de la defensa de los intereses colectivos y de la sociedad, y en especial velar porque se garanticen de manera efectiva los derechos de las víctimas y sus familiares, en especial cuando por situaciones de vulnerabilidad social y situaciones de amenazas generalizadas puedan producirse decisiones dentro del proceso penal que agraven estas circunstancias o las pongan en riesgo.

- Solicitamos al Consejo de Estado abstenerse de proferir providencias que tengan como efecto limitar las facultades de la justicia ordinaria para conocer de las indagaciones penales por ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en los cuales estén implicados militares activos. El reconocimiento unánime en la jurisprudencia nacional e internacional de que la jurisdicción castrense no garantiza el principio de la independencia judicial debe ser tenido en cuenta a la hora de proferir decisiones que tengan como efecto que sea la jurisdicción militar quien adelante las diligencias preliminares en casos de presuntos homicidios perpetrados por miembros de la fuerza pública, cuando la comunidad internacional espera que el Estado Colombiano tome medidas efectivas para conjurar estos crímenes atroces que se han masificado y perpetrado de manera sistemáticas en los últimos años.

- Es imprescindible además que la sociedad colombiana con acompañamiento de la comunidad internacional emprenda un debate democrático para debatir el funcionamiento del sistema penal acusatorio y la estructura del sistema judicial, para evaluar los factores que estén impidiendo que en el tema de las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos en las cuales están involucrados miembros de las fuerzas armadas no están permitiendo alcanzar decisiones de verdad y justicia y resultados que permitan superar la impunidad de los crímenes actuales y del pasado reciente. Urge restablecer los equilibrios institucionales que se han deteriorado en los últimos años, y volver a restablecer la Procuraduría General de la Nación como un órgano que represente verdaderamente los intereses de la sociedad y la efectividad de los derechos vulnerados de los ciudadanos. También se requiere que el Ejecutivo deje de interferir en las decisiones de la justicia, en especial las acciones de obstrucción y manipulación que se han venido desarrollando a través del cuestionado papel asumido por el Consejo Superior de la Judicatura, y sobre todo a través de su Sala Disciplinaria.

- La sociedad colombiana y la comunidad internacional han demandado del Estado colombiano acciones eficaces para poner fin a las prácticas sistemáticas de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y demanda que estos crímenes sean aclarados, investigados y sancionados de manera pronta y completa, lo cual sólo podrá lograrse devolviendo a la justicia la independencia y autonomía que se requiere para que estos crímenes no queden en la impunidad, caso en el cual tendrían que ser las instancias pertinentes de la comunidad internacional, tales como las instancias internacionales de derechos humanos o la Corte Penal Internacional quienes tendrían que asumir su competencia en aras de las garantías negadas a las víctimas para acceder a garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos crímenes atroces.



2- El Espectador, Calmando Conciencia, disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/cecilia-orozco-tascon/columna181681-calmando-conciencia Descargado el: 19 de enero de 2010



3- MEJIA AZUERO Jean Carlo, Armas de precisión y el respeto al derecho operacional en Colombia. Tiradores escogidos. Garantía de cumplimiento del derecho internacional de los conflictos armados, 14 de febrero de 2008, disponible en: http://www.umng.edu.co/docs/revderecho/rev1de2008/ArmasPrecision.pdf Descargado el 19 de enero de 2010.



4- Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Presidente de DEMIL es el GENERAL CARLOS OMARIO LEMUS PEDRAZA, quien en la actualidad se desempeña como Agregado Militar de la Embajada de Colombia en Chile.



5- Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Vocal, es el MAYOR GENERAL LUIS ALBERTO ARDILA SILVA, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Segundo Comandante del Ejército Nacional.



6- Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Segundo Vocal el MAYOR GENERAL CARLOS ORLANDO QUIROGA FERREIRA, Inspector General del Ejército.



7- Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Tercer Vocal el CORONEL ENRIQUE TORRES ARIZA, quien se desempeñó como Comandante de la VI Brigada del Ejército Nacional y en la actualidad adelanta curso de ascenso para Brigadier General.



8- Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como tesorero es el CORONEL OSCAR ORLANDO LOPEZ BARRETO, quien registra como último cargo el de Jefe de Acción Integral del Ejército.



(I) La Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales es un espacio de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

P.-S.

La pobreza: un crimen que se paga con muerte Falsos Positivos en SOACHA

A través de este documental, divido en dos partes, Felipe Zuleta Lleras periodista colombiano demuestra cómo, a pesar de las evidencias, mas de 1.000 asesinatos de jóvenes inocentes cometidos por parte del Estado quedan impunes frente a la mirada de una sociedad a la cual ya nada le aterra

PARTE 1
http://www.youtube.com/watch?v=LOOf...

PARTE 2
http://www.youtube.com/watch?v=Ym_n...

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