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INFORME EJECUTIVO MINGA INTERETNICA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

OREWA, DIOCESIS DE QUIBDO Y OTROS

Viernes 6 de mayo de 2005

Los testimonios, las denuncias y comentarios de las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio de Bojayá, a quienes la Minga Interétnica de Afrodescendientes e Indígenas por la Defensa del Territorio visitó para conocer de cerca su realidad.

1. Que el Estado colombiano ha continuado profundizando la condición de marginación, olvido y empobrecimiento de los habitantes de la región. La falta de cumplimiento en derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, y la generalizada emergencia alimentaria, afectan e impiden el adecuado desarrollo de todas las personas. Muy especialmente las poblaciones que se encuentran en situación de desplazamiento y/o en situación de resistencia en los territorios, se ven afectadas por la desatención del gobierno. Es generalizado el incumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos con las comunidades por diferentes instituciones municipales, departamentales y nacionales.

2. Que hay presencia de miembros de la FARC-EP en el área comprendida entre los ríos Buchadó, Napipí, Bojayá y Opogadó municipio de Bojayá (Chocó) y el río Murindó en el municipio de Murindó (Antioquia). Su accionar conlleva infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra la población indígena y afrodescendiente asentadas ancestralmente en estos territorios, lesionando su autonomía y su cultura, y sus procesos organizativos generados hace más de treinta años.

3. Que hay situación de connivencia y tolerancia de la fuerza pública con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Colombia. De igual forma se constatan las actitudes de omisión frente al accionar de este grupo, que han sido ampliamente denunciadas en los comunicados emitidos por las organizaciones sociales de la región, por diversos informes oficiales de organismos de control del Estado y por organismos internacionales. Es evidente por parte de la fuerza pública la flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario en tanto no se respetan los principios de distinción, limitación y proporcionalidad.

4. Que se han presentado atropellos cometidos por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Colombia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región. En el proyecto de alternatividad social “PASO” del Bloque Elmer Cárdenas, se plantea que además de pretender el control territorial y militar, se busca la explotación de recursos naturales de la zona y la implementación de megaproyectos. Este grupo armado ha amenazado con impedir el retorno de las comunidades desplazadas de los ríos Napipí y Bojayá.

5. Que infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario todos los actores armados han entrado y ocupado lugares comunitarios, señalando y presionando a la población civil para que participe en el conflicto armado y actué como informante; además restringen la libre movilización en el territorio, el desempeño de actividades cotidianas e imponen bloqueos económicos una de cuyas más graves consecuencias es la emergencia alimentaria. Dado que la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan este territorio ha venido empeorando en la medida en que se ha agudizado el conflicto armado de manera sostenida y sistemática, se hace urgente trazar acciones que garanticen que no se repitan los sucesos acaecidos en la zona del Bajo Atrato, en la que numerosas comunidades han tenido que abandonar forzadamente sus lugares ancestrales de vida luego de soportar sucesivas violaciones de sus derechos que han contado con la participación de autoridades civiles y militares. Por eso

PROPONEMOS:

1). Exigir al Estado colombiano resultados concretos en el desmonte de la estructura económica, política y militar del Bloque Elmer Cárdenas, dado que este grupo realiza una gran avanzada en todo el cauce medio y bajo del río Atrato, impulsando la destrucción del territorio y los recursos naturales, amenazando y desplazando a las comunidades y desarticulando los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas.

2). Que el Estado colombiano informe de las acciones realizadas como respuesta a las recomendaciones de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUR e incluso organismos del propio Estado como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

3). Hacer seguimiento urgente de esta situación y de la respuesta del Estado colombiano a la misma, por parte de los organismos internacionales, las embajadas de los países integrantes de los acuerdos de Londres y Cartagena (G-24) así como de las agencias de cooperación internacional. Igualmente solicitamos que el Sistema de Naciones Unidas convoque al G-24 para presentar la situación de Bojayá.

4). Que la fuerza pública, en desarrollo de sus funciones, garantice las condiciones de seguridad para el retorno y el normal desarrollo de los proyectos de vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la región, que actúe con transparencia y responsabilidad y termine su reconocida connivencia y tolerancia con los paramilitares.

5). Que el Ministerio del Medio Ambiente, Codechocó, Corpourabá y la Procuraduría delegada para el Medio Ambiente tomen las medidas necesarias para suspender temporalmente el corte y la comercialización de madera en la zona hasta tanto no se normalice la situación de orden público y se garantice el respeto absoluto a los reglamentos internos sobre el uso y utilización de los recursos naturales en los territorios de las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes.

6). Solicitar un acompañamiento permanente de parte de organizaciones nacionales e internacionales que les posibiliten a las comunidades afrodescendientes e indígenas mantener su propuesta de resistencia y protección del territorio y los recursos naturales.

7). Que la Red de Solidaridad Social asuma y agilice con urgencia las condiciones para un pronto retorno teniendo en cuenta los principios rectores de voluntariedad, dignidad y seguridad, para las comunidades desplazadas de los ríos Bojayá y Napipí, exigiendo que no haya presencia allí de ningún actor armado legal o ilegal.

8). Que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hagan seguimiento y monitoreo al plan de restablecimiento de las comunidades indígenas retornadas en los ríos Opogadó, Napipí y Cuía.

9). Realizar acciones humanitarias de emergencia para las comunidades indígenas que resisten en el territorio y que por el bloqueo económico carecen de alimentos, medicamentos y atención en salud.

10). Propiciar una brigada de salud y/o presencia médica para atender la situación de salud que afecta a los habitantes de estas comunidades; además brindar formación a promotores comunitarios de salud.

11). Convocar de manera urgente a las organizaciones sociales del Chocó y Antioquia a una movilización, de manera inicial a la ciudad de Medellín y/o Buenaventura, en reclamo del respeto del territorio, la vida de los pobladores tradicionales, y la solidaridad con los muchos procesos de resistencia en todo el Pacífico.

12). Que el PMA y a la Red de Solidaridad modifiquen el paquete alimenticio con el que se atiende a las comunidades, para que en éste sean incluidos productos propios de la región, ayudando a que en la medida de lo posible, las condiciones de las comunidades sean lo menos traumáticas y se estimule además la reactivación de la producción y el mercado local con la compra de los productos a los propios campesinos.

13). Que la Red de Solidaridad Social en las diferentes ayudas de emergencia garantice que los alimentos entregados sean de buena calidad y las semillas sean propias de la región, ya que las comunidades atraviesan por una grave crisis alimentaria.

14). Llevar a cabo de manera coordinada con las organizaciones locales, nacionales e internacionales entradas periódicas (al menos una vez al mes) a las comunidades de los ríos visitados, con el fin de acompañar a la población para recuperar algunos de sus productos agrícolas y verificar el estado de sus viviendas, escuelas y demás pertenencias.

15). Visibilizar la problemática padecida por el resto de comunidades del medio Atrato, desarrollando también una verificación a estos ríos.

16). Que la Fuerza Pública se abstenga de hacer declaraciones estigmatizantes contra las comunidades indígenas del municipio de Bojayá sindicándolas de pertenecer en su totalidad a la insurgencia.

17). Que la Procuraduría General de la Nación en desarrollo de la directiva 008 del 21 de abril de 2005, abra las investigaciones respectivas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes e indígenas, en las que están involucradas la fuerza pública y/o autoridades civiles que en este foro y en otros espacios se han denunciado.

18). Que la Defensoría del Pueblo cumpla el compromiso de abordar de manera específica la crisis social y humanitaria en la región, la implementación del proyecto agroindustrial de la palma aceitera y la explotación maderera que ponen en peligro el territorio tradicional y la vida misma de los grupos étnicos, en la Audiencia Nacional Defensorial que se realizará a mediados de mayo de 2005.

19). La Minga Interétnica acoge y respalda la “Segunda Carta Abierta al Presidente de la República”, suscrita por las diócesis de Istmina, Quibdó y Apartadó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó; y exige una consideración y respuesta pronta y pública a la misma por parte del gobierno nacional.

FIRMAN

ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL CHOCO - OREWA- DIOCESIS DE QUIBDO- CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO - COCOMACIA- DEFENSORIA DEL PUEBLO- RED EUROPEA DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA - CORPORACION JURIDICA LIBERTAD - - SERVICIO CIVIL POR LA PAZ DE ALEMANIA- CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO - CODHES- CONVENIO DIÓCESIS DE QUIBDO - UNICEF- PROGRAMA DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA - PIUPC UNIVERSIDAD NACIONA- BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA DEL CINEP.- ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES - FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO.- ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC- ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA - ACA- RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES CHOCOANAS- FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ- COMISION DE VIDA, JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA OCCIDENTAL DE LOS MISIONEROS CLARETIANOS.- CABILDO MAYOR INDÍGENA DE BOJAYA - CAMAIBO- CABILDO MAYOR DRUA-WUANDRA- ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL RIO UVA Y POGUE - ACIRUP

OBSERVADORES

OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.-

OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN COLOMBIA - ACNUR.-

CISP-

MOVIMIENTO DE RECONCILIACIÓN DE LOS EEUU (FOR - USA)

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